Una de cal y otra de arena para el Gobierno vasco con la polémica ley de abusos policiales

El Gobierno vasco ha recibido una de cal y otra de arena en apenas 24 horas por parte del Constitucional de cara al desarrollo de su polémica ley de abusos policiales. Por un lado, el tribunal ha archivado definitivamente el procedimiento abierto por el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy contra la norma original en un auto que ha denegado la personación en la causa de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Esta medida llega, por otro lado, cuando acaba de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Ciudadanos contra la segunda normativa que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Vasco después de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu llegara a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar los artículos objeto de controversia.

El Constitucional informó ayer a través de un comunicado que ha admitido a trámite el recurso de la formación de Albert Rivera, que denuncia que la denominada Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en el País Vasco entre 1978 y 1999 invade competencias reservadas al poder judicial y vulnera garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva. La norma, que vio la luz hace apenas unos meses en el Parlamento Vasco con el único voto en contra del PP, modificaba la ley original aprobada en 2016, y que no pudo aplicarse tras ser recurrida al Constitucional por el Gobierno del PP, de cara a salvar los posibles puntos conflictivos a nivel judicial.

El auto que archiva el proceso contra la ley original deniega la personación en la causa de Dignidad y Justicia y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil

En esencia, los cambios se orientaban a dejar constancia de que el objetivo de la ley no es asumir competencias reservadas al poder judicial ni buscar responsabilidades por los presuntos abusos policiales, sino resarcir económicamente a las víctimas. El Gobierno de Rajoy defendía, entre otros argumentos, que la comisión de valoración que contempla la ley para determinar quiénes son consideradas víctimas de abusos policiales se arrogaba funciones que corresponderían a los jueces. Según alegaba, se invadían competencias reservadas a los tribunales de Justicia.

Sin embargo, las modificaciones introducidas a la normativa con una nueva redacción a diversos preceptos que se refieren al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales a raíz de un acuerdo con el Gobierno de Sánchez, lo que llevó al Ejecutivo español a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gabinete de Rajoy, no han impedido que el Constitucional vaya a pronunciarse ahora sobre el fondo de la cuestión sobre la norma vigente a día de hoy.

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Jose Mari Alonso. Vitoria

Con el revés que supone la aceptación del recurso de Ciudadanos contra varios articulados de la actual ley –los primero, segundo, tercero y cuarto–, el Ejecutivo vasco ha tenido constancia esta misma mañana de que el Constitucional ha procedido al archivo y extinción del procedimiento abierto en 2016 contra la primera normativa. El tribunal, a pesar de la retirada del recurso por parte del Ejecutivo de Sánchez, podría haber optado por continuar con el procedimiento en base al interés público, pero ha decido poner fin al procedimiento. El auto, además, supone un varapalo judicial para Dignidad y Justicia y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, a quienes niega legitimidad para personarse en la causa, según ha informado el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia, Josu Erkoreka.

Precisamente en esta “importante” cuestión ha querido poner el acento el número 2 del Gobierno vasco, ya que el Constitucional ha cerrado la puerta a la pretensión de estas dos entidades de “influir en la marcha” del procedimiento de cara a que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, esto es, la constitucionalidad de la norma que reconoce a las víctimas de abusos policiales cometidos en el País Vasco entre 1978 y 1999. “Es positivo el auto porque establece que carecen de legitimación para personarse en el procedimiento”, ha remarcado para valorar un auto “bueno y positivo” para los intereses del Gobierno vasco.

La polémica ley de abusos policiales seguirá en vigor hasta que no se pronuncie el Constitucional, algo que no va a tener lugar "de manera inmediata"

En todo caso, Erkoreka no ha querido “prejuzgar” la labor del Constitucional al ser interpelado por si el archivo del procedimiento abierto contra la ley original de abusos policiales puede sentar un precedente de cara al pronunciamiento que debe realizar ahora. No obstante, sí ha dejado constancia de su “convencimiento” de que la ley de abusos policiales que vio la luz en el Parlamento en abril “cuenta con todos los avales jurídicos necesarios para salvar” el recurso presentado ante este tribunal.

Según ha aseverado, los “retoques” introducidos en relación a la redacción original, y que fueron consensuados con el gabinete de Sánchez, estaban “encaminados a asegurar la invulnerabilidad de la ley desde el punto de vista jurídico y a asegurar sin ningún tipo de duda su constitucionalidad”. Estas modificaciones –ha recalcado– se introdujeron precisamente para que, en previsión de que el Constitucional optara por pronunciarse sobre el fondo del asunto, “lo hiciera de manera favorable a su constitucionalidad”. “Nos cuidamos muy mucho de limar los aspectos que mayor riesgo podía ofrecer la ley”, ha subrayado. Por ello, ha recalcado que en el Gobierno vasco “estamos seguros, razonablemente convencidos de que cuando se pronuncie sobre el fondo de la cuestión lo hará en términos favorables a la constitucionalidad de la ley”.

"Estamos seguros de que cuando se pronuncie sobre el fondo de la cuestión lo hará en términos favorables a la constitucionalidad de la ley"

Mientras tanto, a diferencia de lo que ocurrió durante el anterior proceso, el portavoz del Ejecutivo de Vitoria ha garantizado que la polémica ley de abusos policiales “seguirá en vigor, aplicándose con plenos efectos todos sus contenidos hasta que no se pronuncie el Constitucional”, algo que, según ha asegurado, no va a tener lugar “de manera inmediata”.

A este respecto, Erkoreka ha sido especialmente duro con Ciudadanos por presentar un recurso, firmado por 50 diputados, contra una ley aprobada en una cámara –según ha enfatizado en varias ocasiones– en la que no tiene presencia. “No es muy liberal interferir, condicionar, en la producción legislativa de órganos en los que no se tiene ninguna representación”, ha censurado, para recordar que la norma fue aprobada con "amplia mayoría", con el voto a favor del PNV y el PSE, socios de gobierno en Vitoria, y la abstención de EH Bildu y Podemos.