Sánchez regala la campaña al PNV y deja la presencia del Estado en Euskadi al mínimo

Será casualidad, fruto del azar o paradojas de la vida, pero lo cierto es que pocas horas después de que este jueves los gobiernos central y vasco cerraran en Vitoria un acuerdo para acometer el “cumplimiento íntegro” del Estatuto de Gernika de 1979 con la transferencia de una treintena de competencias que quedaban pendientes por materializar, el expresidente del Gobierno José María Aznar ofrecía en Bilbao una conferencia para abordar el “necesario fortalecimiento de España en el País Vasco” de la mano de la Asociación Esteban de Garibay, surgida hace ahora un año para fortalecer la imagen de España en esta comunidad ante el “avance del nacionalismo”.

Estas dos fotografías antagónicas ilustran una única realidad: la presencia del Estado en el País Vasco quedará reducida al mínimo a finales de 2021 en caso de que se cumpla en tiempo con el calendario de traspaso de 32 competencias acordado entre ambos ejecutivos con la reunión que han mantenido en la mañana de este jueves las delegaciones encabezadas por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza y Autogobierno, Josu Erkoreka.

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El cronograma está establecido con una planificación de transferencias estructurada en cuatro bloques, cada uno con plazos fijados para su materialización. El proceso se iniciará ya en marzo con las tres primeras competencias y culminará en diciembre del próximo año con el régimen económico de la Seguridad Social, que cierra el listado. Ahora, falta por concretar la arquitectura jurídica y administrativa de cada uno de los traspasos, que será abordada durante las posteriores negociaciones, que deberán cerrar los términos concretos en los que se producirá el acuerdo en cada una de las materias de cara a su plasmación. En esencia, a rasgos generales, implicará que el Gobierno vasco asume la gestión y el Ejecutivo central transfiere los medios materiales y humanos, ya sean las infraestructuras, los edificios o el personal.

Con el acuerdo de este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez acomete el mayor empujón dado por el Estado al desarrollo estatutario vasco desde su aprobación en 1979, lo que va a derivar en su cumplimiento íntegro 40 años después. Esto, 'de facto', va a suponer que la competencia del Estado en el ámbito de gestión y ejecución en el País Vasco sea residual una vez se materialice el traspaso de las 32 competencias. “Hoy es un día importante. Abrimos una nueva etapa. Por primera vez en la historia, contamos con un cronograma de trabajo para transferir al País Vasco la totalidad de las competencias pendientes”, ha resaltado Erkoreka para celebrar lo que ha calificado de “hito” y de pacto “histórico” para el País Vasco y su autogobierno.

El Ejecutivo atiende así las dos históricas demandas del nacionalismo vasco, las competencias de Instituciones Penitenciarias y el régimen económico de la Seguridad Social, pero el compromiso asumido por el gabinete de Sánchez también contempla la cesión de materias importantes en la actualidad para el Estado, como puertos de interés general, aeropuertos o inmigración —estas materias están incluidas en el tercero de los bloques, a negociar y culminar entre enero y junio de 2021—.

De este modo, de cumplirse con los plazos establecidos, en 2022 se habrá consumado el proceso paulatino de pérdida de competencias del Estado en el País Vasco en virtud del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. La asunción de estas competencias está recogida en el articulado de la norma básica del País Vasco, si bien su desarrollo no se había completado a lo largo de cuatro décadas por ninguno de los gobiernos del PP o del PSOE. Es más, esta cuestión ha sido siempre objeto de negociación política con el PNV, deparando traspasos sonados y polémicos que han sido considerados como “cesiones” al nacionalismo vasco a cambio de su apoyo al Ejecutivo.

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De hecho, el compromiso adoptado por el Gobierno central para completar el Estatuto de Gernika transcurridos 40 años desde su aprobación llega en cumplimiento del pacto alcanzado entre Sánchez y el PNV a principios de este año para posibilitar la investidura del líder del PSOE. El enorme botín que ha arrancado al Estado la formación ‘jeltzale’ con sus seis representantes en el Congreso de los Diputados también repercute en Navarra, con el compromiso adoptado por el Ejecutivo de traspasar a esta comunidad en el plazo de seis meses las competencias de Tráfico y Seguridad Vial, que actualmente comparten la Guardia Civil y la Policía Foral. Entre los restantes logros, el partido de Andoni Ortuzar tendrá capacidad de influencia en la fiscalidad española al asegurarse que el Gobierno deba acordar previamente con la formación nacionalista las medidas fiscales que vaya a proponer en las Cortes Generales.

