El PNV exhibe nuevas transferencias al abrir campaña: aspira a romper su techo electoral

No pudo ser de cara a las elecciones fallidas del 5 de abril, pero sí ahora a las puertas de los comicios del 12 de julio. El Gobierno vasco ha logrado a escasas horas del arranque de la campaña electoral que el Ejecutivo de Pedro Sánchez culmine el primer traspaso de competencias a Euskadi dentro del acuerdo alcanzado en febrero para transferir las 32 materias que faltan para completar el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Se cumple así con el guion que ya estaba establecido para los anteriores comicios y que no se pudo culminar porque la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para oficializar el traspaso de las tres primeras competencias, fijada para el 16 de marzo, apenas tres días antes del inicio de la campaña electoral, no se pudo celebrar, recién entrado en vigor el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. De hecho, ese mismo día, el lendakari Iñigo Urkullu dejó sin efecto la convocatoria electoral tras un acuerdo unánime entre los partidos, al no existir las “debidas garantías para la salud pública y el ejercicio del derecho del sufragio” ante el imparable avance de la pandemia.

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En esta ocasión, la materialización se ha producido a escasas horas de que se pusiera en marcha la caravana electoral de manera oficial, después de que la Comisión Mixta de Transferencias diera luz verde en la mañana de este jueves al traspaso a Euskadi de la gestión de la legislación sobre productos farmacéuticos, las prestaciones sanitarias del seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas afectadas por expedientes de despido colectivo. Ambos gobiernos han valorado las tres transferencias en 7,5 millones de euros que Euskadi descontará anualmente del cupo, el 6,24% en total.

El incremento de las cotas de autogobierno vasco ha marcado el inicio de la campaña con la oficialización de tres transferencias que han contado con el aval de la Junta Electoral del País Vasco, que rechazó el aplazamiento del encuentro de la Comisión Mixta de Transferencias demandado por EH Bildu, que denunció el uso electoralista de este órgano ante la proximidad de las elecciones del 12 de julio. La antigua Batasuna reclamaba un cambio de fecha o, en su caso, la adopción de medidas cautelares contra la celebración de la reunión en una fecha que tenía “más causalidad que casualidad”.

Los gobiernos han valorado las tres transferencias en 7,5 millones de euros que el País Vasco descontará anualmente del cupo, el 6,24% en total

En todo caso, pese a que la Junta Electoral no vio “objeciones” al encuentro y tampoco a que fuera presencial, la cita se ha desarrollado por vía telemática a instancias del Ejecutivo de Vitoria, que justificó esta petición para eliminar “sospechas” sobre una posible “escenificación con otros objetivos”, en alusión al uso electoralista de esta reunión, que ha estado presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. Cambian las formas, pero no el fondo de la cuestión: la materialización de estos tres traspasos a escasas horas del inicio oficial de la campaña.

De hecho, el Gobierno vasco ha exhibido este logro para la comunidad a través de una detallada nota informativa remitida a los medios de comunicación y colgada en la web Irekia, el portal donde da cuenta de su actividad a la ciudadanía. El texto especifica lo que supone cada transferencia y su valor estipulado —a descontar por Euskadi anualmente del cupo—, entre otra información. Nada que ver con la menos explícita nota de prensa enviada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para dejar constancia de estos traspasos.

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En los días previos, los socios de gobierno PNV y PSE-EE han puesto en valor, cada uno con su discurso, la relevancia de contar con mayores cotas de autogobierno de cara a salir con fuerza de la crisis sanitaria del coronavirus a todos los niveles. Urkullu ha denunciado de forma insistente la “recentralización” que ha supuesto el estado de alarma y ahora se ha garantizado este gesto del Ejecutivo de Sánchez a favor del autogobierno vasco en vísperas del asalto a su tercer mandato en Ajuria Enea. Para esta cita, el candidato a la reelección parte desde una posición inmejorable, ya que las encuestas refuerzan aún más si cabe su apoyo electoral con respecto a los comicios del 5 de abril, hasta el punto de que el PNV aspira a romper su techo electoral de 32 escaños, logrados en 1984 con Carlos Garaikoetxea —en las últimas elecciones autonómicas, logró 28 asientos en el Parlamento vasco—. A este respecto, el último barómetro del CIS le otorga entre 31 y 34 representantes dentro de su arrollador triunfo el 12 de julio.

Urkullu ha logrado activar a la tercera ocasión el traspaso de las 32 competencias tras verse paralizado por la interinidad de Sánchez y el covid

Con la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias de este jueves, el Ejecutivo de Urkullu ha logrado activar a la tercera ocasión el traspaso de 32 competencias acordadas con el Gobierno español y que se ha visto interrumpido en dos ocasiones: primero, el pasado año, por la situación de interinidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, que dejó en 'stand by' el proceso a la espera de las elecciones generales del 10 de noviembre, y con posterioridad, ya en este 2020, por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, que paralizó momentáneamente el cronograma de traspasos consensuado el 20 de febrero por Darias y Erkoreka.

Todos estos avatares han ido retrasando la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias para avanzar en el “cumplimiento íntegro” del Estatuto de Autonomía de 1979, que no se reunía desde que el 16 de abril de 2019, cuando acordó el traspaso de la autopista AP-68 a Euskadi. Ahora, tras el primer paso de este jueves, los traspasos se retomarán después de las elecciones autonómicas y una vez se constituya el nuevo Gobierno, de acuerdo al cronograma que se estableció en febrero. Entonces, se acordó un calendario en cuatro bloques que alcanza a “absolutamente todas las materias que quedan pendientes de desarrollar para el cumplimiento íntegro del Estatuto”, según se felicitó Erkoreka.

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La negociación de las competencias recogidas en el segundo bloque, en el que se incluye una de las dos grandes reivindicaciones del Gobierno vasco, la transferencia de Prisiones, se abordará antes de que finalice el año, según los tiempos consensuados entre ambos ejecutivos. La otra gran prioridad vasca, el régimen económico de la Seguridad Social, se abordará con la mirada puesta en diciembre de 2021. Se trata, como coinciden ambas administraciones, de una materia “tremendamente compleja” y, de hecho, la decisión del Gobierno de Sánchez de dejar al País Vasco la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) es vista como el banco de pruebas de cara a valorar la capacidad de Euskadi para asumir la futura gestión económica de la Seguridad Social.