balance de actuaciones de 2018 en la comunidad

Las cifras para que las FSE se queden en el País Vasco: 4.606 kilos de droga, 31 mafias...

El delegado del Gobierno, Jesús Loza, da a conocer los datos de actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional para constatar que su labor sigue siendo "necesaria" y "fundamental"

Foto: Un agente de la Guardia Civil realiza labores en un aeropuerto. (EFE)
Un agente de la Guardia Civil realiza labores en un aeropuerto. (EFE)

La insistente demanda del nacionalismo vasco para que se lleve a cabo el repliegue o la marcha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) del País Vasco, reivindicación que se ha visto acentuada a raíz de la disolución de ETA, se ha encontrado con el reiterado rechazo del Gobierno español, que replica que su labor sigue siendo “necesaria” en esta comunidad. Para ello, alude, con cifras, a las intervenciones que siguen realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional en suelo vasco y a la eficacia de su actuación.

Con esta finalidad de que, más allá de las palabras, de los pronunciamientos políticos e institucionales, hablen los datos, la Delegación del Gobierno ha dado a conocer este lunes los números de la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante 2018 en esta comunidad. En esencia, con los números del balance del pasado año sobre la mesa, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, pretende “transformar” la tradicional consigna nacionalista 'alde hemendik' (que se vayan o fuera de aquí, en euskera) por el 'gera daitezen' (que se queden). Las cifras, según remarca, evidencian que su labor "sigue siendo fundamental".

Uno de los objetivos de la Delegación del Gobierno en el País Vasco es transformar el famoso 'alde hemendik' (que se vayan) por el 'que se queden'

El ‘que se queden’ se sustenta en los 4.606 kilos de droga incautados el pasado año, los 31 grupos de delincuencia organizada desarticulados —relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, trata de seres humanos, inmigración ilegal, delitos contra la flora y la fauna, tráfico ilícito de vehículos de alta gama o falsedad documental—, las 3.510 personas detenidas por los diferentes delitos, los 18 arrestos por cuestiones de terrorismo, los 1.539 inmigrantes irregulares interceptados en los puertos de Bilbao y Pasajes, la puesta en marcha de 331 operaciones de protección y auxilio a diferentes embarcaciones, los 1.561 auxilios prestados a las autoridades judiciales…

La lucha contra el narcotráfico tuvo como resultado el pasado año un incremento de los decomisos de droga, con 2.110 kilos de droga incautados por la Guardia Civil (el 90%, en investigaciones supracomunitarias), de los que 1.748 eran de hachís y otros 2.496 kilos de productos estupefacientes aprehendidos a cargo de la Policía Nacional, en su inmensa mayoría (2.242) marihuana.

En materia de control de fronteras y vigilancia de puertos, la Guardia Civil interceptó en los puertos de Bilbao y Pasajes a 1.539 inmigrantes irregulares, el 95% de nacionalidad albanesa. Las cifras, en todo caso, son muy inferiores a las registradas en 2017, cuando se contabilizaron 7.479 intercepciones. El motivo de este fuerte descenso se encuentra en el muro de cuatro metros levantado a principios del pasado año por la Autoridad Portuaria de Bilbao para frenar a los polizones y que ha hecho que muchos de ellos desistan de intentar abordar esta puerta de entrada a Reino Unido y opten por Santander. “Ahora hay un problema allí y nos han pedido ayuda para coordinar actuaciones”, expone Loza.

Las cifras de la actuación de la Benemérita también recogen la incautación de 6.621 kilos de productos alimenticios, 28.368 cajetillas de cigarrillos y 1,13 millones de euros de diferentes países no declarados en los aeropuertos vascos, así como 317 operaciones de protección a cruceros y buques, 14 de auxilio a embarcaciones y 619 inspecciones de navegación deportiva en su labor de vigilancia de costas y salvamento marítimo. Igualmente, controló 126.632 armas, concedió 76.969 licencias y autorizaciones, y realizó 1.367 inspecciones a instalaciones y establecimientos sujetos a control administrativo —fábricas de armas o explosivos, depósitos, talleres, campos de tiro o empresas de seguridad, entre otros—.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza. (EFE)
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza. (EFE)

Por su parte, el balance anual de la Policía Nacional incluye la detención de 3.409 personas, el 77% de ellas por infracciones de la Ley de Extranjería, donde tiene competencias exclusivas. En este ámbito, expidió 26.796 permisos de residencia, inició la tramitación de 2.466 expedientes de expulsión, con 102 ejecutadas, y colaboró en 372 actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo. Asimismo, detuvo a 71 personas dentro de los 19 grupos organizados dedicados a la inmigración ilegal que fueron desarticulados, y practicó 16 arrestos con motivo de 11 investigaciones por falsedad documental y fraude en ayudas sociales que superaron los 400.000 euros defraudados a los fondos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Además, expidió o renovó un total de 340.066 DNI y 111.888 pasaportes, las cifras más elevadas de los últimos seis años.

Es un hecho que la cifra de guardias civiles, policías nacionales y militares que operan en el País Vasco se ha ido reduciendo paulatinamente desde que en octubre de 2011 ETA decretara el fin de su actividad armada. Por entonces, según los datos facilitados el pasado año por el Ministerio de Interior a EH Bildu en una respuesta en el Congreso de los Diputados, había destinados 6.303 efectivos de las FSE —3.083 agentes de la Guardia Civil, 1.528 de la Policía y 1.692 miembros del Ejército—. El pasado año, el despliegue se había reducido en más de un millar de efectivos al situarse en 5.167 agentes —2.369 guardias civiles, 1.317 policías y 1.481 militares—.

El despliegue de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército se ha reducido en más de un millar de efectivos desde el cese del terrorismo de ETA

El Gobierno vasco defiende que la Ertzaintza, en su condición de policía integral, puede asumir las gestiones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y demanda un repliegue de las FSE ante la ausencia del terrorismo de ETA. En la actualidad, la plantilla de la Policía Vasca cuenta con 7.300 agentes de un total de 8.000 previstos, una cifra que los principales sindicatos policiales, ERNE y ESAN, califican de insuficiente. De hecho, ambas centrales han alertado recientemente del “grave deterioro” de la seguridad pública en el País Vasco ante la falta de agentes y el “incremento” de los delitos.

Sin la banda terrorista, Loza defiende que la experiencia que acumulan las FSE contra el terrorismo de ETA “les permite investigar y actuar con la misma eficacia contra formas de terrorismo como el yihadista”. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la Guardia Civil detuvo el pasado año a 10 personas, cuatro de ellas por enaltecimiento en el campus de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en Vitoria. Además, llevó a cabo la operación Zerga, que permitió por primera vez embargar bienes a condenados por delitos de terrorismo para hacer frente a la responsabilidad civil impuesta por los jueces. Por su parte, la Policía Nacional detuvo a cinco personas por delitos de terrorismo y a tres por apología.

Todas estas cifras constatan, según pone de relieve el delegado del Gobierno en el País Vasco, que los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional “son y seguirán siendo de los nuestros”. Por ello, descarta de forma categórica la marcha de ambos cuerpos, que “van a continuar trabajando en los ámbitos que son de su competencia para dar respuesta a las demandas de la sociedad vasca”. “Lo diré una vez más, uno de los objetivos de la Delegación es transformar el famoso ‘alde hemendik’, que se vayan, por un ‘que se queden”, zanja Loza.

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