el ayuntamiento da cobijo a la joven y su familia

El caso de 'bullying' "extremo" que abre las viviendas públicas de Bilbao a los acosados

El "terrible" acoso que sufrió una joven de 16 años en el colegio y barrio durante dos años impulsa el cambio de la normativa de pisos municipales para atender a situaciones de riesgo físico y psicológico

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Amaia —por ponerle un nombre ficticio— ahora es feliz. Ha encaminado su futuro por los estudios de Farmacia, la tranquilidad marca el día a día de ella y de su familia… Vamos, a priori, una situación normal para una joven que acaba de superar la mayoría de edad. Pero meses atrás, el escenario de hoy era algo impensable, inimaginable, utópico. Donde ahora hay proyectos de futuro hace meses rondaban por la cabeza pensamiento suicidas.

El quitarse la vida estaba entre las posibles salidas a un suplicio que se prolongó por dos interminables años. El calvario comenzó a los 16 años, a las puertas del curso escolar 2016-2017, cuando esta joven de padres marroquíes nacida en Madrid, la mayor de cuatro hermanos, se mudó junto a su familia a Bilbao. El colegio se convirtió en un infierno desde el primer día con insultos, amenazas, desprecios y agresiones continuas por parte de varias compañeras. Pero la situación se tornó en insostenible cuando la tortura salió de las paredes del instituto y saltó al barrio, donde continuó el cruel hostigamiento, no solo de aquellas personas con las que convivía en el aula sino también de progenitores de las acosadoras.

El hostigamiento salió de las paredes del instituto y saltó al barrio, donde progenitores de las acosadoras se sumaron al 'bullying' a la joven

El por qué empezó no se puede saber a ciencia cierta —puede ser el origen marroquí de sus padres o su procedencia madrileña— pero sí es conocido el qué: "Fea", "gorda", "no te queremos aquí", "vete a tu puto país", empujones, lanzamiento de objetos… No tardaron en brotar las repercusiones físicas y psicológicas. En relación a las afecciones en el cuerpo, las diferentes formas de 'bullying' sufridas afectaron a un corazón ya de por sí expuesto a problemas congénitos de nacimiento, de modo que la "ansiedad extrema" que vivía "estaba agravando su estado de salud". Y a nivel mental, los informes psicológicos advertían de un escenario de "alarma total" derivado en gran medida por la reclusión entre las paredes del hogar que se había impuesto la joven para no estar expuesta al acoso

Hubo 'bullying' pero también incomprensión y muchos muros. La única vía de escape posible, la del traslado a otro barrio, estaba cerrada a cal y canto porque nadie quería alquilar una vivienda a una familia extranjera con cuatro hijos y cuyos dos cabezas de familia se encontraban en ese momento en paro. El escenario era tan "terrible" que el ayuntamiento, tras interminables trámites y peripecias, les ha dado cobijo en una vivienda municipal. Para ello, el consistorio tuvo que hacer filigranas para dar con un 'parche' a modo de solución, ya que la normativa no contempla el acoso escolar como casuística para asignar uno de los pisos públicos.

La única salida era irse del barrio, pero nadie quería alquilar una vivienda a una familia extranjera con cuatro hijos y estando los progenitores en paro

Este es el resumen rápido de una historia con final feliz cuya trascendencia no se limita al ámbito de la familia afectada. Y es que este caso va a abrir las puertas de los pisos públicos de Bilbao a otros afectados por acoso en sus diferentes expresiones. A raíz del trance vivido por Amaia y su familia, el ayuntamiento va a aprobar este lunes un cambio en la normativa de viviendas municipales para dar respuesta a aquellas situaciones de riesgo para la integridad física y psicológica que necesiten de un cambio de domicilio con el apoyo unánime de todos los partidos.

