El covid y las elecciones vascas ahondan en la fractura del movimiento de pensionistas

A mediodía de este lunes, al mismo tiempo que miles de vascos regresaban a las playas, al interior de los bares o a los centros comerciales con la entrada de Euskadi en la fase 2 de la desescalada diseñada por el Gobierno español para combatir el coronavirus, algo más de medio centenar de personas volvía a las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao para retomar las concentraciones en defensa de las reivindicaciones de los pensionistas —entre ellas, una pensión mínima de 1.080 euros— que la pandemia había interrumpido.

Fue la primera de las protestas 'simbólicas' que se llevarán a cabo ante este y otros consistorios vascos mientras se prolongue la alerta sanitaria y que se desarrollarán bajo el “más absoluto respeto a las normas higiénicas y de seguridad” que impone el covid-19 —los asistentes portaban mascarillas—, según pone de manifiesto el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya. Volvieron a alzar la voz las pancartas en defensa de los derechos de los pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao, como lo venían haciendo desde enero de 2018 hasta que el coronavirus las silenció de forma abrupta, y ahora además junto a un nuevo clamor derivado de los efectos de la pandemia: la situación de los usuarios de las residencias y de las personas recluidas en casa, con carteles que acusaban de “campos de exterminio” a los centros de atención a personas mayores de titularidad privada.

Pero, en este regreso de las concentraciones en la calle más de dos meses después —la protesta se había limitado durante este tiempo a balcones y ventanas particulares—, había una pancarta sin ningún lema visible que era la que más hablaba: la de la fuerte división que existe entre el movimiento de pensionistas vascos, con diferentes asociaciones que se han desvinculado de esta vuelta de las movilizaciones en plena vigencia del estado de alarma, y más cuando los pensionistas son un importante colectivo de riesgo.

"Nos parece prematuro", sostiene la Federación Vasca de Prejubilados y Pensionistas, que dice que el rechazo a retomar las protestas es "mayoritario"

“Sencillamente, nos parece acelerado, prematuro”, expone el portavoz de la Federación Vasca de Prejubilados y Pensionistas (Fevaas), Miguel Gortari, que deja constancia de que es “mayoritario” el desacuerdo con que se retomen las concentraciones en la actual situación epidemiológica pese a que se estén flexibilizando las medidas impuestas ante la evolución positiva de la pandemia. “No es el momento adecuado”, incide para defender que se espere, cuando menos, al fin del estado de alarma.

Sin embargo, el portavoz del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, Jon Fano, rebaja este desacuerdo a un “sector minoritario” que ha adoptado “una posición crítica injustificada” ante las movilizaciones con “argumentos y excusas para no hacer nada, creando confusión y desánimo” dentro del colectivo. “Por desgracia, han optado por no participar. Nos preocupa su actitud, porque no encontramos una justificación racional para su inacción ante los problemas que afectan a los pensionistas”, denuncia para poner de relieve que este lunes se retomaron las concentraciones en unos 40 municipios vascos de los tres territorios históricos —fueron, en todo caso, movilizaciones con una participación muy inferior a las desarrolladas antes de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus—.

El Movimiento de Pensionistas de Vizcaya rebaja el rechazo a una "minoría" que ha adoptado "una posición crítica injustificada" ante toda movilización

La fractura es pública. El coronavirus no ha hecho sino ahondar en la profunda división que existe en el movimiento de los pensionistas vascos desde el apoyo de una parte del colectivo a la huelga general en el País Vasco y Navarra del pasado 30 de enero organizada por los sindicatos nacionalistas y otros organismos integrados en la Carta de Derechos Sociales del País Vasco.

Precisamente, hay otro condicionante ligado a la política que no se escapa a aquellos que se oponen a retomar las movilizaciones ahora, aún con el estado de alarma vigente: las elecciones autonómicas vascas del 12 de julio. Es un “cariz importante”, reprochan asociaciones críticas ante el momento elegido para volver a la calle. “Hay elementos que se salen de nuestro campo de actuación”, se quejan, ahondando en el lamento por el marcado tinte partidista de algunas movilizaciones —de hecho, la huelga general nacionalista del 30 de enero se celebró con el apoyo de parte del colectivo en un claro ambiente preelectoral, con el adelanto de los comicios asumido de forma genérica en Euskadi (el lendakari Iñigo Urkullu convocó las elecciones autonómicas apenas 10 días después, el 10 de febrero, si bien la inicial cita con las urnas prevista para el 5 de abril se suspendió por el coronavirus)—.

Ante estas acusaciones, Fano replica que hay que ser “riguroso, objetivo y responsable” en las manifestaciones y actuaciones que se realizan dentro de un colectivo que se distingue por su “pluralidad”, no solo a nivel ideológico. “Aquellos que no quieren movilizarse o comprometerse con otros sectores y prefieren dejar la resolución de los problemas en manos de las instituciones nos achacan partidismo o utilización política de las elecciones. Nos es difícil entender las actitudes de ciertos colectivos en las críticas”, se defiende para justificar que se proteste en la calle con las elecciones en el cercano horizonte para “presionar a los partidos para que adopten responsabilidades y compromisos concretos” con los pensionistas. “De lo contrario, estamos apañados”, enfatiza.

Fano pone en evidencia la “contradicción” que supone advertir de que las personas mayores puedan ser discriminadas en el proceso de desescalada y luego “no plantear iniciativas o protestas concretas” para evitarlo. También censura que se esté utilizando el argumento del “miedo”, del "riesgo de contagios", como “coartada para negarse a participar en las movilizaciones y justificar que los pensionistas nos quedemos en casa confinados sin actuar como colectivo para dar soluciones a nuestros problemas”. Además, rechaza que se les pueda acusar de “irresponsables” por salir a la calle a protestar durante el estado de alarma porque en “todos” los vídeos e imágenes que hay de las movilizaciones llevadas a cabo —algunas protestas se dieron ya la pasada semana ante diputaciones o residencias de personas mayores— se demuestra un “absoluto respeto y rigor con las condiciones de prevención y regulación sanitaria”.

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“Si queremos que nuestras reivindicaciones sean atendidas, no nos queda otro remedio que salir a la calle”, alerta quien tiene asumido que el movimiento de pensionistas en el País Vasco se ha “desgajado desde hace tiempo en la práctica”.

Quienes se han desvinculado de las movilizaciones, por “muy simbólicas que sean”, se ciñen a motivos “estrictamente sanitarios” para rechazar que se “ponga en riesgo” la salud del colectivo más vulnerable cuando no han desaparecido los efectos de la pandemia. Es, por ejemplo, lo que piensa la plataforma Bat-Etorri, que suma a numerosas asociaciones de pensionistas en Guipúzcoa. “Estamos en una vía secundaria a la espera de salir a la vía principal cuando las circunstancias lo aconsejen”, aseveran desde este colectivo, que niega que este rechazo a retomar las movilizaciones en estos momentos suponga “un retroceso” en la lucha de los pensionistas.

"Ya habrá tiempo de evidenciar las protestas. Nos esperan un verano y otoño calientes porque nuestras perspectivas son negativas"

“Es prematuro. ¡Ya habrá tiempo de evidenciar las protestas! Nos esperan un verano y un otoño calientes porque, desgraciadamente, las perspectivas para nosotros son negativas tal y como estamos evolucionando”, remarca Gortari. Pero Fano insiste: “Mientras permanezca la alerta sanitaria, seguiremos los lunes con el mismo modelo simbólico de protesta y con respeto a las normas higiénicas y de seguridad. Que a nadie le quepa duda de que el movimiento va a seguir en la calle”.