El PNV se rinde y Vizcaya no tendrá otro Guggenheim: 20 años de un polémico sueño

El patronato que rige el Museo Guggenheim de Bilbao ha decretado que el gran referente cultural de Euskadi no tendrá hermano pequeño. El proyecto de construir una subsede del Museo en Gernika y Murueta, dos municipios de Vizcaya, no verá la luz tras casi 20 años de idas y venidas. La iniciativa, aunque con altibajos, ha sido una de las grandes apuestas culturales del PNV a lo largo de todo este tiempo, como demuestra el hecho de que fue uno de los principales caballos de batalla que los jeltzales emplearon para desgastar al lehendakari Patxi López, el único presidente no nacionalista que ha tenido Euskadi, a lo largo de los tres años, de 2009 a 2012, que estuvo al frente de la Lehendakaritza.

El patronato, formado por la Fundación Solomon R. Guggenheim, el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya -las dos instituciones están gobernadas por una coalición entre el PNV y el PSE, pero lideradas por los nacionalistas-, ha tomado la decisión definitiva este martes. El argumento es que hay muchos factores en contra, entre ellos, los trámites administrativos y urbanísticos que habría que superar, las incertidumbres jurídicas, además de la amplia contestación social que levanta el proyecto. La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de anunciar la decisión, que han calificado de "difícil", pero "responsable".

"El camino para hacerlo realidad sería muy largo, complejo y sin todas las garantías que requiere un proyecto de esta envergadura", ha reconocido Etxanobe, que ha remarcado que dejar a un lado la iniciativa "es la mejor decisión, la más responsable". Las instituciones calculan que hasta dentro de 10 años no se resolverían los frentes judiciales que arrastra la subsede del Guggenheim, periodo de tiempo que se sumaría a los ya 17 años que se han cumplido desde que empezó a pergeñarse la ampliación.

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Tanto la dirección del centro, capitaneada desde el pasado mes de abril por Arzalluz, hija del histórico dirigente del PNV Xabier Arzalluz, y la Fundación de Nueva York ya habían expuesto ciertos reparos sobre el proyecto a los otros dos socios del patronato, en concreto les habían trasladado su preocupación por la alta contestación social y medioambiental que ha provocado en la comarca en la que se debía levantar la subsede, dividida entre Gernika y Murueta. El proyecto, con una inversión de 127 millones de euros, pasaba por la construcción de dos edificios, uno en cada municipio, e implicó un cambio de la Ley de Costas, auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica y denunciado ante la Audiencia Nacional por la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop.

No obstante, las propias instituciones vascas ya eran conscientes de que el proyecto había entrado en barrena. Quizás la señal más evidente la puso sobre la mesa Iñigo Urkullu. En enero de 2024, el exlehendakari anunció que las instituciones vascas se daban dos años de reflexión para estudiar la "viabilidad" de la iniciativa. La decisión abrió una crisis en el PNV. La apuesta del partido en Vizcaya era firme: el Guggenheim de Urdaibai debía construirse. Fue una de las promesas electorales del partido en los últimos comicios municipales, pero el otro gran socio de aventura, el Ejecutivo autonómico, no lo tenía nada claro. Paradójicamente, uno de los miembros destacados de aquella Diputación era Imanol Pradales, el actual lehendakari, y presidente ahora del patronato que ha decidido poner punto y final al proyecto.

Un polémico sueño

Las entidades contrarias al proyecto alegan diversos motivos, pero el fundamental es el impacto que tendría la llegada de 140.000 visitantes —la cifra que manejaban las instituciones vascas— en la reserva de la biosfera de Urdaibai, donde se encuentran las dos localidades y la única que existe en Euskadi. Por el contrario, los defensores siempre han justificado su idoneidad como revulsivo económico para una comarca en depresión. Las cifras que han manejado apuntaban a la creación de 700 puestos de trabajo y un retorno económico al año de 39 millones de euros.

La oposición política al proyecto ha estado liderada por EH Bildu y Podemos, mientras que el PNV encontró en el Ministerio de Transición Ecológica a un aliado imprescindible y, en cierta medida, inesperado. La exministra Teresa Ribera se convenció de las bondades del proyecto tras una visita a los terrenos en los que se iba a levantar el nuevo Museo, según desveló Aitor Esteban. Los jeltzales impusieron como condición para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 una aportación de 40 millones ligados al proyecto del Guggenheim de Urdaibai. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el Congreso ya disuelto y a 20 días de las elecciones del 23-J, cumplió con su palabra y liberó la partida.

El papel de Transición Ecológica fue contestado por los vecinos y las entidades conservacionistas, que no entendían cómo el Ministerio se había embarcado en una aventura que, según sus cálculos, iba a suponer un perjuicio al entorno. De hecho, la decisión del Ministerio de modificar la Ley de Costas para reducir la servidumbre de protección de unos de los terrenos y permitir así la construcción de la sede de Murueta, supuso la interposición de una denuncian ante la Audiencia Nacional. Fue algo así como poner al lobo a vigilar al rebaño, según los contrarios.

Si el proyecto finalmente se hubiese materializado, Vizcaya hubiese tenido tantos guggenheims como actualmente hay en el resto del mundo: Nueva York y Venecia.