el rentable papel de los mediadores internacionales

El lucrativo negocio de ser mediador: 300.000 euros y con 'tarifa de amigo'

El abogado sudafricano Brian Currin es la figura más representativa de esa larga nómina de facilitadores que hicieron negocio de uno u otro modo en el País Vasco en la última etapa de ETA

Foto: Currin saluda a Arnaldo Otegi en la cumbre de Cambo, organizada para escenificar la disolución de ETA. (EFE)
Currin saluda a Arnaldo Otegi en la cumbre de Cambo, organizada para escenificar la disolución de ETA. (EFE)

Preguntado por quién financiaba sus actividades y los honorarios recibidos por ejercer de “mediador” en el “proceso de paz” del País Vasco a instancias de ETA, Brian Currin replicaba con evasivas respuestas que nunca despejaban todas las dudas. El abogado sudafricano, en cuanto a nombres propios, es el más representativo de toda esa larga nómina de intermediarios, facilitadores o cualquier otra denominación que han hecho negocio de uno u otro modo, de forma directa o indirecta, con la obtención de largas sumas de dinero y/u otros réditos, de todo el proceso que ha acompañado al último periodo de la banda terrorista.

El negocio de Currin con el País Vasco se inició en 2004 cuando Batasuna contactó con este considerado experto en resolución de conflictos, que había prestado sus servicios en Sudáfrica e Irlanda del Norte, entre otros países, a recomendación del Sinn Féin, el brazo político del IRA. Por aquel entonces, con ETA debilitada por la acción policial pero inmersa en su espiral de bombas y atentados, se habían iniciado los contactos entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista para preparar la tregua trampa de marzo de 2006, que ETA hizo saltar por los aires con el atentado de la T-4 de Madrid a finales de ese año.

Currin cobró cerca de 300.000 euros en 10 años de la Fundación Joseph Rowntree Charitable Trust para la tarea de "facilitar el proceso de paz vasco"

Pese a este engaño mayúsculo al Gobierno, Currin se empeñó en intentar mantener abiertos los canales de comunicación con el Ejecutivo español y proseguir con su tarea de mediador a diferentes escalas. El ‘negocio de la negociación’ estaba ya en marcha y en el horizonte se vislumbraban cuantiosos beneficios, y más dada la manifiesta debilidad de ETA, que, ahogada por las detenciones policiales, buscaba la implicación de la comunidad internacional en su causa. De forma ‘oficial’, el abogado sudafricano cobraba de la fundación británica Joseph Rowntree Charitable Trust (JRCT), una entidad filantrópica de inspiración cuáquera fundada por el creador de la chocolatina Kit-Kat y los Smarties que también ha destinado fondos a conflictos como el sudafricano o el irlandés. En una década, Currin recibió cerca de 300.000 euros en diferentes pagos para la labor de “facilitar el proceso de paz en el País Vasco”, como han dejado constancia los papeles de la fundación, primero en solitario y luego liderando el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que creó en 2011 para “facilitar el logro de la normalización política en el País Vasco”.

El lucrativo negocio de ser mediador: 300.000 euros y con 'tarifa de amigo'

Este grupo de autodenominados "verificadores del proceso de paz" contó igualmente con importante financiación vasca a través de Lokarri, la plataforma social por la paz y la convivencia que ejerció de madrina del GIC en todo su periplo por el País Vasco y que realizó cuantiosos pagos para sufragar sus actividades, entre ellas la organización de la Conferencia Internacional de Aiete en San Sebastián, en octubre de 2011, que reunió a destacadas personalidades internacionales lideradas por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, y que precedió al alto el fuego definitivo decretado por la banda terrorista. Este colectivo cívico surgido en 2006 de las cenizas de Elkarri, la asociación fundada en 1992 por el hoy secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, para promover el “diálogo” en el ‘conflicto vasco’ y que durante numerosos años recibió cuantiosas y polémicas subvenciones de las instituciones vascas, pagó 70.000 euros por la cumbre de Aiete, cuyo coste superó los 300.000 euros. Al gasto contribuyeron fundaciones internacionales como The Berghof Foundation, Conciliation Resources, The Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation —fundada por el Nobel de la Paz Desmond Tutu— o Centre for Conflict Resolution (Noref), una institución auspiciada por el Gobierno de Noruega. Por su parte, la JRCT que sufragaba la actividad de Currin aportó 50.000 libras al Grupo Internacional de Contacto para costear su labor de cara a este encuentro.

