La Fiscalía aprecia delito de revelación de secretos en la polémica OPE de Osakidetza

La Fiscalía Superior del País Vasco ve indicios de delito de revelación de secretos en el seno de la dirección del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, en la polémica Oferta Pública de Empleo (OPE) que fue denunciada por varios sindicatos por filtraciones de exámenes en diversas especialidades médicas para beneficiar a determinados opositores. La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha concluido su investigación, en la que constata la falta de control de los responsables de Recursos Humanos durante el proceso y apunta a tres jefes de servicio como presuntos autores de las filtraciones selectivas de las pruebas en varias categorías.

Las diligencias practicadas desde que varios sindicatos denunciaran en junio del pasado año las supuestas irregularidades en la OPE, a la que se presentaron cerca de 73.000 personas, han concluido que existen indicios de delito, por lo que la Fiscalía ha remitido las actuaciones al juzgado para que investigue los hechos y determine las responsabilidades penales que, en su caso, correspondan.

Los sindicatos elevan el fraude en la OPE de Osakidetza a 19 especialidades médicas y la Fiscalía vasca ve filtraciones en once categorías

Las principales conclusiones de la investigación han sido desveladas por el sindicato ELA, uno de los denunciantes ante el Ministerio Público junto a las centrales LAB y ESK, y que, a la vista del escrito de la fiscal, ha vuelto a exigir el “cese inmediato” del consejero de Sanidad, Jon Darpón, como "máximo responsable" de lo sucedido. Al titular de Osakidetza no apunta de forma directa Adán, que, según la información de la central sindical, sí señala al responsable de Recursos Humanos, al subdirector de esta área y al director de Asistencia Sanitaria por su participación en las presuntas irregularidades.

Los sindicatos elevan el fraude en la que ha sido la gran OPE de Osakidetza, con más de 3.300 plazas en juego, a 19 especialidades médicas, aunque Osakidertza solo ha decidido actuar en tres de ellas, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, y Aparato Digestivo, con la repetición de cinco exámenes en previsión de posible irregularidades. Ahora, la Fiscalía considera tras la investigación llevada a cabo en los últimos meses que las filtraciones de pruebas para beneficiar a determinados opositores en detrimento del resto de aspirantes afectaron a once categorías, según apuntan fuentes sindicales.

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Entre las pruebas con las que las centrales acudieron a la Fiscalía se encontraban actas notariales levantadas por Podemos y el sindicato ESK que adivinaron los nombres de quienes iban a obtener plaza para una determinada especialidad médica antes de la realización de las pruebas. Pese a ello, Darpón siempre ha defendido la limpieza de este proceso, si bien las polémicas oposiciones se han llevado por delante a varios responsables del Servicio Vasco de Salud, caso de su directora general, María Jesús Múgica, y los titulares de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto –una de las tres personas a las que apunta la Fiscalía–, y del departamento Económico, Ricardo Ituarte, que dimitieron de sus puestos.

Las sospechas de fraude por parte de los sindicatos se han venido sucediendo en las últimas OPE de Osakidetza. Por ello, ante estas dudas y en aras a garantizar la limpieza del proceso, el Gobierno vasco decidió que un organismo externo, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), se encargara de la realización de los exámenes teóricos de las especialidades médicas. Sin embargo, la Fiscalía deja al descubierto que esta entidad no contaba con especialistas médicos de cara a elaborar las pruebas, por lo que tuvo que recurrir a profesionales del Servicio Vasco de Salud nombrados por la propia dirección de Osakidetza, que “les proporcionó un listado de personas, una por especialidad médica”. En concreto, la Fiscalía asegura que "las personas que participaron en proporcionar tales nombres fueron el director de Recursos Humanos, el subdirector de Recursos Humanos y el director de Asistencia Sanitaria", según informa ELA. Este sindicato afirma que la fiscal señala asimismo "a tres jefes de servicio como presuntos autores de las filtraciones en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, y Aparato Digestivo".

Algunos de los nombres facilitados al IVAP fueron juez y parte. Esto es, personas que constaban en el listado proporcionado por Osakidetza para confeccionar los exámenes en ocasiones eran también miembros de los tribunales encargados de juzgar a los opositores. Algo que el propio Instituto Vasco de Administración Pública desconocía, según deja constancia la Fiscalía, que refleja que ese conocimiento “lo tenía quien designaba a tales miembros a sabiendas de que no solo iban a elaborar el primer examen, sino evaluar éste y participar en el segundo”.

