PERO SOLO CUMPLIRÁ POR LEY UN MÁXIMO DE NUEVE

Trece años de cárcel para un excargo del PNV por liderar una trama corrupta

La Audiencia de Álava sanciona el mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco con una importante condena al que fuera número 2 del PNV en el territorio y a otros dos excargos 'jeltzales'

Foto: Alfredo de Miguel (dcha) llega al Palacio de Justicia de Vitoria acompañado de su abogado Gonzalo Susaeta durante una de las sesiones del juicio. (EFE)
Alfredo de Miguel (dcha) llega al Palacio de Justicia de Vitoria acompañado de su abogado Gonzalo Susaeta durante una de las sesiones del juicio. (EFE)

La Audiencia Provincial de Álava ha impuesto una condena de 13 años y 3 meses de prisión para el que fuera número 2 del PNV en Álava Alfredo de Miguel por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, entre otros, en el caso de corrupción más importante que se ha instruido en el País Vasco y que ha sentado en el banquillo de los acusados a varios excargos de la formación 'jeltzale' entre los 26 imputados. No obstante, por ley el tribunal ha fijado un máximo de nueve años de cumplimiento de privación de libertad.

Con la sentencia, la Justicia da por acreditado que el entonces diputado foral de Administración Local se valió de su posición política e institucional por su pertenencia al PNV para liderar una trama corrupta dedicada al cobro de comisiones ilegales y al logro irregular de contratos y adjudicaciones públicas junto a sus compañeros de partido Koldo Otxandiano y Aitor Tellería -los otros dos cabecillas principales de la red-, que han sido condenados a, al menos, seis años de prisión efectiva por diferentes delitos vinculados con la corrupción.

La sentencia lleva a la cárcel a tres exdirigentes del PNV dentro del mayor caso de corrupción en el País Vasco, que ha imputado a 26 personas

En concreto, Otxandiano ha sido condenado a una pena de 7 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales, si bien el cumplimiento máximo efectivo será de 6,9 años. Por su parte, el tercer principal imputado ha sido condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. En total, las condenas impuestas a los tres miembros de la Ejecutiva del PNV de Álava cuando tuvieron lugar las prácticas corruptas probadas por la Justicia suman más de 27 años de prisión.

Los medios de comunicación siguen la lectura del fallo en una sala habilitada dentro del Palacio de Justicia de Vitoria. (J.M.A.)
Los medios de comunicación siguen la lectura del fallo en una sala habilitada dentro del Palacio de Justicia de Vitoria. (J.M.A.)

La resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial llega cuando ha transcurrido una década desde que se interpuso la denuncia que dio paso a la investigación judicial y un año después de que el pasado 19 de diciembre quedara visto para sentencia el juicio, que se prolongó durante todo 2018 dada su envergadura y complejidad, lo que obligó a al tribunal a dividir la causa finalmente en once piezas separadas pero vinculadas con las supuestas operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la red corrupta. La trama operó entre 2005 y 2009, hasta que la joven empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que De Miguel y otros dirigentes del PNV le pedían una mordida de 100.000 euros a cambio de un contrato en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, lo que dio paso a una investigación que sacudió a la formación 'jeltzale' cuando en marzo de 2010 se detuvo a De Miguel y otras siete personas relacionadas con el partido por estar presuntamente implicadas en la red corrupta.

El tribunal, compuesto por su presidente Jaime Tapia, Raúl Aztiria y Elena Cabero, ha dado a conocer esta mañana por boca de la magistrada, en su condición de ponente y redactora del fallo, las condenas de la sentencia, que se aproxima a las 1.200 páginas en un acto público en la sala de vistas de la Sección Segunda y al que no han acudido los imputados. La Fiscalía solicitaba para De Miguel una pena de 29 años y nueve meses de prisión por una veintena de delitos, entre ellos, asociación ilícita, blanqueo de capitales, prevaricación, coacciones, cohecho pasivo, malversación y tráfico de influencias.