La factura abonada por Lokarri cubrió los gastos logísticos y la estancia de los miembros del GIC y sus gastos. “Currin es el más interesado en que ETA no se desarme para seguir cobrando”, censuró el que fuera presidente del PP vasco Antonio Basagoiti, para denunciar una mediación que no era avalada por el Gobierno español —nunca ha llegado a reconocer sus servicios—, y que denunciaban con contundencia las asociaciones de víctimas del terrorismo o los partidos constitucionalistas por estar al servicio de los intereses de ETA y de su brazo político. En su labor, Currin asumió las reivindicaciones del entorno etarra, con la demanda de la legalización de la izquierda ‘abertzale’ o la concesión de beneficios a los presos de ETA como prioritarios postulados.

Ante las acusaciones de lucrarse a costa del ‘conflicto vasco’, Currin replicaba que los honorarios eran sensiblemente inferiores a otros trabajos que desarrollaba al frente de su despacho. Incluso llegó a defender que aplicaba ‘tarifa amigo’ a la izquierda ‘abertzale’ y todo este conglomerado de asociaciones afines que contribuían al pago de sus servicios. Pero la realidad es que no solo hubo grandes sumas de dinero sino que su labor en el País Vasco le sirvió igualmente para su anhelada pretensión de ganar prestigio internacional y engordar el currículo profesional con su participación de mediación en otros conflictos.

La trayectoria de ETA estuvo acompañada de intermediaciones y de organización de actividades que implicaron a una decena de fundaciones

El grupo de Currin y otras tantas plataformas que surgieron en los últimos años de ETA ejerciendo de mediadores o impulsando diversas actividades en torno al proceso de paz en el País Vasco, caso de conferencias, cursos o estudios, contaron con el aval del PNV y de las instituciones controladas por el nacionalismo, entre ellas el Gobierno de Iñigo Urkullu. El lendakari no ha dudado ahora en mostrar su “ilusión” por la figura del relator/mediador/facilitador que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aceptado para Cataluña dentro del pulso secesionista de la Generalitat y que ha generado una gran polémica, incluso dentro de la cúpula socialista.

El GIC auspiciado por Currin bajo el abrigo de Lokarri, que no dudó en pedir aportaciones económicas a la sociedad vasca para financiar sus costosos servicios, estaba compuesto por otros cinco integrantes, entre ellos, Raymond Kendall, secretario general de Interpol entre 1985 y 2000; el catedrático de Ciencias Políticas Alberto Spektorowski, que asesoró el Gobierno de Israel durante las negociaciones de paz con los palestinos en Camp David, y Nuala O’Loan, miembro de la Cámara de los Lores y primera defensora del pueblo en materia policial en Irlanda del Norte. El equipo lo completaban la criminóloga británica experta en la prevención de la tortura Silvia Casale y el suizo Pierre Hazan, experto en justicia criminal internacional y participante en las llamadas ‘comisiones de la verdad’.

Ram Manikkalingam, presidente de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), reconoció que cobraban 750 euros cada uno por jornada de trabajo

Se sucedieron las visitas al País Vasco, donde el grupo contaba con una sede gratis en el Palacio de Aiete regalada por el ayuntamiento donostiarra para facilitar su trabajo. Se llegó a decir que cada una de las reuniones de trabajo de este grupo se saldaba con una factura de 10.000 euros que cubrían honorarios, desplazamientos, alojamiento y comida. La certeza la puso Ram Manikkalingam, presidente de la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV), fundada también en 2011 para “verificar el final de la violencia de ETA”. Cada uno de los seis componentes de este organismo, entre los que figuraban el exministro de Inteligencia de Sudáfrica Ronnie Kasrils, el que fuera responsable de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte Chris Maccabe o el exvicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India Satish Nambiar, cobraba 750 euros por jornada de trabajo. El dinero procedía de la organización holandesa con sede en Ámsterdam Dialogue Advisory Group (DAG), que dirigía el propio Manikkalingam y cuya labor, sufragada por algunos gobiernos e inversores privados, está orientada a la mediación y resolución de conflictos con actuaciones en Irlanda del Norte, Libia, Sri Lanka o el Congo.

