CONTENIDO DEL PACTO PRESUPUESTARIO PARA 2020

Las cifras del acuerdo de Podemos con Urkullu: 201 millones de euros hasta 2027

El 60% del montante se destinará a hacer frente a la emergencia climática con 90 millones en ayudas para cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética o 1.000 instalaciones de energía fotovoltaica

Foto: Las delegaciones del Gobierno vasco (izquierda) y de Podemos, durante la negociación presupuestaria. (EC)
Las delegaciones del Gobierno vasco (izquierda) y de Podemos, durante la negociación presupuestaria. (EC)

Más allá de las relevantes implicaciones políticas del acuerdo, en términos puramente económicos, el aval de Podemos a los Presupuestos del Gobierno vasco se plasma en la introducción de partidas por valor de 201,5 millones de euros, a ejecutar en 2020 (88,9 millones) y hasta 2027 en créditos de compromiso (112,6 millones). El 60% del montante total va destinado a poner en marcha medidas para hacer frente a la emergencia climática, con el destino de 90 millones de euros en los próximos años para financiar actuaciones municipales encaminadas a cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética y una línea específica de ayudas para la instalación de un millar de instalaciones de energía fotovoltaica de autoconsumo eléctrico en cubiertas de naves industriales, agrícolas, comerciales y de servicios a lo largo de 24 meses.

El pacto presupuestario era un hecho desde la pasada semana, cuando ambas partes firmaron un preacuerdo, pero faltaba por cerrar el contenido económico concreto, que ha sido desvelado este lunes por Podemos en una comparecencia para dar a conocer el detalle de las partidas consensuadas tras culminar en las últimas horas las negociaciones. Las cifras están lejos de los 350 millones de euros que planteaba la formación morada al inicio de las negociaciones, si bien el partido de Pablo Iglesias en el País Vasco defiende que se trata del “mayor acuerdo presupuestario” de las últimas legislaturas. “Nunca antes se había acordado movilizar una partida tan relevante con otro partido”, resalta su líder, Lander Martínez, para justificar el aval a los últimos Presupuestos de la legislatura, que suman un total de 11.774 millones.

Las cifras están lejos de los 350 millones que pedía Podemos al inicio de las negociación, pero es el "mayor acuerdo presupuestario" de los últimos años

El acuerdo se vertebra en tres grandes bloques que atienden a “políticas feministas y una vida libre de violencias para las mujeres”, con una partida de 9,5 millones de euros —si bien el acuerdo contempla “otras medidas feministas” en otros apartados por valor de 20 millones—, a medidas para hacer frente a la emergencia climática, con 121,9 millones de gasto, y A acciones para proteger de la crisis a familias, empresas y jóvenes, para lo que se destinarán algo más de 70 millones de euros.

En este último apartado se materializa la medida estrella del acuerdo presupuestario, con la subida de la renta de garantía de ingresos (RGI) de un 4% —el doble de lo previsto en el proyecto presupuestario (2%) pero la mitad de lo que plantaba Podemos en un principio (8%)—, lo que se plasma en un incremento de la partida en 16 millones de euros, algo que ha criticado duramente el PP. “Conseguirán que sea mejor que todo el mundo se apunte a la RGI en vez de trabajar. Va a salir más rentable y tienes más horas para dormir”, ha censurado abiertamente el responsable de asuntos económicos de los populares vascos, Antón Damborenea.

El acuerdo rebaja las tarifas de las 'haurreskolas' del 10% en 2020 y de otro tanto en 2021 para avanzar hacia la gratuidad de la educación de cero a 3 años

En materia de educación pública, el acuerdo contempla una rebaja de las tarifas de las 'haurreskolas' del 10% en 2020 y de otro tanto adicional en 2021 para comenzar a dar pasos hacia la gratuidad de la educación de cero a tres años, además de bonificaciones para las familias monoparentales, así como la apertura de tres o cuatro nuevas aulas en los próximos meses en aquellos lugares donde exista necesidad. Igualmente, se incrementa en 10 millones la partida para el Plan de Infraestructuras Educativas en los centros con alta concentración de alumnado de bajo ISEC (índice de estatus socio económico y cultural) y se destinan más recursos para la recuperación de cocinas escolares y el transporte escolar del alumnado en entornos rurales con edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

Para fomentar el empleo y el desarrollo económico, se prevé un gasto extra de 29,8 millones de euros, de los que 10 millones se destinarán a la toma temporal de participaciones en empresas vascas “viables que puedan resultar afectadas por operaciones de desinversión de grupos extranjeros o por salidas abruptas de capital en empresas familiares”. En este ámbito se recoge, asimismo, un incremento de las retribuciones del personal investigador en formación y posdoctoral, la contratación de tres nuevos inspectores de Trabajo o el establecimiento de 1.200 euros como salario medio referencial y una contratación de un mínimo de dos años dentro de la remodelación del programa Lehen Aukera destinado a la mejora de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas. A este respecto, se ha acordado estudiar la viabilidad de diseñar un programa similar para autónomos, pero sin un compromiso concreto.

