El adelanto electoral tumba 50 iniciativas de la oposición para forzar al Gobierno vasco

El lehendakari Iñigo Urkullu ha sacrificado 29 iniciativas del Gobierno que se encontraban en tramitación en el Parlamento Vasco con el adelanto electoral decretado esta semana, y que pone el cierre a un mandato que ya de por sí ha estado caracterizado por la escasa producción legislativa. Con su decisión, el presidente vasco ha priorizado el evitar el complicado cierre de legislatura que le aguardaba en la Cámara de Vitoria ante las polémicas gestiones que le salpican a afrontar la aprobación de algunos de los proyectos estrella marcados en 2016. Aunque Urkullu contaba a priori con el aval de Podemos, que había mostrado su disposición a sacar adelante una decena de normativas, según ha desvelado su líder en el País Vasco, Lander Martínez, el previsible desgaste político en los últimos meses de mandato ha decantado la balanza hacia la convocatoria de la cita electoral en el plazo más temprano posible por ley: el 5 de abril.

Pero más allá de los proyectos y proposiciones de ley del Gobierno, la disolución del Parlamento Vasco para posibilitar el adelanto de unos comicios que, en principio, estaban previstos para octubre ha enterrado cerca de medio centenar de proposiciones no de ley impulsadas por la oposición, que contaba con mayoría en la Cámara de Vitoria ante el Ejecutivo de PNV y PSE-EE. Entre estas iniciativas, se pedía implantar un salario mínimo mensual de 1.200 euros en el País Vasco, la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 2 años para las familias con ingresos inferiores a 24.000 euros, la implantación de medidas para impedir prácticas corruptas en la Administración a raíz de la sentencia del 'caso de Miguel' que condenó a tres exdirigentes del PNV en Álava por liderar la mayor trama de corrupción juzgada en Euskadi, la fiscalización de los contratos adjudicados por el Instituto vasco de la Memoria Gogora a una empresa de un miembro del PNV o la retirada del decreto del Gobierno vasco que da cobertura legal a los municipios para relacionarse solo en euskera.

Se pedía la gratuidad de las escuelas públicas de 0 a 2 años para rentas inferiores a 24.000 euros o retirar el decreto que faculta a usar solo el euskera

Ahora todas estas iniciativas impulsadas por EH Bildu, Podemos o el PP para forzar al Ejecutivo de Urkullu decaen al decretar la Mesa del Parlamento el "cierre del expediente por fin de legislatura" tras la publicación este pasado martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del decreto de disolución de la Cámara firmado por el lehendakari.

La oposición ha sido muy crítica con las “prisas” de Urkullu a la hora de cerrar su segundo mandato, que llega medio año antes de lo previsto. Esta circunstancia impedirá, entre otras cuestiones, que el Parlamento debata sobre el estudio de las vías legales o administrativas para obtener el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia de cara a su recuperación por las administraciones afectadas, el impacto de las "nuevas adicciones" en la ciudadanía vasca –en especial “las consecuencias que pueda tener el juego” –, o la exigencia de que el Gobierno vasco adopte medidas para revertir a la mayor “brevedad” el “alto índice” de recomendaciones no aceptadas del Defensor del Pueblo del País Vasco (Ararteko).

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Asimismo, el adelanto electoral hará que la Cámara no afronte la posibilidad de instar a EiTBa eliminar los anuncios de comida basura durante la programación destinada al público infantil de los diferentes canales de la radiotelevisión pública vasca o prohibir la venta de productos no saludables en las máquinas ‘vending’ ubicadas en todos los edificios de la Administración Pública –centros de salud, recintos culturales, espacios educativos…–, a instancias de EH Bildu.

La coalición 'abertzale' también había registrados dos proposiciones no de ley a raíz de la sentencia del ‘caso de Miguel’. Por un lado, pedía mejorar las medidas de control para evitar las prácticas corruptas, caso de la creación de la Fiscalía Anticorrupción vasca y de una unidad especializada en la Ertzaintza para luchar contra "el uso indebido e ilícito de dinero público" o el establecimiento de “mecanismos para terminar con las redes clientelares”, y, por otro, reclamaba auditar todos los contratos formalizados por los condenados con las empresas implicadas en la causa. Igualmente, la antigua Batasuna había presentado proposiciones no de ley dirigidas a incrementar las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos de las ayudas de emergencia social o garantizar la puesta en vigor de un salario mínimo de 1.200 euros mensuales que han decaído por el cierre de la legislatura.

