El Gobierno vasco se opone a la tasa turística y apuesta por sacar visitantes de las capitales
El "criterio negativo" del Ejecutivo de Vitoria no cierra la puerta a la implantación de esta tasa, ya que Guipúzcoa se mantiene firme en su pretensión de gravar las estancias en los alojamientos
El Gobierno vasco se ha posicionado en contra de la implantación de una tasa turística en la comunidad y apuesta por impulsar políticas activas de desestacionalización del turismo y de reparto de visitantes por todo el territorio más allá de las capitales para lograr la "sostenibilidad turística" e incrementar los recursos derivados de la afluencia de visitantes. En todo caso, el criterio desfavorable del Ejecutivo de Iñigo Urkullu no cierra la puerta a gravar las estancias en los alojamientos dentro del País Vasco, ya que Guipúzcoa se mantiene firme en su intención de implantar este gravamen a las pernoctaciones.
Existe en el País Vasco un “debate competencial” en torno a qué administración le corresponde, en su caso, la implantación de la tasa turística y su recaudación que resolverán los informes de los distintos regímenes jurídicos, que fijarán si esta cuestión está en manos del Gobierno de Vitoria, de las diputaciones o de los propios ayuntamientos. A la actual indefinición competencial —y dada, además, la particular distribución de las competencias tributarias en el País Vasco— se agarra la Diputación de Guipúzcoa, que defiende su capacidad para implantar este gravamen y, de hecho, ha insistido en su intención de seguir los pasos de Cataluña y Baleares.
El Gobierno vasco da por zanjada esta cuestión tras analizar con administraciones y agentes del sector la posibilidad de gravar las estancias turísticas
De momento, el Ejecutivo de Vitoria da zanjada por su parte esta cuestión con la emisión de un “criterio negativo” a la implantación de una tasa turística. Lo hace tras analizar la posibilidad de gravar las estancias turísticas en los alojamientos con las administraciones implicadas y con los diversos agentes del sector turístico a instancias del Parlamento vasco, que en 2017 emplazó al Departamento de Turismo a abordar esta reflexión de la mano de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y el resto de entes afectados.
Con su posicionamiento en contra, el Gobierno vasco "da por completada la encomienda" que le hizo la Cámara de Vitoria para explorar esta cuestión, tal y como ha dejado constancia este miércoles la consejera de Turismo, Sonia Pérez, en la reunión de la Mesa de Turismo, a la que han asistido representantes de las tres diputaciones, de los ayuntamientos de las tres capitales vascas y de Eudel, de las Cámaras de Comercio, de la universidad y escuelas de turismo, de empresas de alojamiento y de organización de eventos, agencias de viajes y guías, asociaciones de hostelería y de organismos en defensa de los consumidores.
La decisión, ahora con rango definitivo, no hace sino confirmar la postura que venía manteniendo el Ejecutivo de Urkullu, que en julio había emitido un criterio desfavorable a una proposición no de ley impulsada por Podemos en el Parlamento vasco para implantar una tasa turística al sostener que los agentes turísticos se han “manifestado de forma unánime” en contra de una medida que tendría repercusiones en un sector que “se encuentra aún en fase de consolidación”. Dado su impacto, una medida de estas características, según alegaba, debe trabajarse “conjunta y coordinadamente” con el resto de instituciones y todos los agentes del sector.
Frente a esta tasa turística, Pérez ha apostado por tener en cuenta “una visión de la sostenibilidad turística global” y desarrollar políticas encaminadas a "la desestacionalización y al reparto de los turistas por todo el territorio" mediante la puesta en valor de “recursos fuera de las capitales”, caso del turismo industrial, familiar o de naturaleza, las rutas de peregrinación o el ecoturismo.
El Gobierno apuesta por la desestacionalización y el reparto de turistas por todo el territorio mediante "la puesta en valor de recursos fuera de las capitales"
Pero la Diputación de Guipúzcoa no está dispuesta a cerrar la puerta a la tasa turística y, de hecho, apuesta por emprender este camino en solitario frente a las reticencias de Vizcaya y Álava, que no ven necesario imponer un gasto suplementario a los turistas por pernoctar. El diputado foral de Turismo, Imanol Lasa, justifica que la implantación de esta tasa goza de “una amplia mayoría política y social”. En este territorio existe consenso político en torno a esta cuestión, tal y como se ha evidenciado recientemente en las Juntas Generales, donde hace un mes escaso se aprobó por unanimidad una resolución para reclamar el establecimiento de este gravamen turístico y además a corto plazo, en “un periodo razonable dentro del próximo año”.
La iniciativa aprobada en pleno el pasado 6 de noviembre en el Parlamento territorial fue consensuada por el PNV, EH Bildu, Podemos y el PSE y contó con el apoyo del único representante del PP en esta Cámara. El documento emplaza a la Diputación de Guipúzcoa y al Gobierno vasco a “desarrollar, en función de sus competencias, un marco para el establecimiento de un impuesto turístico y los procedimientos para ello” para “originarlos dentro de 2020”. Igualmente, emplaza a ambas instituciones a “concretar dicho marco para facilitar la actuación de los ayuntamientos en función de sus necesidades y puedan desarrollar los procedimientos que consideren oportunos dentro de su autonomía”.
Consciente de los recelos que la tasa turística generaba desde el inicio en el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa se ha ofrecido a liderar este proceso y ser el primer territorio vasco en gravar las pernoctaciones turísticas. Dentro de este planteamiento, el Ayuntamiento de San Sebastián se ha prestado a implantar esta tasa de forma “pionera” para que los miles de turistas que visitan anualmente la ciudad contribuyan a sufragar el incremento del gasto de los servicios de limpieza y mantenimiento de la ciudad o el aumento de los costes que se derivan del refuerzo de los efectivos de seguridad o movilidad. Guipúzcoa se encuentra en cifras récord de visitantes y, a la vista de los mayores costes que conlleva atender a las personas que llegan de fuera, ya ha dejado constancia que reivindicará de manera “incansable y permanente” este gravamen. "Podemos hacerlo muy bien si nos dejan", ha aseverado Lasa.
En el debate abierto por la tasa turística, el Gobierno vasco encargó un informe a la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) para disponer de todas las “seguridades jurídicas” en caso de apostar por el establecimiento de este gravamen. En función de este informe, presentado ante la Mesa de Turismo en noviembre del pasado año, el Ejecutivo de Vitoria apostaba, en su caso, por dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de gravar o no las estancias turísticas, de modo que los municipios tendrían plena autonomía para adoptar esta medida con su aprobación por mayoría en pleno.
El Gobierno vasco se ha posicionado en contra de la implantación de una tasa turística en la comunidad y apuesta por impulsar políticas activas de desestacionalización del turismo y de reparto de visitantes por todo el territorio más allá de las capitales para lograr la "sostenibilidad turística" e incrementar los recursos derivados de la afluencia de visitantes. En todo caso, el criterio desfavorable del Ejecutivo de Iñigo Urkullu no cierra la puerta a gravar las estancias en los alojamientos dentro del País Vasco, ya que Guipúzcoa se mantiene firme en su intención de implantar este gravamen a las pernoctaciones.
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