Se destinarán 10 millones a la toma temporal de participaciones en "empresas vascas viables que puedan resultar afectadas por operaciones de desinversión de grupos extranjeros"

El bloque de protección ante la crisis se completa con partidas por valor de 6.436.000 euros en materia de salud y adicciones que recoge la creación de cerca de un centenar de nuevas plazas en atención primaria en las categorías de enfermería, farmacéuticos, fisioterapeutas y auxiliares administrativos con el fin de hacer frente al “deterioro” en la atención en centros de salud. Igualmente, los Presupuestos incluyen una partida de 436.000 euros para la prevención y el tratamiento de la adicción al juego de azar y otras adicciones sin sustancia, o la creación de unidades especializadas para la atención de niños y adolescentes con problemas de salud mental.

La apuesta para avanzar hacia “una Euskadi feminista y libre de violencia machista” se refleja en un conjunto de 17 medidas por valor de cerca de 10 millones de euros orientadas a la prevención de la violencia hacia las mujeres y mejorar la atención a las víctimas, así como para mejorar la empleabilidad de las mujeres y combatir la brecha salarial. Entre las acciones, se contempla la puesta en marcha de un proyecto para “la democratización de los cuidados e impulsar otra forma de organizar socialmente el cuidado”, el desarrollo de "planes de formación en igualdad y vidas libres de violencia" y para la prevención y atención de abusos sexuales para profesionales de las administraciones públicas, o la implantación de un programa de educación afectivo sexual en educación infantil, primaria y secundaria.

A este respecto, Podemos pone de manifiesto que, más allá de las políticas específicas para la igualdad y la erradicación de las violencias machistas, se ha alcanzado el compromiso de que todas las inversiones, políticas y planes se hagan con perspectiva de género para tratar de “revertir la situación de desigualdad entre hombres y mujeres que existe en el País Vasco”.

Dentro de las medidas para hacer frente a la emergencia climática, el acuerdo presupuestario “cierra el grifo a los nuevos proyectos gasísticos”, al suprimir la dotación de 733.000 euros para la investigación y desarrollo de estudios geológicos ya en marcha y alcanzar el compromiso de no realizar nuevas solicitudes de permisos de explotación e investigación el próximo año. Entre estas medidas para favorecer la transición energética, se contempla una partida de 10 millones para apoyar a las entidades locales en la realización de auditorías y diagnósticos energéticos, un plan de auditoría de las instalaciones domésticas de energía solar térmica instaladas entre 2010 y 2015 para la subsanación de deficiencias, y una línea de ayudas para subvencionar la sustitución de vehículos a combustión por eléctricos.

En materia de adaptación al cambio climático, se habilita una partida de 9,5 millones de euros para adaptar el sector primario al mismo, la prevención de inundaciones con el encauzamiento de ríos o la realización de informes sobre el impacto de las capturas de la pesca deportiva sobre los recursos pesqueros marinos costeros en el País Vasco o el impacto de una economía descarbonizada en el horizonte 2040-2050, entre otras acciones.

El acuerdo no tiene a nivel interno el aval de I-U, que votará en contra de las cuentas: el pacto deberá ser refrendado ahora por las bases vascas de Podemos

El aval a los Presupuestos de Podemos, que hasta ahora siempre había vetado las cuentas públicas del lendakari Iñigo Urkullu, no cuenta con la unanimidad interna, ya que la marca vasca de Izquierda Unida (Ezker Anitza), una de las tres formaciones que integran las siglas en el País Vasco, va a votar en contra del proyecto presupuestario en el Parlamento. En todo caso, el rechazo de sus dos parlamentarios no tendrá efectos prácticos, ya que la abstención de los otros nueve representantes morados de Podemos y Equo en la Cámara de Vitoria garantiza la aprobación de las cuentas. De este modo, el Gobierno vasco, integrado por el PNV y el PSE en coalición, no tendrá que prorrogar los Presupuestos por segundo año consecutivo y, de paso, aleja la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas, previstas para otoño de 2020.

En todo caso, el aval definitivo a los Presupuestos está en manos de las bases de Podemos, que deberán refrendar el acuerdo en una consulta que se celebrará entre el martes y el miércoles. A la espera de que se pronuncie la militancia, de puertas para afuera, el pacto presupuestario ha sido muy criticado por EH Bildu, con quien Podemos ha conformado un bloque en contra del Gobierno de Urkullu durante toda la legislatura. Ante las acusaciones de la izquierda ‘abertzale’ de “regalar” el acuerdo, Martínez replica a la antigua Batasuna que el pasado año “estuvo a punto” de aprobar los Presupuestos vascos por “poco más de 140 millones”.

País Vasco

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