Europa investigará el derrumbe de Zaldibar: las "deficiencias" se deberían haber "vigilado"

La Comisión Europea investigará las causas del derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) al entender que la información recibida sobre el trágico suceso ocurrido el pasado 6 de febrero, y que mantiene aun a día de hoy sepultados bajo una montaña de basura a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, “deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento” de la instalación.

La apertura da la investigación la ha comunicado el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, que defiende que ha decidido intervenir ante la “gravedad” del caso al considerar que las autoridades vascas y españolas debieron “haber detectado, vigilado y, en ultima instancia, sancionado” al vertedero, propiedad de Verter Recycling 2002, por las numerosas carencias que –según se ha denunciado– presentaba la instalación y que habían sido documentadas en una inspección del Ejecutivo de Vitoria unos meses antes, en junio del pasado año, cuando fueron detectadas un total de 23 desviaciones.

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Es la respuesta que el comisario da a varias preguntas de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para informar de la investigación de oficio que va a emprender la Comisión Europea, que, en un primer momento, va a pedir explicaciones a los gobiernos español y vasco por su actuación ante la situación en la que se encontraba el vertedero, que se iba a colmatar en 2022, apenas once años después de su entrada en servicio, cuando su vida útil se proyectaba hasta 2046.

Sinkevicius admite que el organismo europeo está “preocupado” por el "trágico accidente mortal" y por la “presunta situación de incumplimiento” de directivas en las que incurría el vertedero, el cual, según se denuncia, abrazaba residuos peligrosos y otro tipo de material para los que no tenía licencia, y cuyo derrumbe provocó un desastre medioambiental sin precedentes en el País Vasco. "Si bien los responsables principales de verificar la presunta situación de incumplimiento en que se encontraba el vertedero y de garantizar una reparación adecuada de los daños son las autoridades administrativas y/o los órganos jurisdiccionales nacionales o regionales encargados de la aplicación y ejecución de la legislación de la UE, en vista de la gravedad del caso, la Comisión va a examinarlo y a contactar con las autoridades españolas a este respecto", señala el comisario europeo.

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Los partidos que han llevado el caso a Europa denuncian la existencia de “numerosas irregularidades” en el vertedero y “negligencias” en el control del propio vertedero por parte del Gobierno vasco, que era consciente de las carencias que presentaba una instalación convertida en un “cajón desastre” que llegó a albergar residuos peligrosos como PCB –los denominados bifenilos policlorados, prohibidos desde 1986 por su elevado poder cancerígeno y sus dañinos efectos sobre el medio ambiente–, según puso de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia de 2015.

En su respuesta, Sinkevicius pone de relieve que las reglas de la UE sobre información medioambiental obligan a los Estados miembros a "adoptar las medidas necesarias para que, en caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente provocada por actividades humanas o causas naturales, se difunda inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las autoridades públicas" para que se adopten las "medidas de prevención o limitación de los posibles daños provocados". Asimismo, y a la vista de que han podido producirse “importantes daños” al suelo y a otros recursos naturales, deja constancia de que las reglas comunitarias pueden exigir al operador responsable la reparación de los recursos dañados devolviéndolos a “su estado básico anterior” y “asumiendo todos los costes”.

El anuncio de la investigación ha sido celebrado por los eurodiputados del PP Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, que han afirmado que la respuesta de la Comisión Europea "confirma las numerosas irregularidades que se produjeron en el vertedero de Zaldibar y que desgraciadamente causaron la desaparición" de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. "Confiamos en que esta evaluación de la Comisión Europea sirva para que el Gobierno vasco tome las medidas necesarias, garantice el cumplimiento de las normas de la UE, y evite que una tragedia así pueda volver a producirse", han señalado. Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego ha censurado las "importantes deficiencias en la vigilancia y control por parte del Gobierno vasco" y ha exigido que se pongan en marcha "mecanismos de control efectivo para evitar que se repitan este tipo de sucesos".

El Ejecutivo de Vitoria, sobre el que pesan numerosas acusaciones de "negligencia" por no actuar contra el vertedero pese a conocer las presuntas irregularidades en las que incurría, asegura que ha gastado más de nueve millones de euros en el operativo de búsqueda de los dos trabajadores que permanecen sepultados bajo toneladas de residuos. "Tres meses después del deslizamiento del vertedero, y la tragedia que allí se produjo, seguimos buscando sin descanso los cuerpos. No hemos dejado ni un solo día de trabajar en su búsqueda y hemos puesto todos los equipos y medios necesarios para ello", afirma la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en la última nota informativa del Gobierno vasco sobre las tareas que se desarrollan a pie de vertedero, que data del pasado viernes 8 de mayo.

El Gobierno vasco lamenta que el comisario europeo "no se haya informado directamente sobre el control administrativo al vertedero antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada"

Este miércoles, en respuesta a Sinkevicius, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha lamentado que el comisario europeo "no se haya informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero de Zaldibar antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada" en su respuesta. "Lo lógico es que, previamente, el equipo del comisario de Medio Ambiente hubiera realizado el contacto y el examen que anuncia que va a hacer de este siniestro", señala la Consejería liderada por el socialista Iñaki Arriola, que muestra "toda la colaboración" a la Comisión Europea "para que pueda verificar el grado de cumplimiento de la legislación europea, española y autonómica aplicada a la empresa Verter Recycling".

Pero las críticas de la oposición hacia el Gobierno vasco por su gestión del derrumbe 'no se caen' montaña abajo. El candidato a lehendakari del PP, Carlos Iturgaiz, ha valorado que "está claro que la Unión Europea ha condenado a Urkullu por sus gestión en Zaldibar, que lo ocurrido es producto de la gestión irresponsable del PNV y de la inmunidad que presupone a sus actuaciones", al tiempo que ha advertido de que su partido "llegará hasta el final" para depurar responsabilidades "por mucho que lo tape el PNV". Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Luis Gordillo, ha denunciado que "la transparencia brilla por su ausencia en el equipo de gobierno" del lehendakari. "Las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán merecen respuestas y ayuda, cuando el Gobierno vasco solo les está ofreciendo silencio", ha censurado.