Urkullu exige acercar a los presos para evitar contagios por Covid en pleno acoso radical

No es la primera vez (y tampoco será la última) que el Gobierno vasco reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez el acercamiento de los presos de ETA a prisiones próximas a sus lugares de origen. Lo que cambia ahora con la nueva petición son las circunstancias alegadas para justificar esta actuación, su ámbito de actuación y el contexto en el que llega.

En relación a los condicionantes, el Gobierno vasco apunta al coronavirus, a las medidas del estado de alarma decretado para combatir la pandemia y a los efectos para la salud pública de los desplazamientos con motivo de las visitas a los presos, con la posibilidad de que se den contagios entre familiares y reclusos, para reforzar su planteamiento. Además, la propuesta, en su alcance, no se limita a los 200 presos de ETA sino que ahora abarca también al más del centenar de reclusos "con arraigo familiar en Euskadi" que cumplen su condena en centros penitenciarios ubicados fuera del País Vasco. En la actual situación, según justifica el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, las razones sanitarias fuerzan al traslado de alrededor de 330 presos a las prisiones de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava).

Euskadi apunta a razones sanitarias para acercar a 330 presos de ETA y otros reclusos con "arraigo familiar en Euskadi" que están fuera del País Vasco

Si se atiende al contexto, la petición, formulada a través de dos cartas remitidas al Gobierno de Pedro Sánchez y sustentada en un informe de la dirección de Salud Pública enviado este viernes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, llega en plena ofensiva radical en apoyo al preso de ETA en huelga de hambre Patxi Ruiz con ataques a sedes del PNV, PSOE y Podemos en Euskadi y a la vivienda particular de Idoia Mendia, la líder de los socialistas vascos y socia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. De hecho, esta pasada madrugada otros cuatro ‘batzokis’ han sido atacados nuevamente con pintadas de “asesinos”, en apoyo a Ruiz y a favor de la amnistía para todos los reclusos de ETA dentro de la campaña de coacción y acoso emprendida por ‘abertzales’ críticos con la línea política de EH Bildu y que la formación de Andoni Ortuzar ha calificado de “injustificable e intolerable”.

Pese a la relevancia del contexto, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha desvinculado este martes la petición de acercamiento de los presos a cárceles vascas de la huelga de hambre emprendida el 11 de mayo por quien cumple condena en el centro penitenciario Murcia II por su participación en el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero y de la oleada de ataques en su apoyo durante las dos últimas semanas y que ya suma más de 35 acciones violentas. De ellas, cerca de una veintena han tenido en la diana a las sedes del PNV. “No tiene nada que ver”, ha subrayado en su comparecencia al término del Consejo de Gobierno.

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Según ha defendido Erkoreka, la petición se sustenta en una situación “sobrevenida” a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, lo que hace necesario volver a “tomar en consideración” el planteamiento de acercar a los presos a cárceles próximas a sus lugares de origen, lo que –según ha recordado– ya se recoge en el programa de Gobierno de PNV y PSE-EE en materia de política penitenciaria.

Entre los motivos, Fernández había apelado horas antes en una entrevista en Radio Euskadi a la necesidad de “evitar desplazamientos largos e innecesarios” ante la situación epidemiológica por el coronavirus y que “acrecientan el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía”. A este respecto, el secretario general de Derechos Humanos se ampara en que el nuevo contexto surgido por el Covid-19 “se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente a lo largo del próximo año y medio”.

"Hay que evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecientan el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades"

El informe de Salud Pública alerta del riesgo que conllevarán los largos desplazamientos de familiares de los presos una vez se levanten las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, lo que está previsto para finales de junio, si bien los tiempos podrían acortarse después de que el Gobierno español haya abierto la puerta a que las comunidades pasen de fase antes de lo previsto detntro del plan de desescalada diseñado con motivo de la crisis sanitaria. Una vez se permitan los desplazamientos por toda la geografía, el informe refleja que no es “muy recomendable” desde el punto de vista de la salud pública que haya “movilizaciones masivas, relevantes, de personas procedentes de zonas muy heterogéneas" a cárceles "muy lejanas" y que "se ven forzadas a compartir espacios comunes en los centros penitenciarios”, según ha detallado Erkoreka.