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También quedan sin efecto las iniciativas presentadas por Podemos para impulsar la creación del Consejo Vasco de Derechos Humanos, establecer un protocolo de actuación para la Ertzaintza ante los conflictos laborales y huelgas con el objetivo de defender los derechos de trabajadores a la vista de algunos excesos en sus intervenciones, o reclamar al Gobierno de España la reforma urgente de la Ley del Régimen Electoral General suprimiendo el voto rogado. A este último aspecto, reclamaba al Ejecutivo de Vitoria que, de cara a las elecciones autonómicas, establezca un sistema de envío único de sobres, papeletas y propaganda electoral al censo electoral de residentes y eliminando la subvención actual al envío directo y personal de este tipo de material.

El PP había reclamado fiscalizar toda la actuación y funcionamiento del Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos desde su inauguración en 2015

El PP, por su parte, ha visto cómo ha decaído su propuesta para exigir la retirada del decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales del País Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre, y que faculta a los ayuntamientos a relacionarse solo en euskera. El “grave riesgo de discriminación” que implica la normativa, que “puede restringir gravemente los derechos ciudadanos de las personas desconocedoras del euskera”, ha llevado a este partido a exigir su derogación por vía judicial. Los populares también habían registrado una proposición no de ley tras salir a la luz las dudosas contrataciones de diferentes organismos públicos al grupo de empresas Montai propiedad del miembro del PNV Aitor Elorza. En concreto, aludía a las adjudicaciones del Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos Gogora con la exigencia de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscalice “toda su actuación y funcionamiento” desde su inauguración en 2015, y haga “un especial análisis de las distintas adjudicaciones a empresas y de los contratos menores a la mayor brevedad posible".

Varias de las iniciativas que se quedan en el limbo afectan al ámbito educativo, con proposiciones que estaban encaminadas a favorecer la atención y el itinerario educativo del alumnado con necesidades educativas especiales, posibilitar el acceso gratuito al Consorcio Haurreskolak para las familias con ingresos inferiores a los 24.000 euros anuales como un primer paso hacia la gratuidad en la red de escuelas públicas infantiles de 0 a 2 años, o "dignificar el sueldo del personal investigador no doctor".

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La decisión del lehendakari de adelantar los comicios ha supuesto la disolución del Parlamento justo cuando acababa de retomar la actividad plenaria tras un enero inhábil –la Cámara ha celebrado únicamente un pleno ordinario y una sesión de control al Gobierno–. No obstante, a lo largo de este 2020 la oposición había registrado una quincena de proposiciones no de ley que ahora no van a tener recorrido parlamentario. Entre ellas, se iba a debatir sobre “la igualdad de oportunidades que debe tener la población emigrante en el empleo público”, el impulso del ahorro energético en el comercio, la hostelería y el turismo, el “replanteamiento de la Selectividad” o las “garantías para que la ejecución del proceso de matriculación para el curso 2020-2021 no ahonde en la segregación”.

Adiós a la reforma del Estatuto

La oposición podrá, en su caso, retomar alguna de estas iniciativas durante la próxima legislatura, a expensas también de que se puedan reanudar los proyectos de ley que el lehendakari ha dejado caer en caso de que, tras las elecciones del 5 de abril, se reedite el Ejecutivo en coalición de PNV y PSE-EE. El gran proyecto que se ha quedado en el cajón es la reforma del Estatuto de Gernika, si bien su aprobación se antojaba ya de por sí muy difícil por lo ajustado de los plazos aún en el caso de agotarse la legislatura y por las fuertes discrepancias entre los partidos en torno a un borrador de corte soberanista que incluye el derecho a decidir.

El cierre de la legislatura también implica que decaerá la reforma del sistema de garantía de ingresos, la nueva Ley de Igualdad o la futura normativa sobre el cambio climático. Igualmente, manda al limbo la Ley de Memoria Histórica del País Vasco, que no estaba contemplada en el calendario legislativo al inicio de la legislatura pero que el Ejecutivo de Vitoria activó dada la trascendencia de la materia tras la presentación de unainiciativa legislativa popular al respeto. Son algunos de los proyectos que Urkullu ha decidido sacrificar ante los polémicos temas que le atenazan –el último, la muy cuestionada gestión del Gobierno tras el derrumbe el pasado 6 de febrero del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) que mantiene sepultados a dos trabajadores– y que iban a marcar su final de mandato.