LAS PRIMERAS RESOLUCIONES, EN DOS-TRES MESES

La ley vasca de víctimas de abusos policiales recibe 300 solicitudes con el aval ya del TC

El Constitucional rechaza el recurso del PP contra la polémica ley, que deja en manos de una Comisión de Valoración la catalogación de víctimas de abusos sin necesidad de un proceso judicial previo

Foto: Urkullu atiende al que ha sido hasta hace poco el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández. (EFE)
Urkullu atiende al que ha sido hasta hace poco el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández. (EFE)

Las más de 300 personas que han solicitado a día de hoy ser reconocidas como víctimas de abusos policiales tienen ya la vía abierta a su posible reparación económica o institucional después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la Ley de Reconocimiento de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en el País Vasco al desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. La decisión se suma al rechazo que este mismo tribunal dio al recurso planteado por Ciudadanos contra la misma ley, de modo que el Gobierno vasco tiene ya el beneplácito judicial para aplicar la controvertida normativa, que deja en manos de una Comisión de Valoración la catalogación de víctimas de abusos policiales sin necesidad de que haya existido un proceso judicial previo.

Precisamente, la creación de este organismo para certificar la condición de víctimas de abusos al margen de la vía judicial había motivado en esencia la presentación de los recursos de inconstitucionalidad del PP y Ciudadanos, que alegaban que esta comisión asumía competencias que corresponden a los jueces de cara a impedir la aplicación de una ley que ha suscitado el rechazo mayoritario de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Ahora, la Comisión de Valoración tiene plenas facultades legales para acreditar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de instituciones policiales o funcionarios entre 1978 y 1999 de cara a su reconocimiento público y, en su caso, al derecho a una reparación con una compensación económica o una asistencia sanitaria para “superar los daños sufridos”.

La Comisión de Valoración había iniciado su labor pese a que la ley estaba impugnada al defender el Gobierno vasco que tenía "plena seguridad jurídica"

De momento, son más de 300 personas las que han solicitado ser reconocidas como víctimas de abusos policiales, si bien es de esperar que, ahora, una vez que la ley ha recibido el aval judicial, se eleve el número de solicitudes en los próximos meses dentro de un proceso que, ya de por sí, se verá acelerado con el respaldo del TC. A este respecto, el plazo de presentación de solicitudes se ampliará hasta el 21 de diciembre del próximo año, según ha informado la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, que ha celebrado con entusiasmo la resolución del Tribunal Constitucional por suponer una “magnífica noticia para avanzar a favor de una convivencia plural y democrática en nuestro país”.

Los recursos de inconstitucionalidad planteados ante el TC no había frenado en su caso al Gobierno vasco en el desarrollo de la ley, ya que en febrero aprobó el decreto que desarrollaba el procedimiento para reconocer y reparar a las denominadas "víctimas de abusos policiales" por parte de la Comisión de Valoración, que ya había iniciado sus trabajos. Entonces, pese a estar impugnada, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu entendía que la ley contaba con "plena seguridad jurídica" y aprobó el decreto que activaba el funcionamiento de la Comisión de Valoración al defender que su labor para decretar las medidas de reparación pertinentes "en ningún caso podrá implicar una revisión sobre la autoría de los hechos sobre los que ya exista una sentencia firme ni atribuirse funciones que corresponde a los jueces", según defendió el secretario general de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández.

En aquellos momentos, este organismo tenía sobre la mesa más de 200 solicitudes presentadas para, en su caso, decretar la condición de víctimas de violencia policial y proceder a la reparación administrativa con indemnizaciones económicas previstas por ley que pueden alcanzar hasta los 390.000 euros. Ahora, la cifra supera las 300 peticiones, según ha dado a conocer este martes Artolazabal en su valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso presentado por medios centenar de senadores del PP, al igual que ya hizo hace dos meses con el planteado por representantes de Ciudadanos en la Cámara Alta.

Hasta la fecha, la Comisión de Valoración ha mantenido tres reuniones a raíz del fallo del TC sobre el recurso de la formación de Ines Arrimadas. Ahora, la previsión es que este organismo, formado por un equipo "multidisciplinar e independiente", lleve a cabo seis encuentros de trabajo en el mes de octubre para avanzar en el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales que están "sin reparar a pesar de las décadas transcurridas desde que fueron victimizadas". La suya, como ha incidido Artolazabal, va a ser una labor "ardua y meticulosa que nos llevará toda esta legislatura".

La Comisión se ha entrevistado con dos personas y en las próximas semanas lo hará con otras 25: las primeras resoluciones llegarán en dos o tres meses

A este respecto, la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, ha dado cuenta de que la Comisión de Valoración ya se ha entrevistado con dos personas que han registrado su solicitud para ser reconocidas como víctimas de abusos policiales, y de que en las próximas semanas tiene previsto mantener encuentros con otras 25. Este organismo tiene un plazo máximo de 24 meses para dar respuesta a las solicitudes tras su registro, por lo que ha previsto que los primeros expedientes empiecen a resolverse en "dos o tres meses" al ser presentados a finales de 2018. En relación al periodo de presentación de solicitudes, el Gobierno vasco ha decidido ampliar el mismo, que inicialmente expiraba en septiembre de 2021, hasta diciembre de ese año debido a las "dificultades y a la paralización" de los procesos administrativos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha celebrado que este segundo pronunciamiento del TC "legitima y garantiza el trabajo iniciado en la Comisión de Valoración" de cara a reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales. "Tras esta sentencia, con el trabajo de la Comisión y del Gobierno vasco, van a poder ver reparada en parte la injusticia vivida", ha resaltado en una comparecencia acompañada por Hernando y por la responsable del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, Aintzane Ezenarro.

En la comparecencia no se encontraba Jonan Férnandez, que recientemente fue relevado de su cargo dentro de la reestructuración del Ejecutivo llevado a cabo por Urkullu de cara a su tercer mandato. El lehendakari prescindió de su figura al frente de la Secretaría General de Derechos Humanos tras ocupar esta labor las dos anteriores legislaturas en una decisión que conllevó además el traslado de este área adscrita a la Presidencia vasca al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Artolazabal. En todo caso, Fernández, que ha sido reemplazado en el cargo por el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Deusto, José Antonio Rodríguez Ranz, sigue formando parte del equipo de Urkullu, ahora como responsable de Transición Social y Agenda 2030.

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