Fernández ha aportado más información sobre la actuación del área que dirige al detallar que ha remitido al Gobierno de Pedro Sánchez dos cartas, el 27 de abril y el 14 de mayo, y el informe enviado este pasado viernes que recoge los criterios sanitarios para fundamentar su petición de acercamiento de los reclusos de ETA y de otros presos comunes con vínculos familiares con el País Vasco. “Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi y eso significa que cada semana más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita (…) Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de su comunidad autónoma”, ha señalado este martes.

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El Gobierno español aún no ha contestado a la petición porque, desde el pasado viernes, no ha habido “tiempo material”, si bien Erkoreka ha dejado constancia de que la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno vasco e Instituciones Penitenciarias ya han mantenido “una interlocución” en relación a esta cuestión sin aportar más concreción. “Si hasta ahora hemos defendido razones de otro tipo para el acercamiento, en esta nueva realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, en la que vamos a tener que convivir con cierto nivel de contagio, hasta que no haya una vacuna, un tratamiento eficaz, lo sensato sería que cada preso esté en la comunidad en la que tiene su arraigo”, ha remarcado en sus explicaciones Fernández.

En este sentido, el responsable del área de Derechos Humanos y Convivencia ha alertado de que es “posible” que dentro de “cuatro o cinco meses” haya un rebrote del virus y se vuelva a limitar la movilidad, lo que implicaría un "nuevo bloqueo" a las posibilidades de visita a los reclusos. “Cualquier familiar de un preso, da igual de dónde sea o qué delito haya cometido, que no esté encarcelado en la provincia en la que reside su familia, lleva tres meses sin poder disfrutar del derecho a la visita”, ha expuesto.

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También en relación al contexto, al momento, la petición del Gobierno vasco llega en medio del profundo malestar con el pacto suscrito la pasada semana por el Ejecutivo de Sánchez con EH Bildu para derogar la reforma laboral, y que ha sido evidenciado tanto por Urkullu como por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Las críticas por este acuerdo, con la advertencia además del líder ‘jeltzale’ de que “el depósito de confianza” de su partido en el presidente del Gobierno “tiene la luz de reserva encendida”, se dan con este movimiento que busca incrementar la presión sobre un gabinete de Sánchez necesitado de apoyos en el Congreso.

El anuncio del Gobierno vasco ha sido acogido con reservas por parte de EH Bildu y del entorno de los presos de ETA, que han coincidido en valorar que la propuesta del Ejecutivo de Urkullu “llega tarde”. La coalición 'abertzale' ha exigido que se pase de las palabras y se den “hechos concretos”, mientras que la red de apoyo a los presos de ETA Sare y la asociación de familiares de reclusos etarras Etxerat han exigido que esta cuestión se aborde con “urgencia” ante la posibilidad de “un repunte que vuelva a cumplir la situación”.

EH Bildu y el entorno de los presos de ETA acogen con reservas una propuesta que "llega tarde" y Covite denuncia la "indecencia" del Gobierno vasco

Entre las voces críticas, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado que es “inaceptable e indecente” que el Gobierno vasco pretenda “aprovecharse de la excepcionalidad” de la crisis sanitaria para “favorecer los intereses” de los presos de ETA. Si ahora el Ejecutivo de Vitoria suma en su propuesta “al centenar de presos comunes que también cumplen pena en cárceles fuera del País Vasco”, cuando “nunca les ha incluido en sus demandas”, es porque “ha visto una oportunidad, dadas las circunstancias excepcionales, para favorecer el acercamiento” de los etarras encarcelados. “Lo disimulan intentado hacer ver que velan por la salud de todos los presos”, ha censurado su presidenta, Consuelo Ordóñez.