Un informe borra a la primera víctima de ETA: a Begoña Urroz la asesinó el DRIL

El 29 de junio de 1960, dos portavoces del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), una organización terrorista compuesta por españoles y portugueses que querían derrocar las dictaduras de Francisco Franco y Antonio Salazar, reivindicaban en ‘El Nacional' de Caracas la colocación de varias bombas que estallaron en un tren y en las consignas de equipaje de diferentes estaciones de España. Por entonces, no sabían que apenas unas horas antes Begoña Urroz, de apenas 20 meses, había perdido la vida como consecuencia de la explosión, dos días antes, de una bomba en la estación de tren de Amara de San Sebastián y que había provocado seis heridos, entre ellos la pequeña. Dos semanas después, en el propio periódico venezolano, los mismos portavoces volvían a reivindicar los atentados. "Las revoluciones para derrocar a los tiranos no se hacen con té y simpatía ni con bombones. Hay que emplear la violencia para responder a la que ellos usan", justificaban.

En esa época “no había dudas” sobre la autoría. Sin embargo, a día de hoy hablar de Begoña Urroz es aludir a la primera víctima de ETA. Es más, que la pequeña fue asesinada por la banda terrorista se ha impuesto como “verdad extendida” con el reconocimiento político, social e incluso institucional. Ahora, una investigación impulsada por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo “destierra” esta teoría tras rastrear “todo tipo de información del caso y del grupo” que había cometido el atentado y que ha permitido acceder a “documentación inédita” que ‘cierra’ un caso que, por una y otra razón, siempre ha estado rodeado de nebulosa. “No existe ni una sola pista que sugiera la participación de esta banda en el atentado”, sentencia el informe ‘Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz’.

"No existe ni una sola pista que sugiera la participación de ETA en el atentado que acabó con la vida de Begoña Urroz", concluye el informe

¿En qué argumentos, a la vista de los resultados del estudio, se sustancia de forma errónea la mano de ETA en el asesinato de la pequeña? El historiador Gaizka Fernández Soldevilla, uno de los dos autores del informe, alude a la conjunción de la “falta de investigación sobre la primera actividad" de la banda terrorista y a la “casualidad circunstancial” de que la bomba estalló en San Sebastián. Estas circunstancias hacen que “fuera creíble, que pareciera factible”, que ETA estuviera detrás del atentado. “La confusión de algunos autores es hasta cierto punto comprensible, dadas circunstancias como la verosimilitud del suceso o la falta de trabajos solventes sobre la violencia de la primera ETA. Ahora bien, esta versión es insostenible hoy en día”, se concluye en el informe.

Más en concreto, el otro investigador, el documentalista Manuel Aguilar, atribuye como “hecho decisorio” de que se haya impuesto esta interpretación los dos artículos de prensa que escribió en 2000 el exministro Ernest Lluch en los que apuntaba a la autoría de la banda terrorista. La teoría que dejó escrita quien apenas unos meses después fue asesinado por ETA hizo que “en una parte de la creencia se empezara a ver que Urroz fue la primera víctima de ETA”, cuando hasta entonces “todo el mundo admitía” que la lista se iniciaba con el guardia civil José Pardines, asesinado por ETA el 7 de junio de 1968. “Con toda su buena voluntad, en su condición de catedrático de Historia, interpretó un poco de manera extensiva este algoritmo bomba + San Sebastián es igual a ETA”, asevera.

Además, según remarca para incidir en el hecho de que se 'comprara' la teoría de ETA, en el año 2000 el DRIL era un grupo terrorista "prácticamente desconocido" en España tras permanecer activo apenas cuatro años a principios de los 60. "Ya nadie se acordaba del DRIL, si es que alguna vez se acordaron de ellos porque, en verdad, solo actuó dos años, en 1960 y 1961". En este tiempo, además de la pequeña Urroz, este grupo antifranquista causó una segunda víctima mortal, la de Joao José do Nascimiento, el tercer piloto del trasatlántico de bandera lusa 'Santa María', que falleció por los disparos del comando que asaltó y secuestró este buque con más de un millar de personas a bordo durante su travesía por el Caribe.