La reforma del reglamento de viviendas municipales ha destapado la crueldad vivida por esta joven estudiante y sus allegados. ¿Cómo se ha llegado a este favorable desenlace para Amaia y su familia? Antes hubo que superar un sinfín de "terribles situaciones" y de escollos que se prolongaron dos años, hasta el ansiado traslado a otro barrio que tuvo lugar al término del pasado verano. La voz de alarma la dieron las tutoras de la joven al percatarse de que esa estudiante alegre, jovial y participativa que ocupaba las primeras filas de la clase pasó a estar ausente y desaparecida en una mesa al final del aula. Entraron en acción los servicios sociales, los expertos psicológicos, los médicos... Existía coincidencia en el diagnóstico y los profesionales de las diferentes áreas rubricaron informes alarmantes. Nada lograba revertir la situación, porque el acoso se proyectaba a diario con toda su intensidad en las calles de un barrio en el que todos se conocen y en el que hasta la madre de la joven sufría en sus propias carnes el hostigamiento. "Se reían de la madre, no solo las menores sino también la progenitora de alguna de ellas".

Quien da cuenta de esta situación es Beatriz Ilardia, una abogada adscrita al turno de oficio que, estando de guardia a principios de 2017, acogió a la menor y a su madre en su denuncia. "Ella era un poco reacia a hablar, pero acabó contando lo que sucedía", recuerda. No fue un caso más para esta letrada, que, vistas las urgencias y las necesidades, se implicó personalmente, más allá del ámbito profesional, para encontrar una solución. Así, acompañó a la familia en su recorrido por las diferentes puertas que había que tocar a nivel social e institucional. "Ya desde el principio la encontré muy mal. Ella incluso me mandaba mensajes personales al móvil haciéndome participe de lo mal que se encontraba", refleja.

Para entonces, la joven ya estaba siendo tratada por psicólogos. Se había aislado en el colegio y recluido en el hogar. "Se llegó al extremo de no salir de casa". El servicio de infancia de la Diputación de Vizcaya intervino pero cerró el expediente ya que la menor no estaba desprotegida a nivel familiar. Entonces, los servicios sociales forales, en base a los contundentes informes que alertaban de su deterioro físico y psicológico, determinaron que la única salida en estos momentos pasaba por un drástico cambio de aires, por abandonar el tóxico ambiente del barrio y mudarse a uno nuevo. "Esta no es la forma de enfrentarse a un problema de 'bullying', pero lo cierto es que en ese momento era una salida de urgencia para la menor", señala Ilardia.

"Un cambio de barrio no es la forma de enfrentarse a un caso de 'bullying', pero en ese momento era una salida de urgencia", asevera la abogada de la joven

A priori, la solución parecía sencilla. Parecía. Porque alquilar un piso en el mercado privado fue una misión imposible. Y no por cuestiones económicas. Incluso, el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao ofreció una ayuda económica como solución —el interceder para que encontraran un piso no es la "función" del consistorio—. Pero el dinero no era el escollo a superar. El problema estaba que quien buscaba un piso en alquiler era una familia de origen extranjero con sus miembros en paro. “Nadie les alquilaba un piso y menos sin nómina”. De nada sirvió que su antiguo arrendatario se ofreciera a redactar un informe positivo que reflejara que no había tenido problemas ni impagos. Tampoco cambió la situación cuando el padre consiguió un trabajo. "La nómina tiene que ser mayor a 1.800 euros", escuchó de alguna inmobiliaria.

No parecía haber una salida. Incluso, la abogada estaba dispuesta a denunciar el caso ante los medios de comunicación, a acompañar a la familia en su denuncia pública para empujar a las instituciones y al ámbito político a actuar, porque estaba "desesperada". "La administración no era capaz de dar respuesta a este problema a pesar de asumir que era un caso de urgencia", argumenta Ilardia, que es muy clara a la hora de dar cuenta de la gravedad de la situación. Ha tenido en sus manos otros casos de 'bullying', pero éste, según asevera, "es el caso más extremo que he podido conocer a nivel personal".

La abogada, una conocida militante de EH Bildu que en las próximas elecciones municipales va a ser la candidata de esta formación a liderar la Diputación de Vizcaya, contactó con el grupo municipal para ver cómo se podía desatascar la situación. "Estaba muy preocupada porque la situación de la chavala era bastante grave tanto a nivel físico como psicológico y sus intentos para encontrar una solución no estaban encontrando una salida. Me dijo ‘vamos a hacer todo lo posible porque si pasa algo el día de mañana me quiero quedar tranquila sabiendo que he hecho todo lo que he podido", rememora la concejal 'abertzale' Alba Fatuarte, que se implicó en la búsqueda de una solución.

