Paros en las empresas, demandas judiciales... Los sindicatos nacionalistas elevan la presión

Los sindicatos nacionalistas buscan elevar la presión sobre el Gobierno vasco en su demanda del cierre de toda la actividad económica que no sea esencial en la actual situación de emergencia sanitaria por la expansión incontrolada del coronavirus. En medio del pulso que mantienen con el Ejecutivo con el gran cobijo político de EH Bildu, las centrales no solo van a alimentar la protesta a nivel social en la calle (dentro de lo posible) o en las propias empresas que permanecen abiertas, sino que también han emprendido la vía judicial contra el gabinete de Iñigo Urkullu, dejando además la puerta abierta a actuar en los tribunales contra numerosas empresas por “poner en riesgo” la salud de los trabajadores.

El recorrido judicial lo ha iniciado el sindicato ESK, que este miércoles ha interpuesto ante el Juzgado de Guardia de Bilbao una denuncia penal contra la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, por “denegación de auxilio y un presunto delito de atentado contra la salud pública” al priorizar la llegada de material de protección a las empresas para salvaguardar la actividad económica antes que al personal sanitario.

"Es incomprensible que se priorice la actividad económica y no a las personas cuando existe desabastecimiento de EPIs para los sanitarios"

La demanda se fundamenta en unas declaraciones de Tapia en las que se comprometió a “colaborar de manera activa con los empresarios vascos y a garantizar el material de protección sanitaria necesario para mantener la producción”. El responsable de Acción Sindical de ESK, Sergio Ortega, ha argumentado que es “incomprensible” que, en la actual situación de alerta sanitaria, desde el gabinete de Urkullu se “priorice la actividad económica y no a las personas”, y más aún cuando existe “desabastecimiento” de equipos de protección individual (EPIs) para el personal sanitario. “No se entiende cómo se puede dedicar los esfuerzas a proporcionar ese material a sectores u otras empresas de otros ámbitos económicos, porque la prioridad absoluta y total tiene que ser volcarse con la asistencia y los cuidados y sus trabajadores, que están haciendo su trabajo en algunos casos sin ningún tipo de medida protectora”, ha censurado para justificar la actuación ante los tribunales.

La demanda, en todo caso, tiene prácticamente nulas posibilidades de prosperar y más parece un brindis al sol. Pero abrir la vía judicial supone un paso más, un nuevo gesto público, dentro del enfrentamiento abierto que mantienen los sindicatos y el Gobierno vasco por permitir el mantenimiento de cierta actividad industrial y empresarial en la actual situación de emergencia sanitaria. Además, el mismo día de la interposición de la denuncia, el sindicato mayoritario ELA ha amenazado con demandas contra empresas que no han bajado las persianas tras la inicial declaración de emergencia sanitaria en Euskadi y el posterior estado de alarma en España por "poner en riesgo" la salud de los trabajadores.

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Javier G. Jorrín

El secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, ha anunciado esta mañana que no descarta llevar a los tribunales las decisiones empresariales que impliquen riesgos para la salud de los trabajadores por estar expuestos al coronavirus. El líder de ELA ha preguntado cómo se va a garantizar las condiciones de protección de los trabajadores de sectores que no son prioritarios cuando en los servicios esenciales hay “dificultades” para proteger la salud de sus plantillas.

En la actual situación de escasez de material de protección para el personal sanitario, entre otros ámbitos, Lakuntza ha planteado en declaraciones a Radio Euskadi el cierre de las empresas que disponen de material destinado a la seguridad para “destinar este material a los sectores esenciales”. Según ha aseverado, en el actual contexto, la patronal debería poner a disposición del Gobierno vasco las mascarillas o cualquier otro elemento de protección de los que dispongan para ser destinado “a la primera línea de combate”.

ELA exige el cierre de las empresas que disponen de material de protección para ser destinado a "la primera línea de combate" contra el coronavirus

La amenaza judicial de palabra se complementa con la presión en el terreno, en los propios centros de trabajo, con las movilizaciones convocadas para este viernes por los dos grandes sindicatos nacionalistas vascos, ELA y LAB, junto a las centrales ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, en “defensa de la salud, el empleo y las condiciones laborales” en la actual emergencia sanitaria. Según denuncian, “no se encuentra garantizada” la salud de aquellos empleados que están “obligados a acudir al trabajo porque los gobiernos vasco y navarro, y las patronales anteponen los intereses económicos”.

El estado de alarma vigente, y que, entre otras cosas, impide concentraciones, hace que el llamamiento a la protesta en los propios centros de trabajo se realice “con las posibilidades y medios con los que disponga cada uno”. Las fórmulas, según apuntan, pueden ir desde paros y concentraciones en el exterior e interior de las empresas, a protagonizar fotografías de denuncia o realizar "estruendos" dentro o fuera de los centros laborales. Se trata de evidenciar el "enfado" generalizado que existe en los trabajadores por tener que ir a sus empleos sin que se apliquen "las medidas de prevención necesarias", lo que está "comprometiendo" su salud.

Los sindicatos nacionalistas llaman a movilizarse este viernes en las empresas con concentraciones, paros, fotografías de denuncia o "estruendos"

El llamamiento a las movilizaciones no cuenta con el beneplácito de CCOO y UGT, que se muestran críticos con la actitud de los sindicatos nacionalistas. La secretaria general de CCOO en el País Vasco, Loli García, enmarca el paro de este viernes en una “campaña de marketing” de estas centrales para situarse en un escenario de “cuanto peor, mejor”. Además, defiende el mantenimiento de toda la actividad empresarial posible “siempre que se puedan garantizar las medidas de seguridad” porque, como ha alertado, en el escenario poscoronavirus es posible que se den cierres de empresas por “pérdidas de clientes y producción”. En similares términos, el líder de UGT en Euskadi, Raúl Arza, es partidario de que las empresas puedan mantener su actividad siempre que cumplan “con todas las garantías de salud para los trabajadores”.

Durante la mañana, Confebask ha detallado que en Euskadi se habían registrado hasta la fecha 9.000 ERTEs que afectan a 63.000 trabajadores. A la vista de estos datos, la patronal vasca ha reiterado que el cierre generalizado de empresas que se promueve desde el ámbito político y empresarial “solo contribuiría a empeorar más las cosas”. “Los ERTEs van a seguir escalando de forma exponencial y poco a poco nos vamos a dar todos cuenta del enorme problema socioeconómico al que nos enfrentamos. Y esto no ha hecho más que empezar”, ha alertado en respuesta al incremento de la presión sindical. Dicho y hecho: las cifras que aportaba la patronal ya se habían quedado obsoletas unas horas después, toda vez que los expedientes de regulación de empleo temporal superan ya los 10.000 e implican a más de 80.000 empleados.

En Euskadi se han registrado hasta la fecha 10.000 ERTEs que afectan a 80.000 trabajadores: "Y esto no ha hecho más que empezar", alerta Confebask

También la consejera Arantxa Tapia se ha ratificado en su discurso a pesar de la anunciada denuncia penal contra su persona ante los tribunales. “Hay que intentar mantener la producción. Para mantener los servicios básicos hay otros servicios que son absolutamente necesarios, trabajamos en cadena”, ha señalado este miércoles en ETB. Incide así el discurso del Gobierno vasco que encabeza Urkullu, que ha advertido de que el reclamado cierre de todas las empresas conllevaría al “coma económico” del País Vasco. “No podemos hacer que la economía productiva languidezca”, ha subrayado, consciente de que la economía va a quedar “muy tocada” a consecuencia del coronavirus.