El Gobierno cuela la reforma que exige Bildu para acortar las penas de prisión a 41 etarras
El Congreso ha aprobado de tapadillo el cambio legal que beneficiará a los presos que cumplieron años en Francia. Txapote y otros 10 quedarán de golpe en libertad
Gol de Bildu por la escuadra. El Congreso acaba de aprobar una trascendental reforma judicial que ha pasado desapercibida, pero que conlleva de golpe la rebaja de penas de cárcel para una cuarentena de presos de ETA, y que en algunos casos supondrá su liberación inmediata. Se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que esconde una de las reivindicaciones históricas de Bildu para sacar a la calle cuanto antes a los etarras que cumplieron condenas en Francia. La Cámara Baja la aprobó a ciegas por unanimidad en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrendo definitivo por el Senado, que lo debatirá y votará este martes a partir de las 10:00 horas.
Aunque el legislador no ha reparado en ello —si no, no se explica cómo PP, Vox y UPN votaron a favor junto al PSOE y sus aliados—, por esta reforma se verán beneficiados decenas de terroristas, entre ellos algunos de los pistoleros más sanguinarios de ETA, como Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP de Ermua. Txapote verá recortada de manera automática su pena de prisión en seis años, los que cumplió en Francia, de modo que si esta ley es definitivamente aprobada tras su paso por el Senado, podrá ver la luz en unos meses, aunque su fecha de cumplimiento provisional era 2031. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en total se perdonarán unos 400 años de cárcel a 41 terroristas.
El Gobierno remitió el pasado mes de marzo al Parlamento el proyecto de ley que alberga este cambio sustancial en beneficio del viejo mundo de ETA. Tanto sus abogados como Bildu llevaban desde 2015 demandando la derogación de un precepto de la norma —la disposición adicional única— para que se descontara a los presos de la banda el tiempo cumplido en cárceles francesas. Esta cláusula fue entonces incorporada a última hora por el PP de Rajoy en el Senado para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable. Tras otro lapsus inicial del legislador, y la consiguiente polémica, se articuló una trasposición severa de la decisión marco aprobada en 2008 por el Consejo de la UE, según la cual debía considerarse las condenas entre los países miembro. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó esa esperanza de los etarras por vía judicial en 2018 y le dio la razón a España en su blindaje frente a ETA.
Moncloa no atendió a priori la demanda de Bildu y remitió un texto inmaculado. Sin embargo, como es habitual, se tramitó una ley orgánica con efectos en el Código Penal por la vía de urgencia, es decir, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Según ha comprobado El Confidencial, fue durante su paso por la Comisión de Justicia cuando se introdujeron dos retoques fundamentales en su articulado que pasaron desapercibidos, pero que son los que permitirán que los presos puedan descontarse los años de cárcel cumplidos en las cárceles galas. Además de la citada derogación de la disposición adicional única, se modifica también el artículo 14.1 de la ley, con efecto directo en el cómputo de las penas. Esa modificación se introdujo durante el debate de la ponencia y quedó aprobado el 10 de septiembre por asentimiento en una breve sesión que apenas dedicó unos minutos a valorar el texto del informe que se elevaría al Pleno la semana siguiente. Recibió 34 votos a favor y 3 abstenciones, 3. Solo Vox se descolgó, aunque no fue por el contenido de lo abordado —de hecho, en el Pleno votó a favor—, sino por rechazo al Gobierno presidido por un "autócrata".
El texto definitivo llegó al Pleno del Congreso el pasado 18 de septiembre. Obtuvo 346 votos a favor, ninguno en contra. Nadie, en ningún momento de la tramitación, hizo mención alguna a la situación de los presos de ETA. Al contrario, el discurso de los portavoces que intervinieron en el debate fue sobre los efectos positivos de la cooperación judicial y la seguridad ciudadana, que aporta la sincronización de datos de antecedentes penales y condenas entre los países miembros de la UE. El portavoz del PP destacó, incluso, que el Gobierno llegaba dos años tarde ante una "simple trasposición" de una directiva, "relativamente sencilla", ajeno, al igual que la inmensa mayoría de diputados que votaron sin saber que esta reforma había suscitado una enorme polémica años antes.
Mientras tanto, Bildu disimulaba. Hubo incluso una enmienda de Podemos (la número 8) que proponía expresamente derogar la disposición adicional única (la famosa cláusula de Rajoy), pero que decayó con los votos en contra del PP, Vox y del PSOE... La apoyaron el PNV, que junto con Bildu se ha mostrado siempre a favor de evitar la "doble pena" a los presos que han cumplido antes en Francia, así como el resto de fuerzas independentistas y Sumar. De esta manera, los socialistas deberán retratarse si el Senado, con mayoría absoluta del PP, devuelve el texto.
La reforma de la ley 7/2014 es, junto al acercamiento a cárceles del País Vasco y de Navarra, la gran demanda de los presos de ETA en la última década. La razón capital por la que, según declaró el propio Arnaldo Otegi, apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez. "Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema", reivindicó en 2021 en un acto con militantes. En este momento quedan 160, la gran mayoría en cárceles vascas, donde han obtenido ya 82 terceros grados o regímenes de semilibertad del Gobierno vasco tras la cesión de la competencia de las cárceles, los dos últimos concedidos por el equipo de la nueva consejera de Justicia, socialista.
El Gobierno de Sánchez se comprometió en febrero de 2022 con las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo que no haría ninguna maniobra para beneficiar a los presos etarras a través de esta ley, después de que Alejandro Requeijo destapara en El Confidencial las conversaciones de Joseba Azkarraga (EA), exconsejero de Justicia con Ibarretxe y portavoz de Sare —la red de apoyo a los reclusos de ETA— en las que afirmaba ante miembros de la banda que el Ejecutivo estaba comprometido a revisar la ley 7/2014 para acortarles los años cumplidos en Francia. "Parece que está bastante encaminado".
"Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para ello hay que votar los Presupuestos, los votaremos"
A través de una carta enviada por la Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Ministerio del Interior, negó que estuvieran trabajando en un cambio legislativo que favoreciera a los presos de ETA. "No existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea", afirmaba el correo electrónico.
"Aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas, van a cumplir íntegramente las condenas todos estos presos", garantizó Sánchez el 1 de septiembre de 2022 tras el acercamiento a cárceles vascas de otra tanda de presos sanguinarios, incluido Txapote o Henri Parot.
Si la reforma de la ley 7/2014 queda finalmente aprobada, además de Txapote, que saldría el próximo año, se beneficiarán otros históricos de la banda como el ex jefe militar José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, que verá rebajada su condena 7 años y saldrá en libertad, así como Soledad Iparragirre, Anboto, a la que descontarán 15 años. El etarra que más tiempo ha pasado en Francia, y, por tanto, el más beneficiado, es Alberto López de Lacalle, que debía salir en 2036, pero que restará de golpe 23 años por el nuevo cómputo de las penas.
Gol de Bildu por la escuadra. El Congreso acaba de aprobar una trascendental reforma judicial que ha pasado desapercibida, pero que conlleva de golpe la rebaja de penas de cárcel para una cuarentena de presos de ETA, y que en algunos casos supondrá su liberación inmediata. Se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que esconde una de las reivindicaciones históricas de Bildu para sacar a la calle cuanto antes a los etarras que cumplieron condenas en Francia. La Cámara Baja la aprobó a ciegas por unanimidad en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrendo definitivo por el Senado, que lo debatirá y votará este martes a partir de las 10:00 horas.