TRAS 10 AÑOS DESDE LA DENUNCIA INICIAL

La Justicia resuelve este martes el mayor caso de corrupción con excargos del PNV

La Audiencia de Álava da a conocer este martes la resolución del 'caso de Miguel', con 26 acusados de integrar una presunta trama corrupta liderada por el que era número 2 del PNV en el territorio

Foto: Alfredo de Miguel (derecha) llega al Palacio de Justicia de Vitoria en compañía de su abogado, Gonzalo Susaeta, durante una de las sesiones del juicio. (EFE)
Alfredo de Miguel (derecha) llega al Palacio de Justicia de Vitoria en compañía de su abogado, Gonzalo Susaeta, durante una de las sesiones del juicio. (EFE)

Una década después de que una joven empresaria y abogada acudiera ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, para denunciar que el entonces diputado foral de la Administración local y número dos del PNV en este territorio, Alfredo de Miguel, le había exigido el pago de una mordida de 100.000 euros por lograr un contrato en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, el que es el mayor caso por presunta corrupción que se ha instruido nunca en el País Vasco va a conocer la decisión de la Justicia. La Audiencia Provincial de Álava va a hacer pública este martes la resolución en torno a la supuesta trama orquestada para la obtención “irregular” de contratos y adjudicaciones públicas y de cobro de comisiones ilegales que lideraban exdirigentes del PNV alavés, y que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas.

El fallo del conocido como caso De Miguel —el apellido del que es el principal acusado de esta presunta trama de corrupción— llega un año después de que el pasado 19 de diciembre quedara visto para sentencia el juicio, que se prolongó durante todo 2018 debido a la envergadura y complejidad de la causa, lo que llevó al tribunal a dividir la causa en 12 piezas diferentes vinculadas con las supuestas operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la red corrupta.

La Fiscalía solicita 29 años y 9 meses de prisión por una veintena de delitos para Alfredo de Miguel y 13 años y 7 meses para sus dos principales 'socios'

A las 10:00, el tribunal, compuesto por su presidente Jaime Tapia, Raúl Aztiria y Elena Cabero Montero, dará a conocer por boca de la magistrada, en su condición de ponente y redactora del fallo, el contenido de la sentencia, que se espera supere el millar de páginas. Lo hará en un acto público en la sala de vistas de la Sección Segunda y al que, al parecer, no van a acudir varios de los imputados, entre los que estaría el supuesto cabecilla de la trama, para quien la Fiscalía solicita una pena de 29 años y nueve meses de prisión por una veintena de delitos, entre ellos, asociación ilícita, blanqueo de capitales, prevaricación, coacciones, cohecho pasivo, malversación y tráfico de influencias.

Bajo el liderazgo del que fuera número dos del PNV alavés, el Ministerio Público sitúa en la cabeza de esta presunta red corrupta a otros dos exdirigentes del partido ‘jeltzale’ en este territorio, Aitor Tellería y Koldo Otxandio, por entonces también miembros de la ejecutiva del partido en este territorio, quienes se enfrentan a una solicitud de prisión de 13 años y siete meses de cárcel para cada uno. La Fiscalía sostiene que estas tres personas, junto a sus respectivas esposas y a la hermana de De Miguel, constituían el núcleo duro de una trama que constituyó un “entramado societario” para, haciéndose valer de “sus relaciones políticas y/o administrativas” por su pertenencia al PNV, “obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas” mediante la obtención “irregular” de contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por este partido o el cobro de comisiones ilegales en la concesión de contratos de obra pública en ayuntamientos bajo mando ‘jeltzale’.

La presunta trama también implica, en diferentes grados de responsabilidades, a miembros del entonces Gobierno de Juan José Ibarretxe: el que era viceconsejero de Cultura, Gurutz Larragaña, y el director de Juventud, Xavier Sánchez Robles, así como también al responsable de la red de parques tecnológicos del País Vasco en 2006, Julián Sánchez Alegría. En su conjunto, de entre todos los acusados, una veintena estaban relacionados con el PNV, ya fuera como dirigentes, cargos institucionales o afiliados.

La joven empresaria Ainhoa Alberdi dio la voz de alarma el 2 de diciembre de 2009 ante la Fiscalía —en la denuncia también aludía a presiones de varios cargos del PNV a su padre para que 'pasara por caja' para la adjudicación del contrato en Miñano—, pero el caso estalló el 17 de marzo de 2010, cuando la Ertzaintza detuvo en su domicilio a De Miguel y a otras siete personas presuntamente implicadas en la trama por orden del juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria bajo la dirección del juez Roberto Ramos, que se encargó de la investigación.