El ayuntamiento, en todo caso, era plenamente consciente de la situación desde meses atrás, lo que había motivado la intervención de diferentes departamentos. El caso llegó al área de Vivienda, que en un principio cerró las puertas a la cesión en alquiler de una vivienda municipal, ya que la situación que padecían Amaia y su familia no entra en las causas que establece la normativa para acceder a un piso social. Sí atiende a víctimas de la violencia de género, personas con discapacidad, mayores en situación de dificultad... También da cobijo a desahuciados desde 2012 tras una modificación del reglamento de Viviendas Municipales. Pero entre estos ‘cupos especiales’ no hay hueco para las personas que sufren 'bullying' en cualquiera de sus formas o se encuentran en situaciones de riesgo para su integridad física o psíquica.

La situación llegó a ser tan extrema que la familia se marchó un verano a Marruecos a costa de perder la ayuda social: "Tenían que salir de Bilbao sí o sí"

Hubo que hacer malabares técnicos para no sobrepasar la legalidad y la solución llegó finalmente a través de un convenio con una ONG que puso un piso público a disposición de la joven y su familia en forma de proyecto de inserción social para personas en riesgo de exclusión. Fue la fórmula que se encontró para facilitar el acceso por primera vez a una vivienda pública a una familia víctima del 'bullying' en Bilbao. Fue un "parcheo", pero a través de esta vía se puso fin a un calvario que se prolongó por espacio de dos años. El cambio de barrio llegó tras el verano, instalándose la ansiada normalidad en la familia. "Ahora todos están bien, muy contentos".

Echar la vista atrás todavía sigue siendo sinónimo de "sufrimiento". La situación llegó a ser tan extrema que la familia se marchó un verano a Marruecos a costa de perder la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). "Se fueron porque no podían más, necesitaban airearse. Se marcharon sabiendo que se arriesgaban a perder la ayuda social, pero tenían que salir de Bilbao sí o sí", detalla la edil de EH Bildu.

El caso de esta joven ha impulsado un cambio en la "rígida" normativa de acceso a las viviendas públicas que se aprueba este lunes por unanimidad

Hay mucho más en 24 meses de historia. Está la vertiente judicial, que la ha habido, pero la abogada no quiere aludir a esta cuestión. "La familia puede estar expuesta", se justifica. También prefiere dejar de lado la actuación de la dirección del colegio o los "terribles" WhatsApp que la joven estudiante le remitía cuando estaba en una situación límite. "Más que los mensajes, lo realmente duro eran los propios informes psicológicos y médicos, que eran demoledores", apunta. En definitiva, estas y otras consideraciones no son el quid de la cuestión, viene a argumentar Ilardia. "El quid de la cuestión es que desaparecen del barrio. Qué la cosa no debería acabar así, por supuesto. Que debería atajarse de otra manera, seguro. El 'bullying' es un problema que tiene que estar en primera línea de actuación. Se trata con equidistancia o como una chiquillada y no es así. Son cosas muy peligrosas a estas edades, cuando se está forjando la personalidad, y hasta que no ocurre una desgracia no le damos la importancia que tiene", sostiene.

El quid de la cuestión, en términos esperanzadores, es que "lo que se solucionó como un parche ahora va a conllevar un cambio en la rigidez de la normativa" para acceder a uno de los más de 4.000 pisos que conforman el parque de vivienda municipal. La propuesta de dar cobertura a los casos de violencia física y psicológica que necesiten de un cambio de domicilio, impulsada por EH Bildu dentro del proceso abierto en el ayuntamiento para reformar el reglamento de Vivienda de cara a su adecuación a las nuevas realidades, se recoge en el nuevo texto que este lunes va a ser aprobado con el apoyo de todos los grupos. La unanimidad es total en torno a esta cuestión. "Vamos a ganar en operatividad a la hora de dar respuesta a aquellas necesidades urgentes que se presenten", destacan desde el Gobierno municipal. "Es muy importante que se introduzca este tipo de casuísticas que hasta ahora han estado más ocultas para poner la norma al servicio de las necesidades de las personas y para que no sea al revés, que cuando haya una necesidad los implicados se topen con una norma que les impida acceder a los servicios sociales", corrobora Fatuarte.

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