Precios tirados, negligencia, tóxicos...: el caos de Zaldibar aflora años de irregularidades

Hace tres semanas el vertedero de Zaldibar (Vizcaya) se desplomaba sobre la autopista AP-8 que enlaza San Sebastián con Bilbao. Tras el derrumbe, afloró una masa de irregularidades, errores a todos los niveles y fallos en los controles administrativos que ha dado cuerpo a un desastre medioambiental sin precedentes en el País Vasco y a una crisis política de gran magnitud por la controvertida gestión del Gobierno de Iñigo Urkullu de la crisis. Se mantiene activa la alerta por riesgo de nuevos derrumbes en una zona marcada por su inestabilidad y por las negativas consecuencias para la calidad del aire, el agua y la tierra que se derivan de las emanaciones del gas metano o la presencia de lixiviados entre las toneladas de residuos de toda clase que se vertían sin ningún control en medio de la tragedia humana que supone que dos trabajadores de la instalación —Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze— permanezcan aún sepultados bajo una montaña de basura.

El paso del tiempo no ha apagado los fuegos físicos generados en el vertedero y, mucho menos, el incendio provocado por la cadena de errores previos y posteriores, la desinformación y el oscurantismo que arrastra el derrumbe ladera abajo del vertedero propiedad de Verter Recycling 2002. “El gran responsable de lo sucedido es la empresa, pero ha habido negligencias en el control del propio vertedero por parte de la Administración”, asevera en una sentencia que es compartida de forma generalizada el químico y asesor ambiental Julen Rekondo, director técnico de la consultora medioambiental Ingurune.

"El gran responsable de lo sucedido es la empresa, pero ha habido negligencias en el control del propio vertedero por parte de la Administración"

A día de hoy, siguen siendo muchas las incógnitas que existen en torno al derrumbe de un vertedero que comenzó su actividad en 2011 con la catalogación de depósito de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos y que, según todos los indicios, ha abrazado basura orgánica, plásticos y residuos peligrosos. “Era un cajón de sastre donde todo cabía”, denuncian quienes conocen lo que sucedía en una instalación que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2015, recibió residuos peligrosos como PCB —los denominados bifenilos policlorados, prohibidos desde 1986 por su elevado poder cancerígeno y sus dañinos efectos sobre el medio ambiente—. “Hay diversas cuestiones que entran en contradicción”, sostiene Rekondo, amparado en la información facilitada por los diferentes cauces oficiales en torno a esta tragedia.

La realidad es la que es: que la empresa tiraba los precios, con tarifas que podían caer a la mitad con respecto a otros vertederos vascos, lo que hacía que esta infraestructura recibiera multitud de residuos desde todos los puntos de Euskadi sin importar la distancia desde el punto de origen y pese a la existencia de otros basureros mucho más próximos. Además, transportistas que llevaban basura en sus camiones a la instalación han denunciado que se vertía todo tipo de residuos sin ningún control y sorteando las inspecciones. “La empresa ha ganado decenas de millones de euros”, asevera Carlos Pérez Olozaga, director del taller Plus 55 de Sensibilización Medio Ambiental de San Sebastián y ex responsable de servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa.

La empresa tiraba los precios, con tarifas que caían a la mitad con respecto a otros vertederos vascos, por lo que recibía residuos desde todo Euskadi

Verter Recycling, según las cifras que se han conocido a raíz de la tragedia, facturó 30 millones de euros en sus primeros seis años de actividad, iniciada en 2011, con rentabilidad desde el inicio. En 2016, por ejemplo, incrementó su ebitda más de un 60%, un porcentaje inaudito para las empresas del sector. Antes del derrumbe, la actividad en el vertedero era frenética: de las 120.000 toneladas de residuos depositadas en su primer año de actividad se pasó a 500.000 en 2019, hasta el punto de que la infraestructura se encontraba ya al límite de su capacidad, con la previsión de que a este ritmo se iba a colmatar en 2022, cuando su vida útil se proyectaba hasta 2046 —un total de 35 años—. “Tal y como se estaba llenando, en cualquier momento podría ocurrir [el derrumbe]”, no lo duda Pérez, que defiende que el ritmo de entrada de residuos, además de todo tipo de condición —incluido “mucho material orgánico”—, hacía imposible compactar esta masa de basura en buen estado de estabilidad. “No hay capacidad humana de extender y compactar la cantidad de residuos que entraban al día”, subraya.

