España exige ingresos de 4.300 € al mes para conceder la residencia a estos dos ancianos

Manuel y Carlota llegaron a España en 2008 procedentes de Ecuador. Ambos, sordomudos de nacimiento, se mudaban al País Vasco para reunirse con su hija, Sandra Paola, que había decidido cruzar el charco e instalarse en Bilbao allá por el año 1999. Los nueve años que pasaron desde que la hija migró hasta que lo hicieron sus padres fueron un suplicio para los tres.

Si la distancia es siempre dura entre los seres queridos, más aún teniendo en cuenta las dificultades que implicaba la discapacidad de los progenitores. Separados, y en un contexto en el que las videollamadas no eran tan comunes como hoy, no podían mantener una conversación por sí mismos: “Tenía que llamar a algún familiar para que me contara lo que me querían transmitir y después les explicaban a ellos lo que yo les quería decir”, rememora la hija en una conversación telefónica.

TE PUEDE INTERESAR

El antídoto contra la xenofobia se crea en Vallecas: la clave está en el bar de la esquina

Javier Bocanegra

“Allí estaban solos. Se hacían mayores y necesitaban a alguien que estuviera pendiente de ellos”. Por esta razón, se puso manos a la obra para buscar la fórmula por la que sus padres pudieran reunirse con ella.

Después de ese suplicio de casi una década alejados, madre, padre e hija volvieron a estar juntos tras solicitar la reagrupación familiar una vez la joven había conseguido ya la nacionalidad española. Desde su llegada, Manuel y Carlota, de 78 y 76 años, han visto cómo han mejorado sus vidas y están completamente integrados.

El problema llegó cuando Sandra Paola se fue a vivir con su pareja y comenzó a formar un núcleo familiar. Los padres quedaron en situación irregular en España, con los riesgos que esto implica. Para enmendar esta situación se pusieron en manos de un abogado, Javier Galparsoro, experto en casos de extranjería y que en diciembre de 2017 solicitó que se les concediera un permiso de residencia temporal por razón de arraigo social que tendría una vigencia de un año.

4.300 euros al mes

Para lograr este objetivo, y ante la imposibilidad de que los afectados pudieran tener acceso a un contrato de trabajo tal y como se reclama, el matrimonio contó con el aval de un informe del Gobierno vasco -una de las vías que pueden emplearse en este tipo de situaciones-, que explicaba que no había necesidad de que tuvieran un contrato de trabajo al tener acceso a otros recursos económicos.

Para sorpresa del matrimonio de ancianos sordomudos y de la hija, su solicitud fue rechazada. ¿El motivo? Las autoridades, que optaron por evaluar los dos casos por separado pese a ser una unidad familiar, consideraron que no podía concederles la residencia porque no cobraban mensualmente 2.151 euros, más de 4.300 entre los dos. Esta cifra, que se extrae al multiplicar por cuatro el índice público de renta de efectos múltiples (Iprem) en ambos casos, fue considerada como el mínimo a ingresar para poder mantenerse en España.

Confío en Dios. Espero que alguien se ponga en nuestro lugar. No puedo creer que el mundo sea así

El segundo argumento para denegar la petición fue que el único ingreso que tenía la pareja tampoco era válido para ser tenido en consideración, ya que provenía de fondos públicos. Se trata de una Renta de Garantía de Ingresos vasca, que les fue concedida tras llevar más de tres años en el territorio y que les reporta cada mes unos 780 euros. Con esta cuantía, la pareja logra pagar el alquiler, mientras su hija les apoya para otros gastos. “Como era una prestación pública, consideraron que eran una carga para el Estado”, comenta a El Confidencial el abogado.

El caso llegó entonces al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que también rechazó su recurso. Ahora solo les queda un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que Galparsoro antoja “muy difícil”.

La hija no puede contener las lágrimas mientras narra la situación: sus padres septuagenarios y con una discapacidad se quedan en situación irregular y ante el riesgo de que puedan recibir una orden de expulsión, un extremo que su defensa cree improbable.

"Es totalmente inconcebible. Uno no puede creer que se les pueda exigir esas cantidades. Es una ley hecha para inmigrantes como Messi o Shakira"

“Confío en Dios. Espero que alguien se ponga en nuestro lugar. No puedo creer que el mundo sea así”, murmura la hija entre sollozos durante la conversación.

Galparsoro no consigue creerse la situación y asegura que no se había topado con un caso similar en su dilatada carrera. “Esto es totalmente inconcebible. Uno no puede creer que se les pueda exigir esas cantidades. Es una ley hecha para inmigrantes como Messi o Shakira. Nunca he visto nada así”, apunta el abogado, que cuenta que es la primera vez que tiene un caso en el que no puede comunicarse directamente con sus clientes: “Hablamos a través de la hija”.

El letrado, también presidente de CEAR Euskadi, explica que uno de los aspectos que más le ha sorprendido es que las solicitudes de residencia temporal hayan sido tratadas de forma independiente a pesar de ser un matrimonio, que reside en la misma vivienda y que recibe una prestación social de forma conjunta. Galparsoro considera que el análisis del caso por separado puede haber jugado en su contra.

Ahora, a la espera del Tribunal Supremo, Manuel y Carlota solo esperan no tener que vivir sus últimos años con la angustia de si serán expulsados del país y no verse obligados a separarse de su hija una vez más.