El Gobierno ha dado cumplimiento al pacto con el PNV en plena precampaña electoral en el País Vasco, con los comicios autonómicos del 5 de abril a la vuelta de la esquina. Apenas a mes y medio de la cita con las urnas, el Ejecutivo de Sánchez da así aire al lendakari cuando atraviesa el momento más bajo de sus dos mandatos, con la controvertida gestión de la crisis del derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) —aún permanecen sepultados dos trabajadores dos semanas después del siniestro—, que ha hecho mella en su liderazgo.

El Gobierno da aire a Urkullu cuando atraviesa su momento más bajo, con la controvertida gestión de la crisis del derrumbe del vertedero de Zaldibar

Pero no solo el acuerdo sino también la planificación de los traspasos va en beneficio del candidato del PNV para lograr un tercer mandato en Ajuria Enea. La materialización de las tres primeras competencias —productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo— se producirá el 16 de marzo en la Comisión Mixta de Transferencias; esto es, a las puertas del inicio de la campaña electoral. De este modo, Urkullu iniciará la carrera hacia la presidencia vasca en un escenario favorable con el innegable apoyo del Ejecutivo de Sánchez, que ya de antemano había dado una baza al lendakari al comprometerse a seguir abordando el proceso de transferencias durante la campaña o bajo un Gobierno en funciones.

La previsión es que el nuevo Gobierno vasco que se derive de las elecciones se constituya en junio. Ya para entonces, el cronograma cerrado este jueves contempla abordar la negociación para el traspaso de Instituciones Penitenciarias de cara a su materialización antes de que finalice el año. Sería el primer gran logro competencial para el próximo Ejecutivo de Vitoria, con el PNV y el PSE-EE aspirando a reeditar la fórmula de Gobierno en coalición. Para ello, cuentan con el aval de las encuestas de cara al 5 de abril, que les otorga mayoría en el Parlamento vasco, donde esta legislatura la oposición ha sumado más escaños.

El Gobierno ha respondido a los partidos de la derecha que censuran su "supeditación" al nacionalismo vasco por el apoyo brindado a la investidura de Sánchez replicando que el acuerdo alcanzado para el traspaso de competencias responde al "compromiso con el País Vasco y su autogobierno, gobierne quien gobierne", en palabras de Darias. En todo caso, las voces críticas aseguran que el paso dado por el Ejecutivo de Sanchez supone la "puntilla definitiva" al Estado, que desde hace muchos años tenía una "complicada posición" en Euskadi por las "constantes cesiones" al nacionalismo. "Las pocas competencias que tenía las ha ido cediendo. Ahora, en la práctica, va a suponer la desaparición del Estado en el País Vasco", censura el exdelegado del Gobierno del PP en el País Vasco Carlos Urquijo.

A la espera de que se concrete "el modo y la manera" en que se materializarán las transferencias, lo que se ejecutará —no tiene dudas— "bajo la fórmula que quiera el PNV", el que fuera representante del Estado en el País Vasco de 2012 a 2016, cuando fue cesado por Mariano Rajoy para posibilitar el acuerdo de Presupuestos de 2017 con el PNV, pone igualmente el acento en los efectos de este nuevo escenario en la percepción ciudadana. "La población va a pensar que todo lo hace el Gobierno vasco y que el Estado no participa para nada y no pone recursos económicos, cuando no es así. Seguirá pagando las pensiones o las obras del tren de alta velocidad, y va a parecer que lo aporta todo el Gobierno vasco", asevera.

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Frente a las críticas al Gobierno por el paso dado, otras voces defienden que se trata de cumplir con lo recogido en el Estatuto de Gernika, un texto que, recuerdan, es "intachable" a nivel constitucional. A este respecto, y ante la pérdida de poder del Estado en cuanto a la capacidad de gestión en Euskadi, se pone de relieve que el Gobierno central mantendrá invariable su poder competencial legislativo a través de las leyes básicas, de obligado cumplimiento para el Ejecutivo vasco, y que condicionan y limitan en gran medida la capacidad soberana de Vitoria.