Han sido dos años de “exhaustivo” trabajo que han alumbrado la “investigación definitiva” sobre la autoría del atentado de Urroz, que falleció al día siguiente en el hospital: el DRIL. Sus dos autores han leído “todos los libros” en español y portugués sobre el atentado, han acudido a bibliotecas y, “sobre todo”, y aquí radica “la clave”, han podido consultar material “inédito” en los archivos de ambos países, con documentación militar, policial, judicial, diplomática y elaborada por la propia oposición antifranquista y antisalazarista. “La bomba fue colocada por el DRIL y no por otro grupo”, sentencian sus autores.

Han sido dos años de "exhaustivo" trabajo que han alumbrado la "investigación definitiva" sobre el atentado tras acceder a "documentación inédita"

Entre el material localizado, se encuentra el propio número de 'El Nacional' de Caracas en el que los portavoces de este grupo reconocían la autoría de los diferentes atentados, y que los investigadores hallaron tras tres días en el Archivo General de la Administración. "Siempre habíamos oído referencias de esta reivindicación en el periódico pero no la habíamos visto", apunta Fernández Soldevilla, que considera que este documento es "la prueba definitiva" después de dar con "cientos de papeles" que apuntan al DRIL como autores de la muerte de Begoña Urroz, que en abril de 2013 fue condecorada con la Medalla de Oro de San Sebastián en su condición de víctima del terrorismo.

La conclusión del estudio también se sustenta en las memorias escritas por cinco integrantes de este grupo compuesto por españoles antifranquistas y portugueses antisalazaristas que se habían radicalizado en el exilio, y que "reconocen" la autoría de estos atentados. "Todas las fuentes coetáneas escritas por miembros del DRIL reconocen que la bomba había sido de ellos", asevera Fernández Soldevilla. Incluso, el resultado de la investigación se basa en el acceso a "documentos clasificados de la CIA", que permiten "resolver de forma definitiva" un atentado que siempre ha estado rodeado de "neblina" por la existencia a principios de los 60 de "una conjunción de grupos terroristas actuando que dificultaban la investigación", como sostiene Aguilar.

"No estaba clara la autoría del atentado y había indicios que en realidad apuntaban a direcciones muy diferentes. No es de extrañar que el caso haya estado envuelto en una cierta polémica. Ejercer el derecho a la verdad nos llevó a impulsar esta investigación hace dos años", defiende Fernández Soldevilla, quien considera que los resultados del informe "aclaran algunos de los puntos importantes" en relación a la controversia sobre la autoría. "Hemos querido aportar nuestro granito de arena en el reconocimiento de la verdad", argumenta, por su parte, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.

El informe impulsado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, el sexto que realiza esta institución, se inició hace dos años, pero Manuel Aguilar lleva investigando sobre el asesinato de Urroz desde el año 2000, cuando se impuso en el “imaginario colectivo” una tesis, la de la autoría de ETA, que “no me cuadraba”. El “hilo fundamental” de sus dudas estaba en que en 1960 la banda terrorista “no tenía la capacidad operativa para llevar a cabo una oleada de bombas de semejante magnitud”, ya que en apenas cuatro días fueron colocados explosivos en un tren que hacía el trayecto Barcelona-Madrid, en las consignas de equipaje de las estaciones del Norte de Barcelona, del Norte de San Sebastián, de Amara en la capital guipuzcoana y del Norte de Madrid, y en la terminal de Achuri de Bilbao. “Si fuera una bomba aislada en San Sebastián, o incluso si hubieran colocado también otra en Bilbao, podría haber tenido una credibilidad, pero en el año 1960 una oleada de este calibre en distintas ciudades españolas era materialmente imposible que fuera realizada por ETA”, asevera.