Vista de la parte acusada en el caso De Miguel, al inicio del juicio el 8 de enero de 2018. (EFE)
Vista de la parte acusada en el caso De Miguel, al inicio del juicio el 8 de enero de 2018. (EFE)

El arresto puso en la diana de la sospecha al PNV, que siempre ha presumido de que el País Vasco es un ‘oasis de corrupción’. Para rechazar cualquier vínculo con esta trama, la formación nacionalista forzó a los principales implicados a dejar todos sus cargos. El entonces presidente del partido, el hoy lendakari, Iñigo Urkullu, pidió además públicamente a los imputados entregar sus carnés de afiliados. Pero a nivel interno, De Miguel ha contado con el respaldo del partido. Incluso también de puertas para afuera, con gestos públicos de apoyo, como el efusivo saludo que le brindó el portavoz ‘jeltzale’ en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cuando el que fuera número 2 del partido en Álava acudió a la Cámara de Vitoria a declarar en la comisión de investigación creada para investigar la presunta trama corrupta.

Además, voces del PNV han sido muy críticas con la actuación judicial, con acusaciones directas al juez instructor o al fiscal superior de Álava que obligaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, a salir públicamente en defensa del magistrado por sus "magníficos" autos frente las denuncias ‘jeltzales’ de actuar con “intencionalidad política”, entre ellas del propio Egibar. Porque dentro del partido hay quien niega las presuntas evidencias y atribuye el que es el caso de corrupción más importante juzgado en el País Vasco en un intento de establecer un vínculo entre el partido y las prácticas irregulares. A este respecto, la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Vitoria atribuyó responsabilidades políticas a excargos del PNV en un dictamen aprobado con el voto favorable de todos los partidos salvo la formación 'jeltzale'.

El ex diputado foral alavés Alfredo de Miguel (d).
El ex diputado foral alavés Alfredo de Miguel (d).

El juicio, como argumenta la Fiscalía, sirvió para ratificar todas las denuncias en torno a la existencia de la presunta trama corrupta, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que la denuncia de Ainhoa Alberdi dio paso a la investigación judicial. Según sostiene Josu Izagirre, la existencia de “una trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas” quedó más acreditada si cabe antes de la declaración de los acusados con el acuerdo que alcanzó con nueve de los procesados, que negociaron un pacto con la Fiscalía para reconocer los hechos que se les imputaba a cambio de una rebaja en la petición de penas. Entre ellos, no estaban ninguno de los principales imputados, pero sí una “parte significativa” de los acusados —según puso en valor el Ministerio Público—. Es el caso de algunos de los empresarios imputados, como Josu Arruti, antiguo socio de De Miguel, quien admitió que ambos cobraron una comisión de 161.000 euros en una operación urbanística en Zambrana, una pequeña localidad alavesa de apenas 400 habitantes que estaba gobernada por el PNV.

La Fiscalía alcanzó durante el juicio un acuerdo con nueve de los procesados para reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de penas

El principal imputado, conocido como ‘Txito’, niega los hechos. Su defensa intentó invalidar la grabación que Alberdi presentó de una conversación con su cliente en el que supuestamente se escuchaba como De Miguel la reclamaba la comisión de 100.000 euros. Durante el juicio, la abogada y empresaria expuso su “temor” a no ser la única a la que se le había pedido una mordida dada la “facilidad” y la “alegría” con la que los principales imputados le reclamaban “abiertamente” el pago de una comisión para poder acceder a un contrato. Precisamente, a la “impunidad” con la que creían actuar los imputados alude el fiscal jefe de Álava en su informe de conclusiones, donde no duda en hablar que los imputados llevaron a cabo prácticas mafiosas “más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio” y sitúa como nexo común de la mayoría de los imputados su relación con el PNV.

La lectura de la sentencia pondrá fin a un primer proceso judicial —se da por hecho que el caso conocerá el máximo recorrido en los tribunales— que, desde que arrancara el 8 de enero de 2018 en la Sección Segunda de la Audiencia de Álava, ha albergado más de un centenar de sesiones en el que han comparecido más de 150 testigos, peritos y policías. Una vez se dé a conocer, el fallo se facilitará a todos los letrados en un dispositivo USB.

País Vasco

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
9 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios