Las residencias en Álava, en la diana: el virus triplica su golpe en las públicas

El pleno de control de esta semana al Gobierno foral en las Juntas Generales de Álava —el parlamento provincial— elevó el tono del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición por la gestión de las residencias de personas mayores durante el coronavirus, con el tono bronco en las intervenciones e incluso gestos despectivos que marcaron el 'cara a cara' entre el diputado general, Ramiro González (PNV), y los representantes del PP. Ante la serie de reproches y acusaciones por la falta de respuesta efectiva para combatir la pandemia, González replicó que la actuación de la Diputación durante la crisis sanitaria en el ámbito de las residencias es "la mejor del Estado". Y, para sustentar su afirmación, aludió a una información periodística que sitúa a Álava en las cifras más bajas de afección del covid-19 en el conjunto de las residencias de España.

Pero los datos también ponen de manifiesto otra realidad: que el coronavirus ha tenido mucha más incidencia en las residencias públicas gestionadas por la Diputación que en las privadas a pesar de que el número de usuarios es significativamente inferior: la tasa de contagios es casi tres veces más y la de mortalidad se sitúa por encima del triple. Así se desprende de la información facilitada en las Juntas Generales por el diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, en respuesta a una solicitud del PP, y en la que desglosa de forma detallada con datos la incidencia del coronavirus en las diferentes residencias públicas y privadas del territorio.

La Diputación gestiona de forma directa 779 plazas, con una tasa de mortalidad del 8%: la incidencia en los 3.000 usuarios de centros privados es del 2,5%

La fotografía residencial de Álava se compone de once centros públicos con 779 plazas que gestiona de forma directa la Diputación —además de 58 plazas en cinco viviendas comunitarias— y de 80 recintos privados con una capacidad para 3.072 usuarios. En la actualidad, algo más de 2.800 de estas plazas privadas se encuentran ocupadas, incluidas las 220 que están concertadas con la Diputación, según la información añadida aportada por el Ejecutivo. Los últimos datos actualizados dan cuenta de 555 contagios en usuarios de las residencias, de los que 227 se han dado en residentes en centros públicos (27,12%) y 328 en privados (11,3%). Por su parte, los fallecimientos se sitúan en 140, de los que 73 corresponden a usuarios de centros privados (en torno a un 2,5%) y 67 en públicos (el 8%).

A la hora de explicar estas diferencias, el Ejecutivo alavés apunta, en esencia, al perfil de los usuarios de las residencias públicas, con "altos grados de dependencia". Alega que dos terceras partes de las personas que se encuentran en estos centros son "grandes dependientes", con un grado 3 —el "más alto" de dependencia—, y el resto son en su "práctica totalidad" dependientes "severos" con grado 2. Además, señala que los residentes en los centros públicos tienen una edad media de 87 años y "numerosas patologías", de modo que —concluye— "son los más vulnerables entre los más vulnerables" a los efectos del coronavirus o a cualquier otra incidencia. "Las residencias públicas agrupan a la mayor parte de los grandes dependientes de Álava. Son perfiles que no tienen nada que ver con los de las residencias privadas", sostiene.

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EFE

Es el argumento que esgrime la Diputación y que Ramiro González y Emilio Sola pusieron de manifiesto este miércoles durante el pleno de control en las Juntas Generales en respuesta al PP, que se amparó en la comparativa de los efectos de la pandemia en las residencias públicas y privadas para censurar con contundencia la gestión foral. "Son los más vulnerables entre los más vulnerables", remarcó el diputado general, que puso en valor el servicio de "atención integral y continuo" a los usuarios de las residencias públicas por parte de un equipo de profesionales "multidisciplinar". Por su parte, en su respuesta, el diputado de Políticas Sociales acusó a los populares de que "cuando hablan de las residencias privadas no tienen en cuenta, y lo saben de sobra, que en los datos están metidos los apartamentos tutelados y viviendas comunitarias, que son muchos usuarios y con grado 1, no 2 y 3, y esto descompensa totalmente la comparativa".

Ahora bien, más allá de los posibles motivos, la dispar incidencia del covid-19 en las residencias públicas y privadas, ¿es una realidad exclusiva de Álava o se da también en otras provincias de España? Para la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se trata ahora mismo de una pregunta sin respuesta ante la ausencia de datos concretos sobre los efectos de la pandemia en las residencias, ya sean públicas y privadas, en numerosos territorios. "No se puede entender que a día de hoy no exista una relación clara de fallecidos", lamenta Francisco Tarazona, vocal de la Junta Directiva de la SEGG.

El peso de las residencias públicas en Álava es muy relevante: el porcentaje de plazas públicas ronda el 25% por el 10% de media en el conjunto de España

No obstante, hay que partir de la base de que el peso de las residencias públicas en Álava es significativamente mayor en comparación con lo que sucede en el conjunto de España, fruto de la apuesta de este territorio desde ya hace varias décadas por este modelo en la atención a las personas mayores. En la provincia alavesa el porcentaje de plazas públicas ronda el 25%, frente al 10% de media en el Estado, según señala Tarazona. "La situación es muy diferente entre unas comunidades y otras", remarca. De hecho, la realidad es ya de por sí diferente dentro del País Vasco, donde el número de plazas que gestionan de forma directa las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa es bastante inferior.

En todo caso, Tarazona considera "muy complejo" el determinar si las diferencias en las tasas de mortalidad entre unos y otros centros "se explican por la comorbilidad o la falta de previsión en la atención" por parte de la administración, como denuncia el PP en Álava. Por lo general —sostiene—, los usuarios de las residencias "puramente públicas", dejando de lado las plazas concertadas, presentan "mayor vulnerabilidad" con "perfiles de comorbilidad más complejos". Por ello, sin conocer la realidad de Álava, considera “razonable” el argumento esgrimido por la Diputación para explicar el desigual efecto del covid en las residencias públicas y privadas.

La SEGG considera "muy complejo" determinar si la diferencia en la tasa de mortalidad "se explica por la comorbilidad o la falta de previsión en la atención"

Pero, ante las explicaciones del Ejecutivo alavés, el PP replica que se trata de "una excusa con muy poca solidez", ya que los perfiles de usuarios de las residencias públicas "también se encuentran" en los centros privados del territorio ante la falta de plazas en los recintos de titularidad foral. "También hay dependencias elevadas en las residencias privadas", asevera la juntera Ana Morales. Además —censura— "aun en el caso de que aceptásemos estas matizaciones, que son tramposas, el saldo seguiría siendo muy a favor de la privada". "Una diferencia tan enorme, de casi cuatro veces más, es imposible mitigar con el argumento de los perfiles de dependencia", critica la portavoz del PP en este ámbito, que achaca esta desigualdad de cifras a la "falta de capacidad y reacción" de la Diputación y a su "autocomplacencia".

Tampoco acaba de convencer del todo la argumentación foral para algunos profesionales de los servicios sociales alaveses. Entre otras cuestiones, se alude a la mayor capacitación y dedicación del personal que trabaja en los centros públicos. "Sorprenden estas diferencias porque las ratios de personal y de formación en las residencias públicas son superiores. Los trabajadores están menos preparados en las privadas", señala un profesional que conoce muy bien el sector en Álava. De hecho, el PP estima que cada usuario de los centros de titularidad foral supone un coste de 6.000 euros mensuales para las arcas públicas, casi "el doble" que para los privados. Igualmente, se incide en que el perfil del usuario que acude a las privadas es "cada vez más dependiente y vulnerable", por lo que el apelar a los grados 2 y 3 "no es un argumento en sí mismo" para explicar esta desigualdad en la incidencia del coronavirus. A este respecto, se apunta asimismo a que la Diputación deriva a plazas concertadas en residencias privadas a usuarios que son dependientes "severos" por la falta de sitio en las públicas.

El PP denuncia que "una diferencia tan enorme, de casi cuatro veces más, es imposible mitigar con el argumento de los perfiles de dependencia"

Pero, más allá de la cuestión de los perfiles, hay otro factor que puede entrar en juego a la hora de explicar estas diferencias en la tasa de mortalidad, y que es compartido de forma generalizada: la cifra de fallecidos facilitados por las residencias privadas puede no corresponderse con la verdadera dimensión de la pandemia. "Es posible que haya habido fallecimientos por covid que no entran en las estadísticas porque no se ha confirmado la causa de la muerte", asumen desde la Diputación.

Bien puede ser por la falta de pruebas, y que afecta también a los casos positivos, bien por la "menor exigencia" a la hora de certificar la defunción por coronavirus frente a la "rigurosidad" en el diagnóstico del fallecimiento en las residencias públicas, o bien, incluso, por la voluntad propia de rebajar la incidencia de la pandemia por interés. "Los fallecimientos en residencias están generando mucho revuelo y todo el mundo maquilla sus cifras. Si no hay confirmación por PCR o serología interesa no contabilizar el fallecido como coronavirus", asevera Tarazona.

Entre los motivos que se apuntan para explicar este desigual efecto del coronavirus en los centros residenciales de Álava, apenas se da incidencia a la cuestión del tamaño del recinto. De los once centros que gestiona de forma directa la Diputación, cuatro de ellos superan las 100 plazas, con el tope situado en 150. Los siete restantes espacios se mueven entre 14 y 50 plazas. Por su parte, el mapa residencial privado incluye ocho centros por encima del centenar de camas disponibles, con el tope establecido en las 183 plazas de la residencia Caser en el Alto del Prado. En la actualidad, en nueve de los 96 centros residenciales registrados en Álava permanece algún residente con coronavirus, según los datos de la Diputación foral a 2 de junio.

El Movimiento de Pensionistas de Álava ha enviado sendas cartas al Ararteko y a la Fiscalía para que "investiguen lo ocurrido" en las residencias

El baile de cifras y las discrepancias por el número de fallecidos no es ajena a las residencias privadas en Álava, ya que sindicatos y familiares de usuarios han denunciado una mayor mortalidad a la oficial en los dos centros que más fallecidos acumulan, Sanitas San Martín y Caser, que contabilizan 19 decesos en los registros oficiales. En este sentido, el Movimiento de Pensionistas de Álava ha enviado sendas cartas al Defensor del Pueblo Vasco, el Ararteko, y a la Fiscalía alavesa para que "investiguen lo ocurrido" en las residencias de mayores del territorio y en las del conjunto de Euskadi, donde los fallecimientos se sitúan por encima de 600. El colectivo ha remitido también otra misiva a Ramiro González para que les dé "explicaciones" por la gestión llevada a cabo por la Diputación en las residencias durante la emergencia sanitaria. Este colectivo ha sumado la "indignación" por los efectos del coronavirus en las residencias a las protestas que han retomado recientemente en la calle los pensionistas vascos en defensa de una pensión mínima de 1.080 euros, entre las diferentes reivindicaciones que afectan a sus derechos.

Se pone el foco en el oscurantismo de las residencias privadas durante la pandemia, si bien el PP pide "no demonizar" a las residencias privadas y "no desconfiar" de los datos que ofrecen. Desde los populares se recuerda, al respecto, que a Sanitas fue derivado un paciente que presentaba positivo con coronavirus desde el hospital de Txagorritxu, que fue uno de los primeros y principales focos del coronavirus en España, con numeroso personal sanitario contagiado. "No le dieron importancia a la pandemia. Han pecado de autocomplacencia y han actuado tarde y mal. Los protocolos no han funcionado y han puesto a los trabajadores públicos a los pies de los caballos", denuncia Morales.