De las 26 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, el tribunal ha absuelto a once de los imputados y ha condenado a 15 con diferentes penas, ya sea cárcel (doce) o únicamente inhabilitación por el delito de prevaricación (tres). De ellos, seis deberían ingresar en prisión al serles impuestas penas superiores a los 24 meses de cárcel, en caso de que exista sentencia firme, ya que se da por hecho de que el caso va a agotar la vía judicial. En su conjunto, las penas de cárcel se elevan por encima de los 50 años de prisión. La sentencia deja constancia de que casi todos los condenados estaban relacionados de alguna y otra forma con el PNV durante el momento de los hechos. A este respecto, el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha asegurado que "ha quedado demostrado que hubo trama de corrupción" al considerar la Audiencia Provincial que "está acreditado el delito de asociación ilícita".

Se acredita que De Miguel, Otxandiano y Tellería idearon una red societaria para "aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV"

Precisamente, el delito de asociación ilícita constituye el grueso de las penas impuestas por la Audiencia de Álava, cuya sentencia puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A este respecto, la Audiencia Provincial da por probado que De Miguel, Otxandiano y Tellería idearon una red societaria para "aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV". En concreto, apunta a que la red estaba dirigida básicamente a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV), ya fuera para empresas vinculadas a ellos, como Kataia, o para terceras personas o empresas con las que mantenía relación o vinculación de una u otra manera", lograr "el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos", y solicitar "el pago de cantidades dinerarias con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad".

Para la comisión de los hechos, expone la resolución judicial, "se utilizaron entidades mercantiles o empresas que fueron constituidas precisamente para ello o utilizadas en la ejecución del plan y que, en la mayoría de los casos, carecían de actividad económica así como de experiencia, conocimientos e infraestructura (tanto en cuanto a medios personales o empleados como a medios materiales) para realizar los supuestos trabajos que les fueron encargados o contratados". Por lo tanto, determina que fueron "utilizadas como empresas pantalla, bien para canalizar el cobro de supuestas comisiones o bien para percibir cantidades ilegales o ilícitamente percibidas por trabajos que, en variadas ocasiones, no fueron materialmente realizados".

De los 26 acusados, el tribunal ha absuelto a once personas y ha condenado a 15: las penas de cárcel se elevan por encima de los 50 años en su conjunto

Entre los condenados se encuentran Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu, las esposas de Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, respectivamente, a quien se les ha impuesto una pena de 1 año y seis meses de prisión a cada una por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. No obstante, la Audiencia de Álava absuelve a la mujer de Aitor Tellería, Araceli Bajo, y a la hermana del principal condenado, Aintzane de Miguel, a quienes la Fiscalía también incluía en el núcleo duro de una trama que, según argumentaba, constituyó un “entramado societario” para, haciéndose valer de “sus relaciones políticas y/o administrativas” por su pertenencia al PNV, “obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas” mediante, en esencia, el cobro de comisiones ilegales en la concesión de contratos de obra pública en ayuntamientos bajo mando ‘jeltzale’, entre otras prácticas corruptas. Tanto Araceli Bajo como la hermana del principal acusado han sido absueltas de los delitos que les imputaba el Ministerio Público pese a su vinculación con la mercantil Kataia Consulting, la principal sociedad creada para el cobro de comisiones ilegales.