Por ello, la fiscal vasca pone de relieve la falta de control por parte de los responsables de Recursos Humanos. “La decisión de designar a uno u otro profesional se realizaba de un modo exento del control necesario para excluir la arbitrariedad”, censura el Ministerio Público, que incide en que “no constan criterios objetivos en la designación”. Asimismo, según las mismas fuentes, la Fiscalía señala que Osakidetza ha “interferido” en la decisión de los tribunales calificadores y que “no ha obrado con homogeneidad”, de forma que en unos casos decidió que los dos exámenes fueran elaborados por el IVAP y, en otros, el segundo fuera redactado por el tribunal.

La fiscal pone de relieve la "falta de control" de los responsables de Recursos Humanos, que actuaron de "un modo exento del control necesario para excluir la arbitrariedad"

En sus conclusiones, ELA sostiene que la Fiscalía también pone en cuestión la “parcial” actuación de la dirección de Osakidetza una vez que salieron a la luz las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Así, por ejemplo, señala que prácticamente todos los miembros del tribunal de Angiología cuestionaron la permanencia de una de las vocales de cara a la repetición del examen por sospechas de irregularidades, pero el director de Recursos Humanos decidió su permanencia aún siendo consciente de que era la persona que había confeccionado los dos exámenes sobre los que recaían las dudas. Igualmente, en el caso de Angiología y Cirugía Vascular, refleja que cuando se abrió el expediente de información previa en relación con estos exámenes se nombro instructor del mismo al subdirector de Recursos Humanos, que fue uno de los que decidió quién iba a confeccionar la prueba.

A la vista de todas estas circunstancias, el sindicato ELA asegura que la Fiscalía, en sus conclusiones, “señala directamente” a la dirección de Osakidetza como “figura clave en las irregularidades habidas” en la OPE celebrada a mediados del pasado año. Las acusaciones de fraude llevaron al Servicio Vasco de Salud a repetir cinco exámenes de las tres especialices médicas citadas, algo que los sindicatos han denunciado que es "insuficiente". De hecho, las centrales denunciaron irregularidades en un total de 19 especialidades. "Se debe poner fin de una vez por todas al sistema corrupto existente en la selección de médicos especialistas", asevera el sindicato, que reprocha a Darpón que les acusara de "dañar" a Osakidetza con su actuación. "Todo debe derivar necesariamente en el cese inmediato del consejero como máximo responsable de lo sucedido. Es inadmisible que este asunto se cierre en falso y nadie asuma las debidas responsabilidades, ya sea como actor principal o como cómplice de lo sucedido", censura. A la petición de cese de Darpón se ha sumado también ESK, que ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a destituir al consejero de Sanidad y "afrontar la necesaria regeneración dentro de Osakidetza" para garantizar "el fin de este sistema corrupto y clientelar".

El Defensor del Pueblo Vasco también ha puesto en cuestión la OPE: Pide a Osakidetza que designe por sorteo a los tribunales en futuras ofertas públicas

La polémica OPE también ha sido puesta en cuestión por el Defensor del Pueblo Vasco, Ararteko, que ha emplazado a Osakidetza a que la designación de las personas que vayan a formar parte de los tribunales en futuras ofertas públicas de empleo se realice a través de un sorteo para que se "eviten las sospechas de designaciones interesadas". Esta es una de las doce recomendaciones que Manu Lezertua recoge en un informe elaborado al hilo del supuesto fraude en la última OPE, el cual, según precisa, no tiene como finalidad investigar las presuntas irregularidades denunciadas, algo que corresponde a la Fiscalía Superior del País Vasco.

Ante las conclusiones de la investigación de la Fiscalía desveladas por ELA, y que han provocado una cascada de reacciones críticas contra la dirección de Osakidetza por parte de los sindicatos y partidos de la oposición, el Departamento de Salud del Gobierno vasco ha afirmado que aún no han recibido ninguna notificación oficial del Ministerio Público. Por ello, va a esperar a “contar con toda la información” para realizar una valoración sobre la actuación de la Fiscalía. En todo caso, ha mostrado su “máximo respeto y colaboración” con la investigación llevada a cabo.