Así estafó un directivo de Vitoria 4 millones de euros a la empresa más anodina de Euskadi

Fue la estafa perfecta durante ocho años. Cuando en mayo de 1997 los directivos de RPK permitieron a Pablo —nombre ficticio para preservar la identidad— ingresar en la cooperativa vitoriana no imaginaron que un agujero de cuatro millones de euros y un largo paso por los tribunales sería el desenlace entre ambas partes. Desde 2008 hasta finales de 2016, Pablo emitió "90 cheques y 61 pagarés que cobró en cuentas bancarias de su titularidad". En total, quien llegara a ser directivo de la cooperativa, dedicada a la fabricación de muelles, desvió 3,9 millones de euros con los que se compró seis viviendas en Vitoria, una en San Sebastián y otra en Cambrils.

A finales del pasado mes de enero, tras un proceso judicial entre ambas partes de ocho años, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que condena al empresario a seis años de prisión por un "delito continuado de apropiación indebida". Ahora, la entrada del directivo en la cárcel de Zaballa es inminente.

Desde su ingreso en la cooperativa, Pablo fue el director financiero. Y solo tres años después, se convirtió también en socio de pleno derecho. A partir de entonces escaló a puestos de más responsabilidad. En mayo de 2006 fue elegido vicepresidente del Consejo Rector de la organización y desde 2008 hasta 2012, presidente. También tuvo altos cargos en las filiales internacionales de RPK —en China, México y la India—. 2008 fue el punto de inflexión en la carrera del directivo en la cooperativa. Ese año desvió los primeros 21.500 euros a su cuenta particular. Así empezaron más de ocho años de ascensos y transferencias.

Entre 2008 y 2012, período en el que Pablo fue el máximo responsable de la cooperativa, pasó unos 206.000 euros en 13 movimientos distintos. Era el comienzo de una estafa millonaria. En 2012, se convirtió nuevamente en vicepresidente, un sillón que ocupó hasta 2016. Pablo probó entonces un nuevo método que compaginó con las transferencias: emitir pagarés que él mismo cobraba. El 5 de julio de 2012 emitió los dos primeros por un valor de 12.360 euros cada uno. Además, ese año compró el primer inmueble de una lista que incluye hasta ocho propiedades: un local en el número 35 de la calle Fueros de Vitoria, una de las principales arterias comerciales de la capital alavesa, ubicada en el centro y repleta de comercios y restaurantes. Un año después, Pablo y su mujer adquirieron una vivienda en Vitoria y en 2014, otra en La Concha de San Sebastián, la zona premium de la ciudad, según concreta El Correo. También registraron la compra de otro inmueble ese mismo año en la capital vasca.

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El modus operandi fue el mismo durante los ocho años: actuar con normalidad y utilizar las operaciones del día a día. "Aprovechaba la operativa ordinaria del negocio para emitir esos efectos sin que pudieran ser apreciadas estas salidas de dinero (...) Era él quien llevaba el control último y la contabilidad de la misma, y era a quien preguntaban sus subordinados cuando surgían dudas sobre contabilizar los movimientos", recoge la sentencia.

En su período como número dos fue cuando desvió la cuantía mayor: en un solo día, el 30 de junio de 2014, se transfirió 104.992 euros. Ese verano fue redondo para el directivo. En los primeros días de julio se abonó cuatro transferencias más de unos 12.000 euros cada una y antes de que acabara el mes, se pasó otros 51.000 euros.

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Los meses pasaron y la cuenta de Pablo, y de su mujer, creció como la espuma. También el patrimonio de la pareja. En 2016 abandonó su puesto como vicepresidente y adquirió tres viviendas más en Vitoria. Aunque dejó los cargos de máxima responsabilidad del Consejo Rector, continuó como director financiero y mantuvo su puesto como vocal hasta el día 30 de octubre de 2017, cuando se produjo su salida de la cooperativa. Las tres últimas transferencias recogidas en la sentencia se produjeron el 30 de diciembre de 2016 y suman unos 200.000 euros, mientras que los dos últimos pagarés son del día 1 de diciembre por un valor conjunto de 60.000 euros. La última propiedad adquirida por la pareja fue en abril de 2017 en Cambrils.

Pero en 2017 todo se torció. El agujero ya era imposible de tapar y en abril la compañía comenzó un proceso de investigación interna, según detalla la sentencia. En ese momento, el directivo cometió dos errores que acabaron por confirmar el fraude: devolvió parte de los cobros y mandó destruir documentación de la organización. Son dos de los actos en los que se incide también desde el órgano judicial. Además, en una reunión en el hotel Boulevard el día 9 de junio de 2017, el propio directivo reconoció por escrito el fraude. "Desde el año 2008 hasta la actualidad, junio de 2017, he desviado de forma ilegítima e injustificada dinero propiedad de RPK y de sus sociedades participadas".

En ese momento comenzó un litigio judicial entre ambas partes que se ha extendido 8 años. El principal argumento de la defensa del directivo ha sido que cobró estas cuantías en concepto de horas extraordinarias. Sin embargo, los tres tribunales que han participado en el proceso declinan esta posibilidad. "En suma, el Tribunal Superior de Justicia (y previamente la Audiencia Provincial), no han tenido duda alguna de que las apropiaciones llevadas a cabo por el Sr. Pablo, no tenían nada que ver con el abono de supuestas horas extraordinarias", zanjan. Ahora, el Supremo ha ratificado la condena al empresario por "un delito continuado de apropiación indebida" a seis años de prisión. Comienza la cuenta atrás para su entrada en la cárcel alavesa de Zaballa.