De la misma opinión es Rekondo, que considera que todo hace indicar que se ha podido desplazar la masa de residuos ante la ausencia de compactación y no el terreno —“es posible que, dada la enorme cantidad de residuos que recibía, no se compactara técnicamente de forma idónea para evitar problemas de estabilidad”, sostiene—. Sobre las causas, a expensas de lo que puedan determinar los peritos o las investigaciones judiciales abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango para determinar si Verter Recycling ha incurrido en delitos ambientales y laborales o en homicidio imprudente, considera “verosímil” un corrimiento de la masa de residuos, a lo que ha podido contribuir además la propia configuración del vertedero en "una ladera pronunciable".

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Jose Mari Alonso. Zaldibar (Vizcaya)

En todo caso, a la espera de que se determinen los motivos del desplome del vertedero, lo que —no tiene duda este experto— “tardará mucho en llegar”, sostiene que todo hace indicar que en el derrumbe de Zaldibar se han dado un cúmulo de “irregularidades” administrativas que el tiempo determinará en qué medida han podido repercutir en el fatal desenlace. Comenzando por el propio proyecto del vertedero, que obtuvo la autorización ambiental integrada para su actividad de residuos industriales no peligrosos en 2007 y que luego sufrió varias modificaciones sustanciales relativas al dique, viales o lixiviados sin que las autoridades requirieran una nueva declaración de autorización ambiental integrada. Rekondo discrepa del criterio del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco de que no era legalmente necesaria esta nueva autorización. También disiente de que se le permitiera depositar amianto pese a que tenía autorización para almacenar esta sustancia tóxica por cumplir con los requisitos de seguridad —tras el derrumbe, se mezcló con el resto de residuos depositados en el vertedero—.

Mucho olía a podrido en torno a este vertedero, que en 2012, apenas un año después de iniciar su actividad, fue sancionado con 33.000 euros por almacenar de forma temporal tierras contaminadas con PCB, para lo que no estaba autorizado, y que, en la última de las siete inspecciones de las que ha sido objeto —el pasado mes de junio—, le fueron detectadas un total de 23 desviaciones. Pese a esta ilustradora fotografía de deficiencias, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, el que fuera alcalde de Eibar, una de las poblaciones afectadas de forma directa por el derrumbe, ha justificado que ninguno de estos fallos estaba “vinculado a la estabilidad del vertedero” y defiende que “en absoluto había indicio alguno que hiciera pensar que pudiera ocurrir un deslizamiento como el que ocurrió” el pasado 6 de febrero. Curiosamente, justo antes del derrumbe, Medio Ambiente asegura que se iba a abrir un expediente a la empresa. Ahora, consumado el trágico suceso, Verter Recycling tiene ante sí un segundo expediente abierto por el deslizamiento, al quedar acreditado que en los días previos tuvo conocimiento de la existencia de grietas en la pared de la escombrera que cedió.

Y es que los propios trabajadores advirtieron antes del derrumbe de la presencia de grietas o fisuras en la instalación. Sin embargo, el 21 de enero, tan solo 17 días antes del trágico suceso, Verter Recycling presentó un estudio de estabilidad de la ladera que concluía que el vertedero era “estable con la configuración actual”, según dejó constancia Arriola en la comparecencia en el Parlamento vasco, donde el lendakari y cuatro consejeros comparecieron el 18 de febrero para dar explicaciones sobre la controvertida gestión del Ejecutivo de Vitoria de la crisis a instancias de la oposición. “En este caso no lo sé, y no digo que fuera a la carta, pero hay muchos estudios técnicos teledirigidos”, expone al respecto Rekondo, que en 1998 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otras distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria profesional.

