Vitoria revisa el tamaño de 1.500 plazas para minusválidos: en algunas no cabe el vehículo

Es poco habitual que un ayuntamiento anule una multa impuesta por los policías municipales por estacionamiento inadecuado del vehículo tras una denuncia que, en la mayoría de las ocasiones, obedece a discrepancias de interpretación entre el agente y la persona sancionada. Pero más infrecuente es aún si cabe que se revoque la sanción económica por… falta de espacio material en el lugar de estacionamiento. Esto es, por no cumplir los metros exigibles por normativa.

El Ayuntamiento de Vitoria ha acordado dejar sin efecto una sanción interpuesta a un conductor titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad por estacionar su vehículo en un espacio reservado para este colectivo tras constatar que el aparcamiento no cumplía el tamaño legalmente exigible. Así lo ha acordado tras la intervención del Defensor del Pueblo del País Vasco, el ararteko, y constatar que la plaza para el aparcamiento en batería no cumplía con las medidas que establece la normativa, lo que hizo que el vehículo de la persona denunciada sobresaliera de los límites de la misma. En concreto, el estacionamiento tenía 4,5 metros frente a los seis que establece la normativa municipal para las plazas en batería.

La normativa establece que las plazas de movilidad reducida en batería deben tener seis metros y el aparcamiento donde se puso la multa tiene 4,5

Pero la intervención del ayuntamiento no se limita a dejar sin efecto una sanción económica de algo más de 100 euros, ya que la actuación del ararteko va a tener consecuencias que van más allá de este caso concreto: así, el Departamento de Tráfico municipal está revisando las 1.500 plazas de estacionamiento de movilidad reducida que existen en la ciudad para determinar si este caso es puntual o existen más deficiencias de espacio en las plazas destinadas a conductores con discapacidad.

Con este fin, el consistorio se ha comprometido a detectar posibles problemas de dimensionamiento, diseño, señalización y acceso de todos los aparcamientos reservados a personas con discapacidad. Se trata de evitar posibles nuevos casos como el que motivó la intervención del ararteko a raíz de la queja presentada por el conductor sancionado. Este, ante la multa que le interpuso un agente de la Policía Local, asumía que el vehículo estaba aparcado fuera de los límites de estacionamiento, pero lo achacaba a que la plaza no cumplía con las medidas legales.

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El agente fundamentaba la denuncia en que el vehículo estaba aparcado fuera de los límites y dificultaba el paso de vehículos de gran tamaño. Por estacionar “en parada de minusválidos, obstaculizando parcialmente un carril de circulación”, esgrimía la multa. Sin embargo, el afectado puso dos objeciones para exigir que se le revocara la sanción económica: por un lado, apuntó a la citada falta de espacio de la propia plaza y, por otro, rechazó el argumento de que su vehículo impedía el paso de otros vehículos, “ni siquiera el de un camión”, y no solo porque lo había comprobado in situ, sino porque, de ser así, el coche hubiera sido retirado del lugar para no obstaculizar el tráfico.

Tras analizar la información facilitada por la persona multada, el ararteko, Manu Lezertua, trasladó al Ayuntamiento de Vitoria la valoración que realizaba de la queja en su expediente a la espera de la réplica del Consistorio de cara a emitir una posterior recomendación. Pero no fue necesario un pronunciamiento público, ya que el Gobierno municipal ha asumido el error sin que haya sido necesaria por parte del Defensor del Pueblo Vasco dirigir una recomendación.

La plaza que ha motivado ahora la revisión de todas las plazas de movilidad reducida se encuentra en la calle San Francisco, en un espacio destinado al aparcamiento en batería. El consistorio admite a El Confidencial que estaba “incumpliendo” la normativa de dimensiones de estas plazas, que establece que los aparcamientos en batería tienen que disponer de seis metros para “permitir que la persona pueda salir del vehículo sin ningún problema”, y en este caso la plaza en cuestión “tenía aproximadamente 4,5 metros”. Este último es el tamaño, según puntualiza, de las “plazas habituales”. A este respecto, fuentes municipales precisan que el coche multado ya superaba de por sí este espacio porque era "grande".

El ayuntamiento asume que "algunas plazas se han quedado obsoletas" y revisa posibles problemas de dimensionamiento, diseño, señalización y acceso

Al margen de este caso, y a la espera de los resultados que depare esta revisión general, el ayuntamiento asume que “hay algunas plazas que se han podido quedar obsoletas”, ya que “se pintaron antes de la normativa más actual”. Será, en todo caso, este proceso de revisión de las 1.500 plazas de movilidad reducida distribuidas por la ciudad el que ofrecerá “un listado del número de plazas deficientes y los motivos de la deficiencia” de cara a actuar sobre ellas.

A este respecto, el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un contrato para repintar todas las plazas de este tipo y ahora se está a la espera de que “las condiciones climatológicas permitan empezar” las tareas de pintado de estos estacionamientos de movilidad reducida. En este contrato, sostiene, también se incluye la modificación de las plazas que presenten alguna deficiencia. El Departamento de Tráfico afirma que supera el ratio de plazas de movilidad reducida que establece la ley, ya que, por norma general, se atiende a la “gran mayoría” de peticiones que llegan de los ciudadanos, lo que hacer que existan estacionamientos cerca de los hogares de las personas con discapacidad que requieren un espacio para poder aparcar.