la medida "excede la competencia" del País Vasco

El Gobierno vasco 'frena' retirar la custodia compartida a acusados de violencia machista

El Parlamento aborda el cambio promovido por Bildu para convertir el País Vasco en la primera comunidad en prohibir este derecho a los procesados entre las dudas legales del Ejecutivo

Foto: Concentración en denuncia de un presunto caso de violencia machista. (EFE)
Concentración en denuncia de un presunto caso de violencia machista. (EFE)

El Parlamento vasco retomará su actividad plenaria este jueves —tras un mes de enero inhábil para la actividad ordinaria— con el debate de una proposición de ley impulsada por EH Bildu que busca convertir el País Vasco en la primera comunidad autónoma española que suspende el derecho a la custodia compartida a los procesados por violencia machista para "garantizar la protección de los menores". La propuesta llega a pleno tras contar con el criterio favorable a su toma en consideración por parte del Gobierno vasco, si bien el Ejecutivo de Iñigo Urkullu viene a cerrar las puertas a su viabilidad antes del propio debate en la Cámara al advertir de que este planteamiento "excede la competencia atribuida al País Vasco", por lo que existe el “riesgo” de que sea “impugnado”.

El Gobierno vasco deja constancia de las dificultades legales existentes en la manifestación del criterio en torno a la propuesta promovida por la coalición 'abertzale' para modificar la Ley 7/2015 de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores de cara a establecer por ley que no se pueda conceder la guardia y custodia compartida a quien “esté incurso en un procedimiento judicial por razón de violencia de género, se hayan adoptado o no medidas en relación con el mismo”.

El Gobierno vasco advierte de que la propuesta "excede la competencia atribuida al País Vasco", por lo que existe el "riesgo" de que sea "impugnada"

Igualmente, el cambio legal propuesto contempla la posibilidad de suspender por decisión judicial el derecho que tienen los progenitores que no tienen consigo a los menores de visitar a los hijos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, “haya o no sentencia en el momento de la decisión”. Para la adopción de esta medida, la iniciativa recoge que se recabará "informe médico, social y psicológico de los Servicios de Mediación Familiar en relación con la conveniencia y necesidad de la medida a adoptar, que siempre se tomará en garantía y protección de los derechos de los menores”.

Pero antes de que el Parlamento aborde la iniciativa, la coalición ‘abertzale’ se ha encontrado con el freno del Ejecutivo de Urkullu. Aunque se trata de una propuesta “legítima” y “plausible desde el punto de vista de los objetivos que persigue”, alerta de que este planteamiento “puede suponer en la práctica promover un cambio normativo que excede la competencia atribuida” al País Vasco por el Estatuto de Gernika, con el “riesgo de impugnabilidad que ello entraña”. A este respecto, a nivel práctico, refleja que ya en 2017 un juzgado de primera instancia e instrucción de Guipúzcoa “planteó una cuestión de inconstitucionalidad en torno al art. 11 de la Ley 7/2015 que cuestionaba la competencia del País Vasco para establecer en este punto una regulación propia y diferenciada de la recogida en el Código Civil. La cuestión, según apunta, “fue inadmitida sin entrar en el fondo de la cuestión, por no haberse satisfecho, en el concreto caso de autos, el juicio de aplicabilidad y relevancia del precepto cuestionado”.

De prosperar esta iniciativa, con las advertencias legales expuestas por el Gobierno de Vitoria, el País Vasco se convertiría en la primera comunidad española en aplicar este veto de la custodia compartida a los supuestos maltratadores cuyo caso se encuentre en procedimiento judicial. La medida ya se aplica en algunos países europeos pero no en España, según sostiene la parlamentaria ‘abertzale’ Jone Goirizelaia, que considera “importante” que el País Vasco sea pionero en esta cuestión. Para ello, se ampara en el “ejercicio de sus competencias”, cuestión que el Ejecutivo vasco cuestiona en base al propio Estatuto de Gernika por sobrepasar la competencia atribuida en el artículo 10.5.