En la última inspección, en junio, se detectaron 23 desviaciones: los trabajadores advirtieron antes del derrumbe de la presencia de grietas o fisuras

La prioridad ahora, se coincide en señalar de forma unánime, es encontrar los cuerpos de los dos trabajadores sepultados, cuyos familiares lamentaron la desatención inicial del lendakari, que tardó seis días en acudir a la 'zona cero' y visitarles —luego Urkullu ofreció una kafkiana explicación a esta demora, al defender que no se reuniera con los allegados hasta no disponer de información “veraz” y “comprobada” que transmitirles (“No puedo caer en el riesgo de, por emotividad, por empatía a las familias, decirles algo que no se pueda cumplir, que vamos a localizar a los dos desaparecidos", afirmó)—. En realidad, el Gobierno de Urkullu no calibró la trascendencia del derrumbe, que a nivel interno limitaba inicialmente a un desgraciado accidente laboral con dos fallecidos, hasta que el desastre le estalló en las manos por la presencia de amianto en la zona, que obligó a suspender las operaciones de rescate entre las críticas por la falta de seguridad de los operarios —Medio Ambiente sabía que se almacenaba este material, pero no se lo comunicó al Departamento de Seguridad—, la aparición de varios fuegos en la escombrera y las afecciones a la calidad del agua, el aire y la tierra en el entorno, y el creciente malestar ciudadano.

La presencia en la zona de dioxinas y furanos en una cantidad 50 veces superior a los parámetros normales llevó al Ejecutivo a recomendar a 48.000 habitantes de Zaldibar, Ermua y Eibar —la zona de influencia directa del vertedero— a bajar las persianas, no airear las viviendas y no hacer deporte al aire libre, entre la alarma y la indignación de los ciudadanos por la falta de información. Un clamor que todavía sigue muy vigente entre la población, como se ha podido comprobar en las reuniones informativas en los municipios afectados con presencia de responsables institucionales, donde ha habido tensión e incluso insultos a los cargos públicos. “El error de comunicación ha sido flagrante”, se coincide en señalar en los diferentes niveles.

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En su comparecencia en el Parlamento, Urkullu admitió que, “a la vista de las consecuencias” del derrumbe, “cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes”, por lo que el Gobierno vasco está realizando una auditoria de cara a “analizar todos los antecedentes, las causas y las consecuencias de este fatal accidente”. El Ejecutivo va a auditar su actuación “en profundidad” para “abordar las causas de los sucedido y la depuración de responsabilidades de forma exhaustiva, rigurosa y completa”, pero, en todo caso, el lendakari incidió en varias ocasiones en que el Gobierno de Vitoria actúa con “carácter absolutamente subsidiario”, ya que la responsabilidad corresponde a la empresa. A este respecto, Verter Recycling se remite a los escasos pronunciamientos públicos desde el suceso, en los que defiende su transparencia y se pone a disposición de las diferentes instituciones para aclarar lo sucedido.

Ahora, transcurridas ya tres semanas desde el siniestro, la “máxima prioridad”, según coinciden en señalar Pérez y Rekondo, sigue siendo estabilizar el vertedero para garantizar las labores de búsqueda de los dos trabajadores sepultados y evitar nuevos derrumbes, así como llevar a cabo un exhaustivo seguimiento de la calidad del aire, la tierra y el agua. “Ha sido un desastre medioambiental en toda regla, muy grave. No ha habido una crisis tan importante en el País Vasco”, subraya el director técnico de Ingurune.

En este sentido, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, ha advertido este miércoles de que “todavía puede haber nuevos derrumbes” en el vertedero, donde se trabaja para tratar de recuperar los cuerpos de Beltrán y Sololuze bajo toneladas de escombros inestables y con la presencia de grietas "significativas y muy importantes" en la infraestructura. También existe el riesgo de nuevos incendios por la concentración de gas metano en el vertedero, tras aparecer entre la masa de residuos gran cantidad de materia orgánica que, 'a priori', debía estar depositada en basureros de residuos municipales o urbanos, junto a amianto o sustancias peligrosas. “Se están quemando materiales que se depositaron junto a los inertes, como fangos, plásticos o PCB, que son muy tóxicos”, advierte Rekondo.