Además, según pone el acento Aguilar, existía el precedente cercano de febrero de 1960, cuando se produjo otra oleada importante de bombas en Madrid, con cuatro artefactos que seguían el mismo patrón –dos ellos estallaron en el ayuntamiento y en la calle Toledo y otros dos, colocados en las oficinas de Iberia en la plaza de Cánovas del Castillo y bajo la estatua de Velázquez al lado del Museo del Prado, fueron desactivados por la Policía–. “La oleada de junio fue similar a la de febrero y no era nada similar a nada parecido a lo que hacía ETA en esa época, que hacía muy poca cosa”, subraya.

En todo caso, los autores del informe hacen hincapié en eso de que 'no hay mal que por bien no venga', ya que “el error” de considerar a la pequeña Urroz una víctima de ETA hizo que en 2011 se aprobara la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de ETA que reconocía a las personas que habían sufrido atentados desde el 1 de enero de 1960, cuando hasta entonces se efectuaba a partir de 1968. Esta ley provocó, como “cambio sustancial”, no solo el hecho de ampliar a ocho años antes el reconocimiento oficial de las víctimas del terrorismo, sino que puso fin al “desamparo institucional” que había sufrido la familia de la pequeña, que falleció abrasada por la explosión de la bomba colocada en una maleta. Además, como valora Fernández Soldevilla, no solo Begoña Urroz fue reconocida oficialmente como víctima del terrorismo sino también otros dos heridos de la explosión de Amara “gracias a esta equivocación” de considerar a ETA la culpable del atentado.

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Urroz es considerada la primera víctima de ETA, pero la autoría de la banda terrorista no está reflejado en los "documentos oficiales", como atestigua Fernández Soldevilla, que asegura que se ha encargado de comprobar esta cuestión. No aparece ETA en el registro del Ministerio de Interior sobre el atentado, en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de ETA y en "ningún otro documento", donde "no se dice expresamente que la pequeña fue víctima de la banda terrorista". En todo caso, el recuerdo a Begoña Urroz motivó que el Congreso de los Diputados declarara en 2010, antes de la aprobación de la citada ley, la fecha del 27 de junio –día de la explosión de la bomba en la estación de Amara– como Día de las Víctimas del Terrorismo. Así, este jueves se celebrará esta jornada con los resultados de esta investigación en el ambiente.

Para los investigadores, detrás de la muerte de Begoña Urroz no está ETA pero tampoco hay rostros concretos, a pesar de que hay nombres y apellidos asociados al atentado en los informes policiales. "No hemos llegado a saber con certeza quiénes fueron los autores materiales", apunta Aguilar. Además, todo lo relacionado con las acciones del DRIL está rodeado de "sospechas", con "misteriosos" apoyos a sus integrantes, que fueron liberados y desaparecieron tras ser detenidos. En concreto, en relación a la explosión que acabó con la vida de la pequeña de un año, ocho meses y siete días de vida y de los atentados ocurridos ese mismo día, el Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas requirió la comparecencia de tres sospechosos de ser los presuntos autores materiales de las acciones, pero nunca fueron capturados. No hubo juicio y la Ley de Amnistía de 1977 "borró la responsabilidad penal del crimen".

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En todo caso, lo que no deja lugar a dudas es, como pone de manifiesto el informe, que la pequeña es una "víctima del terrorismo". De hecho, el reconocimiento oficial como víctima del terrorismo motivó que el Ayuntamiento de San Sebastián le concediera en abril de 2013 la Medalla de Oro de la ciudad a pesar de no contar con el apoyo del entonces alcalde de EH Bildu Juan Karlos Izagirre, que tuvo que cumplir con un mandato del pleno al que no se sumó la antigua Batasuna. El regidor 'abertzale' entregó la distinción en un acto desarrollado a puerta cerrada, con la única presencia de concejales del consistorio y de familiares de la víctima, entre ellos su madre y dos de sus hijos, y sin permitir el acceso a los medios de comunicación.