La Fiscalía informa ahora a la JEC de que una etarra de las listas de Bildu sigue inhabilitada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se dirigirá ahora a la Junta Electoral para poner en su conocimiento que una de las etarras que Bildu incluyó en sus listas, Sara Majarenas, no tiene cumplida aún la inhabilitación a la que fue condenada. Según explica el Ministerio Público, que hizo revisión de las penas impuestas a los 44 candidatos vinculados con ETA, no ha sido hasta esta semana cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha informado de que faltaba por ejecutar esta inhabilitación. Tras efectuar el análisis, el Ministerio Público informó que había efectuado una "rigurosa" revisión de las hojas histórico-penales de las personas condenadas.

Según informan fuentes jurídicas, la providencia es de ayer, miércoles. En ella, la Sección acuerda fijar la fecha en la que termina esa inhabilitación y da traslado a la Fiscalía y a los abogados de la etarra para que presenten alegaciones en el plazo de dos días. "Ante dicha circunstancia, de la que tenemos conocimiento en el día de hoy, se ha procedido por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a dar cuenta de ello a la Junta Electoral de Zona, a través de la Fiscalía correspondiente", dice la Fiscalía.

"Tal circunstancia no desvirtúa la decisión tomada en el Decreto de fecha 17 de mayo de 2023, de incoación y archivo de las Diligencias de Investigación 1020/2023, por no ser los hechos objeto de dicha diligencias constitutivos de infracción penal y que le compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones", añade.

Como ya sucedió con los siete etarras con condenas de sangre que han avanzado su renuncia a recoger el acta de concejales si son elegidos, en el caso de Sara Majarenas ya no se puede eliminar de la candidatura. Así lo establece el artículo 49 de la Loreg, que fija un plazo de dos días desde la proclamación de la candidatura. En todo caso, esta etarra podría renunciar como sus otros compañeros.

Se presenta en el puesto número 10 de la candidatura de EH Bildu por Astigarraga, un puesto que no es de salida si se atiende a los resultados de la coalición abertzale radical en 2019. En los pasados comicios locales, consiguieron ser la lista más votada con siete concejales, mayoría absoluta en el pueblo con 7.400 habitantes.

Casualmente este jueves, Dignidad y Justicia pidió a la Junta Electoral de Zona de Donostia que anulara la candidatura de Majarenas, alegando que hasta 2028 no tendrá cumplida la pena de 10 años de inhabilitación que le fue impuesta, lo que sería causa de inelegibilidad según la Loreg. En su escrito de denuncia, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que ha sido remitido también a las juntas electorales de Guipúzcoa y a la Central, la asociación recuerda que la Audiencia Nacional condenó a esta etarra en 2007 a ocho años de prisión y a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en una sentencia que fue ratificada después por el Tribunal Supremo.

A esta pena se le sumaron dos más de dos años y siete meses, respectivamente, por un delito continuado de falsedad en documento oficial y por tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista. La sentencia estableció por ello una pena de inhabilitación absoluta "por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas" de cárcel. Majarenas ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y fue excarcelada el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y dos meses, por lo que Dignidad y Justicia entiende que no tiene extinguida su pena de inhabilitación absoluta, que, considera, se extendería hasta el año 2028, y, por tanto, sería causa suficiente para anular su candidatura.

Meses antes de quedar en libertad, a la etarra, que perteneció al comando Levante, le fue concedido el segundo grado penitenciario en marzo de 2017 para que pudiera convivir en un centro de acogida con su hija Izar de tres años, quien había sido apuñalada en enero por su padre. Para solicitarlo, presentó, además, un escrito en el que mostraba su arrepentimiento y reconocía el daño causado por su actividad en la organización terrorista.