El fallo que asocia al PNV con la corrupción en plenas negociaciones con Pedro Sánchez

En el segundo trimestre de 2005, el entonces diputado foral de Administración Local y número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, ideó de la mano de sus compañeros en la Ejecutiva territorial del partido Koldo Otxandiano y Aitor Tellería la creación de "una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos" para “aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia” a la formación 'jeltzale', que gobernaba en las principales instituciones vascas, para “obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas”.

El fundamento que derivó en la puesta en marcha de la mayor trama de corrupción que se ha juzgado en el País Vasco es la “posición de poder que tenían dentro del PNV”, en el “mismo partido político que gobernaba la comunidad autónoma”. El “puesto político relevante” que ocupaban dentro del partido que “tomaba las decisiones” por entonces en el País Vasco los llevó a crear esta red para enriquecerse con la “ayuda o colaboración personal o societaria” de otras personas que, en su mayoría, estaban vinculadas de uno u otro modo con la formación ‘jeltzale’, y que "se pusieron al servicio de su plan".

El "puesto político relevante" que ocupaban en el partido que "tomaba las decisiones" en Euskadi los llevó a crear la red para lucrarse de forma ilícita

Así lo refleja la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, que ha resuelto el caso de corrupción más importante que se ha instruido en el País Vasco, y que ha llevado a 26 personas al banquillo de los acusados, con la imposición de penas que oscilan entre los 13 años y 3 meses de cárcel para el líder de la trama y entre seis años y seis meses de cárcel para Tellería para los tres cabecillas de la trama. Entre los diferentes delitos que se les atribuye, el tribunal condena a los tres exdirigentes del PNV por “asociación ilícita”, lo que certifica que hubo una trama de corrupción que pivota en torno a la “relación política” de los tres condenados en torno al partido nacionalista y que trataba de valerse de esa asumida “posición de poder” político e institucional que ostentaban en el PNV –Tellería pasó a ser, por ejemplo, gerente de una sociedad pública, el CEIA– para obtener un "ilícito beneficio económico".

Incluso, en la sentencia, que alcanza cerca de 1.200 páginas dada la envergadura y complejidad del caso, lo que ha llevado a dividir la causa finalmente en once piezas diferentes pero vinculadas con las diferentes operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la red corrupta, el tribunal refleja textualmente que el “único lazo verificado” entre los acusados era “una confianza entre ellos que venía de la misma militancia política y del contacto” que tenían con el Gobierno vasco.

El "único lazo verificado" entre los acusados era "una confianza que venía de la militancia política y del contacto que tenían con el Gobierno vasco"

Y esta posición “relevante” por su pertenencia al PNV les valió, según acredita la resolución judicial, para, a través del entramado societario creado, y con la “colaboración personal o societaria” de otros acusados para “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban, ya fuera para empresas vinculadas a ellos o para terceras personas o empresas con las que mantenían relación o vinculación de una u otra manera”. Asimismo, la red se ideó para reclamar y lograr el pago de comisiones ilegales “de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos” gobernados por el PNV y que, por norma general, alcanzaban el 4% del montante del contrato, así como para “solicitar y obtener el pago de cantidades dinerarias con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad, enmascarando el pago de comisiones abonadas”.

El tribunal determina que los cabecillas de la trama utilizaron las entidades o empresas mercantiles que “fueron constituidas precisamente para la comisión de los hechos” fraudulentos o para ser “utilizadas en la ejecución del plan” delictivo, las cuales “en la mayoría de los casos carecían de actividad económica, así como de experiencia, conocimientos e infraestructura –tanto en cuanto a medios personales o empleados como a medios materiales– para realizar los supuestos trabajos que les fueron encargados o contratados”. Al respecto, sostiene que estas entidades “fueron utilizadas como empresas pantalla, bien para canalizar el cobro de supuestas comisiones o bien para percibir cantidades ilegales o ilícitamente percibida por trabajos que, en variadas ocasiones, no fueron materialmente realizados”.

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En la trama delictiva, que “pivotaba” en torno a la entidad mercantil Kataia Consulting constituida el 22 de junio de 2005 con un capital social de 3.006 euros, también estaban implicadas Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu, las esposas de Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, respectivamente, que han sido condenadas a un año y seis meses de prisión cada una por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha absuelto a la mujer de Tellería, Araceli Bajo, y a la hermana del principal condenado, Aintzane de Miguel, a quienes la Fiscalía también incluía en el ‘núcleo duro’ de la trama por su vinculación igualmente en la sociedad creada para el cobro de comisiones ilegales.

Sin embargo, la sentencia concluye que Bajo “no tenía conocimiento de la actividad ilícita” de la entidad, en contraposición con las esposas de los otros dos cabecillas de la red, que “colaboraron conscientemente” en la constitución de Kataia y “activamente en aspectos concretos” de la misma, como la apertura de cuentas bancarias o la realización de trámites ante la Administración Pública. “De Miguel, Otxandiano y Tellería usaron el nombre de sus esposas como canal para lucrarse de la sociedad”, señala el fallo. El tribunal también absuelve a Aintzane de Miguel a pesar de reflejar que “se encargó de la llevanza de la contabilidad de Kataia, creando en ocasiones facturas que no se ajustaban a la realidad y que justificaban los ilícitos cobros por indicación de su hermano o de Otxandiano, y llevaba la contabilidad de algunas de las demás sociedades satélites que se iban creando”. La Fiscalía solicitaba para ella una pena de tres años y seis meses de cárcel.

