Los letrados arremeten contra el traspaso "bilateral" de las pensiones al País Vasco

El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco ha levantado ampollas en el cuerpo de letrados del sistema público de protección social. Los letrados aseguran que “no solo la igualdad de todos los españoles sino la propia caja única se puede ver afectada como consecuencia del proceso de transferencias que se pretende iniciar”.

Los gobiernos español y vasco cerraron este jueves un cronograma para el traspaso al País Vasco de la treintena de competencias que está pendiente de materializar para el "cumplimiento íntegro del Estatuto" de Gernika que acelera el traspaso de Prisiones a lo largo de este año y deja la negociación de la cesión del régimen económico de la Seguridad Social para a partir de junio de 2021.

Ahora, los letrados cuestionan, en concreto, que dada la importancia de esa transferencia se pueda realizar en una mera comisión bilateral Estado-País Vasco, “sin que previamente se delimiten, en el seno del Pacto de Toledo, los principios básicos a los que debe someterse un proceso que va a tener inmediata trascendencia para, absolutamente, todos los ciudadanos de este país”.

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En su opinión, el proceso de transferencias debe abordarse con el imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados (políticos, sociales, y técnicos) que solo cabe encontrar en el seno del Pacto de Toledo con un objetivo: preservar el sistema de Seguridad Social, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. “Se trata -sostiene los letrados- de una decisión adoptada sin la indispensable intervención del Pacto de Toledo, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social”.

Los letrados recuerdan que el sistema de previsión social español se define por un principio básico de solidaridad financiera garantizado por la Administración de la Seguridad Social, que supone que esta se reserve la “disponibilidad directa sobre los fondos propios” que son intransferibles en cuanto a "las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios o prestaciones" so pena de vaciar de contenido el referido principio.

El escrito recuerda que, en diferentes sentencias, el Tribunal Constitucional ha señalado que, en materia de régimen económico de la Seguridad Social, “no puede extraerse la apresurada conclusión” de que el Estado “retenga solo potestades normativas”. Por el contrario, se asegura, lo que ha buscado la carta magna es preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de “un régimen público”, es decir, “único y unitario” de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social.

Es por ello por lo que exigen que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social “quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional”, y lo que no es menos importante, “que se adoptan bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única”.