Además, el Gobierno vasco constata en su acuerdo de manifestación de criterio, que fue adoptado a finales del pasado año, que en la actualidad se está tramitando en las Cortes Generales un proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia machista, que tiene su origen en sendos informes aprobados por unanimidad en el Congreso y el Senado que contemplan la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con una “regulación más ambiciosa”, dotada de “mayor rigor técnico” y “no limitada” a las personas que “gozan de vecindad civil vasca”.

En las Cortes Generales se tramita un proyecto con una "regulación más ambiciosa", dotada de "mayor rigor técnico" y "no limitada" a los vascos

La propuesta, que —según destaca— no ha sido objeto de enmienda por ningún grupo parlamentario, refleja: “Si el inculpado por un delito de violencia de género hubiera sido condenado con anterioridad por la comisión de otro delito violento contra alguna de las personas mencionadas en el artículo 173 apartado 2 del Código Penal, o existieran indicios racionales de la comisión de un delito de violencia habitual o de cualquier otro delito de violencia grave sobre la persona que sea o haya sido cónyuge o sobre la persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, se impondrá en todo caso la prohibición de aproximación y comunicación a aquella, y se hará extensiva, en todo caso, a sus hijos e hijas menores o a las personas sometidas a su tutela, guarda o custodia, cuando hubieran presenciado o sufrido el presunto hecho delictivo o convivido en ese supuesto entorno de violencia”.

La iniciativa objeto de análisis, según pone de manifiesto el Gobierno vasco, “pretende también imposibilitar un pronunciamiento judicial que atribuya la guarda y custodia compartida en los supuestos en que uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal por maltrato de género, mediante la supresión del artículo 11.3 y la adición de un artículo 9 bis; una propuesta que fue desestimada durante la tramitación parlamentaria de la ley”. Por otra parte, refleja que el artículo 11.3, en su párrafo segundo, “contempla ya la posibilidad de que el juez tenga en cuenta a la hora de establecer o modificar dicho régimen de guarda y custodia, los indicios fundados de la comisión de delitos contra el otro miembro de la pareja o los hijos menores que convivan con ambos, sin necesidad por tanto de constatar la apertura de un proceso penal por violencia de género”.

En sus argumentos, el Gobierno vasco también discrepa de la función que la propuesta de EH Bildu encomienda al Servicio de Mediación Familiar de cara a que pueda ser suspendido por decisión judicial el derecho que tiene el progenitor que no tiene consigo a los hijos menores o discapacitados a visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía. Así, expone que este servicio “tiene vedada su intervención en aquellos asuntos que traen su origen en la violencia sobre la mujer”.

A pesar de dejar constancia de todas estas consideraciones que ponen en entredicho la viabilidad legal de la propuesta, el Gobierno vasco manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley promovida por EH Bildu que este jueves abrirá la sesión plenaria que da inicio a la actividad ordinaria del presente ejercicio en el Parlamento vasco.

"La ausencia de perspectiva de género en la Administración de Justicia desemboca en fatídicas consecuencias para los niños", denuncia EH Bildu

Para defender la necesidad de modificar la legislación vigente, la coalición ‘abertzale’ apunta en la exposición de motivos de la iniciativa a “casos recientes” como “la muerte violenta de mujeres en presencia de sus hijos menores de edad, asesinatos de menores de edad y denuncias de acoso sexual o incluso psicológico graves a menores”. “No podemos aceptar que vuelvan a ocurrir estos casos. La ausencia de perspectiva de género en la Administración de Justicia está desembocando en fatídicas consecuencias para los niños”, señala. “Se observa en las instancias jurídicas que, frente a progenitores, normalmente padres maltratadores, no se da una respuesta inmediata, con lo que el sistema judicial asume en cierta manera una paternidad violenta, exenta de responsabilidades y que goza de derechos absolutos, concediéndoles la posibilidad de ejecutar el derecho de visitas y de acceder a la guardia y custodia compartida, incluso con medidas de protección vigentes”, denuncia.

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