“Aunque se tape el fuego, dentro hay una combustión interna que va a salir por algún lado. Si hay depositada tanta materia orgánica, con apagar el fuego no se evita la producción continuada de gas metano y otros efluentes tóxicos, que siguen y seguirán saliendo. En esas condiciones, lo más normal es que los fuegos se vuelvan a reproducir. ¿Hasta cuándo?”, se pregunta al respecto un pesimista Pérez, que también pone de relieve la cuestión de los “lixiviados que se han originado y seguirán haciéndolo en la masa de residuos durante mucho tiempo, con el consiguiente riesgo de contaminar las tierras y acuíferos”. En este escenario, lanza “la pregunta que la ciudadanía se hace” ante la gestión de la catástrofe: “¿Qué otras sustancias tóxicas se han producido y encontrado desde que se inició la combustión de esa compleja y desconocida mezcla de residuos inertes y peligrosos?”.

"¿Qué otras sustancias tóxicas se han producido y encontrado desde que se inició la combustión de esa mezcla de residuos inertes y peligrosos?”

Al alto coste humano y medioambiental del derrumbe se une también el económico, que será millonario por todos los frentes abiertos. El Gobierno vasco trabaja contrarreloj para llevar a otros vertederos vascos y a otras comunidades los residuos que iban a parar a Zaldibar, que recibía una cuarta parte de los residuos industriales que se generan en Euskadi. Otra importante cuestión a medio plazo, resaltan los expertos, es conocer qué se va a hacer con las 800.000 toneladas de residuos que hay depositadas en esta infraestructura, entre ellos, los catalogados como peligrosos, cuyo traslado —en Euskadi no hay ningún vertedero de sustancias peligrosas, que se envían fuera— es “técnica y medioambientalmente muy complicado y costoso”. El Gobierno vasco va a construir una celda temporal con capacidad para 100.000 toneladas para almacenar estos residuos y los procedentes de las labores de excavación para la búsqueda de las dos personas sepultadas junto a la zona del derrumbe, en una cantera próxima de roca caliza. Se trata de un lugar que, como señala Pérez, no es el “más adecuado” para el depósito de residuos, ni siquiera temporales, al tratarse de “una estructura permeable”.

Hay muchos frentes abiertos aún a consecuencia del derrumbe en Zaldibar, y que salpican al conjunto del País Vasco. En este sentido, Rekondo asegura que es “apremiante” que se revisen “uno a uno” los 15 vertederos que existen en Euskadi y los mecanismos de control para que “no se repitan sucesos” como el del pasado 6 de febrero. La posibilidad está ahí y, al respeto, juega en contra la carencia del “insuficiente” equipo de inspectores, compuesto por ocho técnicos para atender más de 350 instalaciones autorizadas para gestionar residuos sometidas a la declaración de impacto ambiental integrado. De cara a futuro, para responder al grave problema de los residuos en el País Vasco, Arriola ha abogado este mismo miércoles por introducir “cuanto antes” una tasa ecológica de vertido de residuos para “disuadir” a las empresas de esta práctica. “El desastre humano y medioambiental que se ha producido en el vertedero de Zaldibar, cuyas causas y responsabilidades habrá que determinar en su momento, tiene que llevar a una profunda reflexión sobre el modelo de economía circular que el País Vasco necesita construir”, asevera.

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Hay crisis ambiental, pero también política, con acusaciones permanentes entre la oposición y los partidos que sustentan el Ejecutivo de Urkullu —PNV y PSE—: unos, por la “nefasta” gestión del derrumbe y la “soberbia” a la hora de actuar del gabinete del lendakari, y otros, por la “carroñería política” por utilizar este desastre con “intereses partidistas" con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Los comicios del 5 de abril dictaminarán, en su caso, el coste político de la crisis de Zaldibar. Al respecto, el responsable de relaciones institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha admitido recientemente que lo ocurrido “claro que va a afectar”, al ser preguntado por el posible desgaste electoral para su partido en la Cadena SER. Otras voces, en cambio, consideran que no le va a pasar factura a la formación 'jeltzale' por los precedentes electorales. Las urnas depurarán las responsabilidades que les corresponden a expensas de que la Justicia depure las que están en su mano. Y aquí, el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los municipios de Ermua y Eibar ya han anunciado que se personarán en la causa judicial abierta como acusación particular. Y mientras tanto, la indignación entre la población sigue encendida.