El País Vasco primará en sus contratos las empresas con 50% de mujeres en altos cargos

El Gobierno vasco primará en la contratación pública a las empresas que garanticen que la mitad de los puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados están ocupados por mujeres durante toda la prestación contractual, así como a aquellas que se comprometan a fichar a mujeres en todas las nuevas contrataciones que realicen para la prestación del servicio si existiera deber de subrogación.

Son dos de los criterios a valorar que los órganos de contratación de la Administración vasca incorporarán a partir de ahora en los pliegos de contratación de cara a garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en la contratación pública. La ponderación de estas medidas será de, al menos, el 5% del total del baremo de cara a adjudicar el contrato público. A este respecto, la pretensión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es que esta valoración pueda tener un peso por encima del 5% en función del contrato y del sector al que se dirija.

La ponderación de las medidas para la igualdad de mujeres y hombres en los pliegos de contratación será como mínimo del 5% del total del baremo

En vísperas de la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes la instrucción dirigida a los órganos de contratación por la que se incorporan cláusulas para luchar contra la brecha salarial en la contratación pública vasca. De este modo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos deberán establecer de “manera preceptiva” el deber de las adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre hombres y mujeres. Esto es, sobre el papel, se establecerá la obligación contractual de evitar la existencia de discriminación salarial por sexo.

En la práctica, los pliegos de condiciones deberán incluir, de cara a la ponderación de las diferentes ofertas, un peso mínimo del 5% en la baremación para las medidas tendentes a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro de los criterios a valorar, la Administración pública vasca también atenderá las contrataciones de mujeres en situación de desventaja social —discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta de garantía de ingresos o renta mínima de inserción, víctimas de la violencia de género o con dificultades de acceso al mercado laboral—, la formación en igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato, el disponer de un número de personas que posean una formación mínima de, al menos, 150 horas en materia de igualdad o el contar con un protocolo para prevenir y hacer frente al acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo.

Asimismo, se valorarán las empresas que establezcan medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato o para las personas beneficiarias del mismo siempre que mejoren las ya existentes.

Las adjudicatarias de contratos públicos de más de 120.000 euros deberán remitir cada año la relación nominal desagregada por sexo de los trabajadores

Igualmente, con esta finalidad de impedir la brecha salarial, las adjudicatarias de contratos públicos que superen los 120.000 euros deberán remitir anualmente al Gobierno vasco declaración responsable con la relación nominal desagregada por sexo de las personas contratadas con indicación de su categoría profesional y el salario base más los complementos de cada una de ellas. Entre la documentación a enviar, también se deberán remitir el informe de trabajadores en alta (ITA) y el de datos de cotización (IDC) de la empresa contratista.

La obligatoriedad de remitir toda esta documentación obedece a que, como justifica el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se trata de unos contratos de “suficiente envergadura” como para “solicitar información adicional para asegurarnos de que se cumplen las medidas” encaminadas a garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, el no cumplimiento de las cláusulas conllevará penalizaciones.

La nueva instrucción para la incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva tendrá un considerable impacto en la contratación pública, dado que anualmente la Administración vasca formaliza cerca de 5.000 contratos públicos —4.798 el pasado año—. Se trata de un volumen de contratos “importante”, por lo que “muchas empresas pueden verse afectadas por la incorporación de estas cláusulas”, según ha detallado Azpiazu. La instrucción se dirige a aquellas personas que trabajan en las distintas áreas y órganos de contratación, pero también “a quienes promueven los contratos, quienes detectan y conocen las necesidades, y saben mejor que nadie qué requerimientos sobre igualdad de mujeres y hombres pueden perfectamente jugar un papel en cada contratación”.