Sindicatos nacionalistas buscan paralizar el País Vasco con una huelga previa a las urnas

Cuando este pasado lunes el representante del movimiento de pensionistas de Vizcaya, Jon Fano, alzó la voz ante las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, por primera vez dos años después del inicio de las concentraciones de protesta para reivindicar una pensión mínima de 1.080 euros al mes, el destinatario principal del mensaje no era el Gobierno español. Las críticas apuntaban al propio entorno, al mismo colectivo de pensionistas, fracturado por la convocatoria este jueves de la huelga generalen el País Vasco y Navarra que han convocado los sindicatos nacionalistas y otros colectivos que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en defensa de “un trabajo, unas pensiones y una vida dignas”.

“Nos sobran razones”, clamó para justificar el apoyo del movimiento a la huelga general y arremeter contra las asociaciones que se ha desmarcado de esta convocatoria. “Nos preocupa más que algunos pensionistas digan que no ven justificada la huelga”, censuró desde el micrófono. Fue el preludio al comunicado del día después, donde el movimiento elevó el tono contra los críticos, a quien exigió no “boicotear” la huelga y “respetar” la decisión adoptada “democráticamente” y “por una mayoría cada vez más absoluta” en las diferentes asambleas de adherirse a la jornada de paro general.

La huelga "amenaza la supervivencia" del fracturado movimiento de pensionistas: "Supone diluir las demandas de un colectivo en otros fines diversos"

La convocatoria de la huelga no solo ha hecho saltar por los aires 24 meses de unidad sin fisuras, con concentraciones todos los lunes en Bilbao dentro de una movilización que ha sido objeto de reconocimiento por colectivos de pensionistas en el conjunto de España, sino que amenaza incluso con la supervivencia del movimiento. Así lo han advertido las asociaciones de pensionistas de Vizcaya que no secundan una convocatoria que, según lamentan, “supone diluir las demandas del colectivo de pensionistas en otros fines diversos" y "provoca la división de un movimiento que era patrimonio de todos”. “La huelga general no es en nuestro nombre ni con nuestras reivindicaciones”, denuncian los colectivos críticos, agrupados en la plataforma Ados-Consenso, ante una jornada que ven con intencionalidad "política", con las elecciones autonómicas vascas en el cercano horizonte.

La honda fractura entre el colectivo al que afecta la principal demanda de la convocatoria de la huelga condiciona de forma sintomática las horas previas de una jornada de paro general en el País Vasco y Navarra de la que se han desmarcado los sindicatos CCOO y UGT por “ineficaz” en sus formas y objetivos –las materias objeto de reivindicación son en mayor parte competencia del Estado– e “inoportuna” por el momento, con los primeros pasos del Gobierno en coalición del PSOE y Podemos en España, que se ha comprometido a derogar la reforma laboral aprobada por el PP y estudiar la posible viabilidad de implantar una pensión mínima de 1.080 euros y un SMI de 1.200 euros al mes.

"Una huelga política en año electoral: blanco y en botella", censura Erkoreka ante una huelga para la cual "no existen en absoluto razones objetivas"

“Una huelga política en año electoral: blanco y en botella”. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se pronuncia de forma expresiva a las puertas de la huelga sobre los fines que se persiguen con una convocatoria para la cual “no existen en absoluto razones objetivas” y que llega a las puertas de las elecciones autonómicas, previstas en principio para otoño aunque todos los partidos trabajan con el escenario de un adelanto de los comicios a antes del verano. Es el mismo planteamiento que defiende la patronal vasca Confebask, que se muestra tremendamente crítica con una jornada que su presidente, Eduardo Zubiaurre, califica de “incomprensible”, “injustificada” y “bastante irresponsable” dadas las actuales “condiciones socioeconómicas” en el País Vasco, donde se dan los salarios medios "más elevados" o las pensiones "más altas" de España. “La situación no es ni de lejos de la gravedad y de la alarma social que están intentando extender los convocantes de la huelga”, asevera.

Pero las organizaciones integradas en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, encabezadas por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, se reafirman en la necesidad de la huelga general para responder en la calle al “progresivo empeoramiento” de la calidad de vida dada la “cada vez mayor precariedad laboral” y el “incremento de la brecha salarial”. Los líderes de las dos centrales, Mikel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, respectivamente, acusan a los gobiernos vasco y navarro de esconderse en la presunta falta de competencias en las materias que son objeto de reivindicación para no acometer “mejoras de fondo en pensiones o condiciones laborales, vivienda o servicios públicos”.

