¿Qué está pasando en las cárceles vascas? Un tercio de los funcionarios ha pedido el traslado

El Gobierno vasco tiene un gran problema en las cárceles. Los sindicatos de funcionarios de prisiones denuncian que desde que se transfirió la competencia al Ejecutivo autonómico, el servicio se ha precarizado. Denuncian salarios bajos, la obligación de trabajar en días libres y una plantilla que se nutre de una bolsa "demasiado joven y sin experiencia". Y los problemas se prevé que vayan en aumento. Este viernes expiró el plazo del concurso de traslados del Ministerio del Interior por el que los empleados pueden solicitar el cambio a otras prisiones del país. Según los primeros datos oficiales, el 30% de los trabajadores —197 de un total 571— quiere irse de las cárceles vascas por la sobrecarga. El Gobierno regional intenta sofocar la revuelta negociando con los sindicatos mejoras salariales.

El descontento entre los funcionarios tiene un origen claro. En octubre de 2021 se firmó la transferencia de las competencias en materia de prisiones, que hasta ese momento ostentaba el Gobierno central. A partir de entonces fue el Ejecutivo vasco quien asumió la gestión de las cárceles —pero no la política penitenciaria, que continúa en manos de la Administración central— en aras de cumplir con una reivindicación histórica del PNV, recogida en el Estatuto de Guernica. "El problema es que quieren crear un modelo propio de prisiones, pero no tienen ni idea. Antes de la transferencia estábamos muchísimo mejor", reprocha Aida Gil, representante de Comisiones Obreras.

Principalmente, las quejas de los empleados se centran en la escasa plantilla que trabaja en las tres prisiones vascas, una por provincia. Los sindicatos ponen en el punto de mira la negativa del Ejecutivo a convocar oposiciones. En todo este tiempo, las jubilaciones y la falta de nuevos empleados públicos han propiciado que el Gobierno vasco tenga que acudir a la bolsa de empleo para ocupar los puestos. Los sindicatos critican que en muchas ocasiones son personas "muy jóvenes, sin conocimientos en la materia y que no han pasado por una oposición". Además, desde Comisiones Obreras inciden en que "las personas veteranas, que son una mayoría, se plantean marcharse por las condiciones". "Quienes se jubilan aquí, no tienen un relevo", remarcan en la central. En UGT coinciden: "Se mantiene la actividad gracias al esfuerzo y a las horas extras que realizan los funcionarios, ya que la falta de personal es acuciante".

Otro aspecto en el que Gil pone el foco es la falta de subidas salariales. La funcionaria explica que para redactar la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) —el documento en el que se concreta el sueldo de los empleados públicos— el Gobierno no pactó con los sindicatos y "únicamente subió el sueldo a los altos cargos". Además, fuentes de UGT sostienen que "la nueva RPT no cubre las necesidades mínimas de las instituciones penitenciarias vascas".

Desde Comisiones Obreras también denuncian que los funcionarios, en muchas ocasiones, se ven obligados a trabajar en sus días libres y a hacer un elevado número de horas extra. "Tenemos compañeros que incluso acumulan 200 horas de más", lamenta Gil. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos exponen que son los propios funcionarios los que quieren trabajar en sus días libres para acumular jornadas de vacaciones. "No es algo necesario para garantizar los servicios ordinarios", defienden.

Este tira y afloja entre los funcionarios y el Gobierno vasco se ha traducido en episodios de estrés crónico y agotamiento en los empleados, según los sindicatos. El pasado mes de diciembre advirtieron de que unos 80 funcionarios de un total de 300 estaban de baja por incapacidad temporal en la cárcel alavesa de Zaballa. La falta de personal propició el cierre de varios servicios y la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y abogados.

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EFE

Este mes de enero el número de personas que tiene una baja médica en Zaballa ha descendido ligeramente hasta los 60 trabajadores, aun así los sindicatos apuntan a que la falta de recursos todavía es palpable. Además, los problemas de los trabajadores se ven agudizados ante el aumento de la población reclusa. A finales del pasado mes de diciembre se contabilizaron un total de 1.701 presos, entre los centros de Zaballa (894), Martutene (368) y Basauri (439). Antes de que el Gobierno vasco asumiera las competencias, la cifra de presos rondaba los 1.300. "Nos enfrentamos a una masificación en las cárceles, una falta de personal y a una situación que puede generar graves conflictos en el interior de los centros, problemas que el Gobierno vasco deja absolutamente de lado", señalan los responsables de UGT.

Todas estas denuncias han empujado al 30% de la plantilla, 197 personas, a querer irse, resumen los sindicatos. En el Gobierno vasco, sin embargo, defienden que los motivos son otros, y apuntan a que muchos trabajadores proceden de otras autonomías y ahora simplemente quieren volver a casa. Será a partir de marzo cuando se resuelva el concurso de traslados y se pueda calibrar la magnitud de la fuga en las cárceles vascas.