Bilbao solicita la declaración de zona tensionada: así puede afectar al precio de la vivienda

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La presión sobre el mercado del alquiler ha ido en aumento durante los últimos meses por varios motivos clave, entre ellos el fenómeno de los pisos turísticos y el hecho de que en muchas ciudades la oferta no logra seguir el ritmo de la demanda. Como ya os contamos la semana pasada, el precio medio del alquiler en Bilbao ha superado por primera vez los 900 euros mensuales, alcanzando los 933 euros en el tercer trimestre de 2024, según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda. Esta cifra representa un incremento del 30% en nueve años y un 7% respecto al año anterior, en un contexto marcado por la escasez de viviendas y la saturación del registro autonómico Etxebide.

Ahora, el Ayuntamiento de Bilbao ha solicitado formalmente la declaración de zona tensionada para todo el municipio. La decisión llega tras la elaboración de un diagnóstico que concluye que la carga del coste de hipoteca o alquiler, sumada a los suministros básicos, supera el 30% de la renta media de los hogares. Se trata de uno de los dos requisitos que establece la Ley de Vivienda para que una zona pueda ser calificada como tensionada.

Tras esta solicitud, el Gobierno Vasco deberá determinar si declara a Bilbao como zona tensionada, ya que la Ley de Vivienda otorga competencias autonómicas para ello. Es importante subrayar que el Gobierno Vasco ha declarado como zona tensionada a Barakaldo esta misma semana, después de que su Ayuntamiento presentase también su solicitud el pasado mes de noviembre. De esta manera, Bilbao podría seguir sus pasos y ser el segundo municipio de Vizcaya en ser zona tensionada. En Guipúzcoa, ya son zona tensionada Errenteria, Zumaia y Lasarte-Oria.

Contención de precios y nuevas restricciones

De aprobarse la declaración, Bilbao podrá activar medidas legales para intervenir en el mercado del alquiler, igual como ya puede hacerlo Barakaldo. Entre ellas, destaca la posibilidad de limitar el precio de los nuevos contratos a lo establecido en el contrato anterior o a un índice de referencia si el arrendador es un gran tenedor. También se aplicarán límites a las subidas de precio en renovaciones, y los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de un año si la situación lo justifica.

Además, el expediente presentado por el Ayuntamiento incluye un plan de acción trianual (2025-2028) con 40 medidas organizadas en cinco ejes estratégicos. Estas actuaciones están orientadas a ampliar el parque de vivienda pública, movilizar vivienda vacía, regular precios y contratos, proteger a colectivos vulnerables y reforzar la coordinación institucional entre administraciones y entidades como Alokabide y Etxebide.

El proceso no es inmediato y tiene sus plazos, como ya hemos visto en el caso de Barakaldo. Primero, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco deberá publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la incoación del procedimiento. A partir de ahí, se abrirá un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones, que serán evaluadas antes de la aprobación definitiva. Una vez superada esta fase, la resolución se trasladará al Ministerio de Vivienda, que deberá publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las implicaciones afectan tanto a propietarios como a arrendatarios, con especial atención a los grandes tenedores, que podrían ver restringida su capacidad para fijar precios libremente. También se estudia un protocolo para limitar los usos turísticos de la vivienda en determinadas zonas.