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José Mari Alonso. Bilbao

La convocatoria de la huelga fue anunciada en octubre con una tabla de reivindicaciones que afecta al sistema público de pensiones –incrementar las pensiones hasta un mínimo de 1.080 euros mensuales, su revalorización en función del IPC o la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013–, a las condiciones laborales –reducción de la jornada a 35 horas semanales, jornada mínima de 20 o SMI de 1.200 euros mensuales–, al reconocimiento de los los derechos sociales "hoy vulnerados" o el establecimiento de un marco propio de relaciones laborales y de protección social. Desde entonces, ninguna de las partes implicadas se ha movido en sus planteamientos iniciales.

Ante este choque inevitable, el lehendakari Iñigo Urkullu remitió el pasado 16 de enero a ambos sindicatos una misiva para pedirles que "reflexionaran" y reconsideraran la convocatoria de una jornada de paro “desproporcionada” por la ausencia de “razones objetivas”. “No existen correspondencia ni proporcionalidad alguna entre las reivindicaciones que demandan y las competencias del Gobierno vasco para dar respuesta a las mismas”, rebatió Urkullu a las centrales en una carta redactada en un tono muy crítico. Incluso, el presidente vasco se ha negado a atender la petición que le trasladaron ELA y LAB por carta de mantener una reunión para abordar estas reivindicaciones. “Convocar previamente una huelga general no es, en mi opinión, una iniciativa lógica y consecuente para exponer y, en su caso, debatir y negociar unas reivindicaciones. Y menos, reitero, fuera del ámbito competencial del Gobierno vasco”, justificó su rechazo al encuentro en su misiva de respuesta.

Urkullu se ha negado a un encuentro con ELA y LAB: "Convocar previamente una huelga general no es una iniciativa lógica para debatir unas demandas"

“Urkullu deja claro que esta huelga no va con él, y lo que hace es mentir y no decir la verdad cuando asegura que no tiene competencias para legislar sobre los temas recogidos en nuestra tabla de reivindicaciones”, han replicado las centrales, que denuncian que resulta “difícilmente explicable que el máximo responsable de un país no quiera recibir a la mayoría sindical porque eso no pasa en una democracia al uso”. “Ese autoritarismo está de sobre en este país y debería reflexionar sobre su actitud porque, cuando solo se escucha una parte, a las grandes empresas, y solo se reúne con una parte, se acaba hablando como ellos, algo que no es sano ni democrático”, han censurado a las puertas de la huelga de este 30 de enero.

El enfrentamiento a nivel personal es otro de los capítulos previos a la jornada de paro general, que llega entre numerosas peticiones a los convocantes para que “se respete el derecho de las personas a ir a trabajar” con “toda legitimidad” sin que se den “presiones” con piquetes que obliguen, por ejemplo, a cerrar la persiana a muchos comercios. De momento, según han informado los colectivos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, cerca de 1.500 comités de empresas del País Vasco y Navarra han aprobado en sus centros de trabajo secundar la huelga general. A este respecto, se han constituido en torno a 180 comités de huelga para coordinar las diferentes movilizaciones de protesta.

La huelga pretende colapsar la calle con más de 100 movilizaciones en Euskadi y Navarra: habrá marchas mañana y tarde en las capitales vascas

La pretensión es paralizar la economía, pero también colapsar la calle con la participación de colectivos feministas, estudiantiles o sociales que den a la jornada un carácter no exclusivamente sindical –la jornada también suma a las centrales ESK, CNT, Etxalde, Steilas, EHNE e Hiru–. En previsión de que la jornada no cuaje de forma general en los centros de trabajo, se busca exhibir músculo social. Para ello, se han convocado más de un centenar de movilizaciones en diferentes ciudades del País Vasco y Navarra, con manifestaciones tanto por la mañana (12.30 horas) como por la tarde (18.00 horas) en las tres capitales vascas, y que buscan llevar la protesta a la calle y afectar al normal quehacer diario de las ciudades. Para limitar las afecciones al transporte público, el Gobierno vasco ha aprobado un decreto de servicios mínimos del 30% que los convocantes de la huelga consideran "abusivo".

Pese a ello, y a la espera de lo que ocurra el 30 de enero, los sindicatos nacionalistas ya estiman que la huelga va a ser un “éxito”. “Vamos a salir más fuertes de esta huelga, vamos a tener más fuerza para continuar con las reivindicaciones”, aseveran, convencidos de que van a lograr que “algún día” el lehendakari se “siente a escuchar a la mayoría social y sindical de este país”. En todo caso, el Gobierno vasco insiste en que, más allá de las cuestiones sociales y económicas a las que apuntan los convocantes de la huelga, existen razones “políticas, reconocidas por ellos mismos", para la convocatoria. “Se hace muy raro que si, de verdad, había voluntad de diálogo, se realice la convocatoria de una huelga hace más de tres meses y hace 15 días se solicite una reunión [con Urkullu]", ha subrayado este miércoles la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.