Con este entramado que servía de pantalla para la trama de corrupción, los ahora condenados llevaron a cabo su práctica fraudulenta durante cuatro años, hasta que en diciembre de 2019 la joven abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que Alfredo de Miguel y otros cargos del PNV le habían exigido el pago de una mordida de 100.000 euros por lograr un contrato en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano.

De las 26 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, el tribunal ha absuelto a once de los imputados y ha condenado a 15 con diferentes penas, ya sea cárcel (doce) o únicamente inhabilitación por el delito de prevaricación (tres). La sentencia deja constancia de que casi todos los condenados estaban relacionados de alguna u otra forma con el PNV durante el momento de los hechos. En su conjunto, las penas de cárcel suman casi 55 años de prisión.

La sentencia llega el mismo día en que Sánchez inicia con Urkullu la ronda de contactos telefónicos con los presidentes autonómicos para la investidura

El caso salió a la luz pública con la detención el 17 de marzo de 2010 de De Miguel y otras siete personas presuntamente implicadas en la trama. El bautizado como ‘caso de Miguel’ sacudió entonces al PNV y ahora, una década después del inicio de la investigación, la sombra de la corrupción vuelve a sobrevolar en las filas ‘jeltzales’ con la resolución judicial, que se ha dado a conocer un año después de que quedara visto para sentencia el juicio, que se prolongó durante todo 2018. Y la sentencia que vincula las prácticas delictivas con la “posición de poder” que ostentaban los condenados con el partido ‘jeltzale’ llega no solo en plenas negociaciones entre el PSOE y el PNV de cara a la investidura de Pedro Sánchez sino justo el mismo día en el que el gobierno en funciones ha iniciado este martes con el lehendakari, Iñigo Urkullu, la ronda de contactos telefónicos con los presidentes autonómicos de cara a la viabilidad del Ejecutivo en coalición con Podemos, para lo que necesita el aval del PNV.

El avance de las negociaciones entre el PSOE y el PNV se produce mientras va tomando cuerpo la tormenta política por la sentencia, con las primeras acusaciones desde el PP, Ciudadanos o Podemos que vinculan a la formación nacionalista con la corrupción. Los populares vascos han pedido “responsabilidades políticas” a Urkullu, que era presidente del PNV cuando se produjeron los hechos, por "no hacer nada" mientras miembros de su partido estaban “robando” dentro de una catarata de reacciones desde el PP que incluye la petición de dimisión por parte de la diputada por Vizcaya, Beatriz Fanjul. En el otro lado de la barrera, los socialistas vascos, socios de la formación nacionalista en el Gobierno vasco, ni siquiera aluden al PNV en el comunicado remitido para valorar la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava y a la que muestran su "máximo respeto".

El PP pide "responsabilidades políticas" e incluso la dimisión de Urkullu, mientras el PSE, socio en el Gobierno vasco, ni alude al PNV en su comunicado

El lehendakari, por su parte, no oculta que le preocupaba la “interpretación de que la corrupción de unas personas concretas pudiera vincularse a la actuación” de su partido y manchar una “trayectoria intachable”. Así lo ha afirmado este martes en una comparecencia pública para valorar la sentencia y en la que ha desvinculado la actuación de los condenados de lo que es el partido. A pesar de que estas personas “pudieron valerse de su posición para lucrarse indebidamente”, Urkullu ha subrayado que la sentencia “deja claro” que los hechos “responden a actitudes particulares” y que los implicados “actuaron en beneficio propio” sin que haya “vinculación” con el PNV. De igual modo se ha expresado el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar. “No es una sentencia contra el PNV. Por mucho que una mentira se repita no dejará de ser una mentira para ser verdad”, ha aseverado. En todo caso, ambos han pedido “disculpas” a la sociedad por “una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos”.

Dentro de la sentencia, es relevante la pieza dedicada a los contratos con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y que ha motivado la imposición de una condena de siete años y un mes de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita al que fuera director de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Xavier Sánchez Robles. Los cabecillas de la trama, según señala el fallo, “se concertaron” con él “sobre la base de la relación personal que mantenían” para, prevaliéndose de las funciones que desarrollaba en materia de contratación pública al frente de Juventud, obtener adjudicaciones “irregulares”.

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Así, por ejemplo, se llevó a cabo la “adjudicación irregular de contratos mediante el fraccionamiento del objeto de contratación y los importes de los contratos para cuadrar su adjudicación con el procedimiento de contrato menores a favor” de una de las mercantiles creadas para la ocasión. Igualmente, se adjudicaron contratos menores a diversas empresas “sin realizar comprobación alguna sobre la capacidad y solvencia de las mercantiles y la calidad del trabajo que podían realizar”. “Todos los contratos fueron adjudicados sin informe de función pública o comprobación previa de la conveniencia de contratación de la mercantil correspondiente para cada caso como era la práctica habitual del Gobierno vasco”, expone el fallo. Además, entre otras prácticas, Sánchez Robles “permitió y propició que, en los casos que se indicarán y de acuerdo con los adjudicatarios, se abonaran las prestaciones económicas establecidas en los contratos sin que las mercantiles hubieran desarrollado el objeto de la contratación, ocasionando así un quebranto a las arcas públicas”.