Así lo reconoció Manikkalingam cuando fue llamado a declarar a la Audiencia Nacional junto a sus compañeros en calidad de testigos —aunque solo comparecieron tres de ellos— por participar en esa farsa de inicio de desarme que ETA escenificó en febrero de 2014 a través de un vídeo difundido en la BBC, en el que dos terroristas encapuchados le entregaban a él y a Ronnie Kasrils una hoja con un inventario de armas que la banda terrorista había decidido retirar ante una mesa con unas pocas pistolas, dos granadas, balas, cordón detonante y material para fabricar explosivos. Posteriormente, el responsable del CIV confesó en la Audiencia Nacional que los dos etarras se habían llevado esas pocas armas en una caja. Igualmente, reconoció que fue la propia ETA quien se puso en contacto con él por carta para proponerle que ejerciera de mediador en el País Vasco.

El CIV fue otro de esos organismos que surgieron durante los últimos pasos de ETA a instancias de la propia banda terrorista y al servicio de su brazo político y sus organizaciones afines, y que contaron en sus filas en algunos casos con personas de poca o nula credibilidad. Las dos partes ganaban. Los mediadores sacaban provecho personal y la banda terrorista contaba con altavoces para denunciar a nivel internacional la falta de pasos del Gobierno español para poner fin al 'conflicto político' del País Vasco y tratar de desacreditar a España como un Estado de derecho. Todo con el apoyo a todos los niveles, fundamentalmente económico, de Lokarri, que en 2015 puso fin a su actividad al considerar que su trabajo había concluido.

Currin (d) conversa con el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, en el acto de despedida de este organismo.
Currin (d) conversa con el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, en el acto de despedida de este organismo.

La Comisión Internacional de Verificación salió escaldada de la grotesta escenificación del desarme de 2014. Pese a ello, Manikkalingam lideró al frente del CIV el acto de abril de 2017 en Bayona (Francia) con el que ETA quiso teatralizar la anunciada definitiva entrega de armas —aunque la banda terrorista no entregó todas las pistolas que integraban su arsenal—. Compartió protagonismo con la enésima plataforma de mediadores, los autoproclamados ‘artesanos de la paz’, un grupo surgido de la sociedad civil a quien ETA había encomendado la labor de facilitar el proceso de desarme. Su miembro más activo, Tetx Etcheverry, un activista 'abertzale' al que las fuerzas policiales vinculaban con ETA, era una de las cinco personas que fueron detenidas en diciembre de 2016 en Luhuso, al sur de Francia, cuando se disponían a inutilizar y destruir medio centenar de armas entregadas por ETA, entre otro material, como parte de la campaña de propaganda etarra.

Aunque no fue detenido por no encontrarse en el caserío en esos momentos, en esta acción estaba también implicado Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de los Derechos Humanos de Francia, una organización que recibe cuantiosas subvenciones del Gobierno galo y de la Unión Europea, y que se prestó a ejercer de intermediaria en los últimos movimientos de ETA. En la disolución de la banda terrorista tuvo un papel activo la reputada fundación suiza Henry Dunant, que con anterioridad había supervisado las negociaciones entre el Gobierno y ETA. Este reconocido centro certificó el pasado 3 de mayo la defunción de la banda terrorista al dar validez al comunicado de su desaparición, al que pusieron voz el huido de la Justicia Jose Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, y Marisol Iparraguirre, ‘Anboto’, desde la cárcel en Francia.

Se puso fin así a medio siglo de terror de ETA que estuvo acompañado de largos años de intermediaciones y de organización de diversas actividades —conferencias, seminarios, informes o estudios— que implicaron a una decena de reconocidas fundaciones de diferentes países, como The Concilation Resources (Reino Unido) o The Peace Research Institute Oslo (Noruega), además de las ya citadas. Faltaba la última escenificación, un día después en la localidad francesa de Cambo, en el que fue el último servicio a la banda terrorista de Currin, quien lideró un acto que copió la dialéctica de ETA al calificar a los etarras encarcelados de “presos políticos” y abogar por la independencia del País Vasco. Un último servicio en presencia de personalidades internacionales —la cumbre estuvo amparada a nivel mundial por el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, el histórico líder del Sinn Féin Gerry Adams, el tres veces candidato a la presidencia de México Cuauhtémoc Cárdenas, el ex director general del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus y Jonathan Powell, quien fuera jefe del gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair— no exento de factura (económica). Luego llegó la despedida oficial de Currin y los suyos con un acto en el Palacio de Aiete el pasado mes de octubre. En el adiós, no faltaron los llamamientos a presionar al Gobierno español a favor de los “presos políticos”.

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