La sentencia también implica en la trama a Xavier Sánchez Robles, el entonces director de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe, que ha sido condenado a siete años y un mes de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita. No obstante, el fallo absuelve a otro procesado del Ejecutivo del exlehendakari, el que era viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga. A nivel municipal, el exconcejal del PNV en Leioa (Vizcaya) Iñaki San Juan, que era socio de De Miguel en dos empresas de la trama, ha sido penado con cinco años y tres meses de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La sentencia condena a Xavier Sánchez Robles, el entonces director de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe, a siete años y un mes de prisión

Otro socio del principal condenado y militante del PNV, Josu Montes, ha sido condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Entre las penas de cárcel, el tribunal ha impuesto dos años y cinco meses a Iñaki Etxaburu, y un año y seis meses a Sergio Fernández Oleaga, En esta lista se incluye, asimismo, al empresario Josu Arruti, el antiguo socio de De Miguel y uno de los nueve procesados que llegaron a un acuerdo con el fiscal general de Álava antes de su declaración -principalmente, empresarios implicados en la trama- para reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de penas. Durante el juicio, Arruti admitió que él y De Miguel cobraron una comisión de 161.000 euros en una operación urbanística en Zambrana, una pequeña localidad alavesa de apenas 400 habitantes que estaba gobernada por el PNV. Ahora, el tribunal le ha condenado a 1 año y 9 meses de prisión, mientras que a su padre, tambén Josu Arruti, ha sido penado con nueve meses.

Además de las 12 personas que han sido condenadas con penas de cárcel, la sentencia ha impuesto un castigo de inhabilitación para cargo y empleo público para los procesados Alfonso Arriola, Julián Sánchez Alegría y María Justina Angulo, la exalcaldesa de Zambrana. Por su parte, el tribunal ha absuelto de los diferentes delitos que se les imputaba a once de los procesados: Araceli Bajo, Aintzane de Miguel, Prudencio Hierro, Miren Lourdes Bilbao, Gurutz Larrañaga, Estíbaliz Arruti, Gorka Errasti, Francesc Fernández Joval, Plàcid Casas, Ramón Tomàs i Riba y Joaquim Sabater.

La cantidad de dinero de la que supuestamente se apropió la trama durante los cinco años de prácticas fraudulentas se conocerá del análisis de las once causas separadas en las cerca de 1.200 páginas de la sentencia. No obstante, en algunos casos no se concreta el montante recibido en concepto de mordidas, y que, por norma general, alcanzaban el 4% del importe del contrato. Sí se detalla el modo en el que se materializaba el pago de las comisiones acordadas como consecuencia de las fraudulentas adjudicaciones. En todo caso, a expensas de conocer el montante total del que se apropiaron de forma fraudulenta, a nivel económico, la sentencia condena a De Miguel al pago de multas por un importe global de más de 351.000 euros. En materia de responsabilidad civil, el tribunal condena a Arruti a pagar la cantidad de 129.920 euros, con los correspondientes intereses legales, a la Diputación Foral de Vizcaya -suma que ya ha sido abonada a esta institución-, mientras que obliga a los tres principales integrantes de la trama y a otros tres de los condenados -Sánchez Robles, San Juan y Montes- a abondar solidariamente al Gobierno vasco la cantidad de 146.230 euros.

Urkullu pide "disculpas"

Conocida la resolución judicial, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la misma. En su intervención, ha pedido "disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos" que defiende el PNV, si bien ha querido desvincular la actuación de los condenados de lo que es el partido al subrayar que los hechos por los que han sido penados excargos de la formación 'jeltzale' "responden a actitudes particulares".

 
En este sentido, Urkullu, que era presidente del PNV cuando estalló el caso, ha remarcado que la sentencia "deja claro" que actuaron "en beneficio propio" sin que haya "vinculación" con el partido. Además, ha afirmado que el Gobierno vasco trabajará para que se restituya a las arcas públicas los 146.230 euros defraudados al Ejecutivo de Vitoria.  
 
El presidente vasco ha asegurado que le preocupaba la "interpretación de que la corrupción de unas personas concretas pudiera vincularse a la actuación de un partido político con una trayectoria intachable". Y, ahora, según su valoración, la sentencia "deja claro"  que los condenados actuaron "en busca de su beneficio individual", a pesar de que estas personas "pudieron valerse de su posición para lucrarse indebidamente".

País Vasco

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