insiste en el derecho a decidir

El 40 aniversario de la Constitución aflora la vena más independentista del PNV

Denuncia la "imposición" de la Carta Magna y exige que esta recoja "el principio de libre determinación" para que "los distintos pueblos determinen libremente el estatus y nivel de relación con el Estado"

Foto: Egibar escucha al lendakari desde su escaño durante un pleno en el Parlamento vasco. (EFE)
Egibar escucha al lendakari desde su escaño durante un pleno en el Parlamento vasco. (EFE)

La conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española ha vuelto a sacar a escena la vena más soberanista del PNV, que va a aprovechar esta celebración para reclamar de nuevo en el Parlamento vasco el “derecho a decidir del pueblo vasco” y exigir que la Carta Magna recoja el "principio de libre determinación de los distintos pueblos y naciones” de España.

Con motivo de la celebración, este próximo 6 de diciembre, de este aniversario redondo de la Constitución, el Parlamento vasco debatirá este jueves en pleno una proposición no de ley impulsada por EH Bildu para mostrar el “rechazo” a la Carta Magna que ha hecho resurgir con fuerza el discurso independentista del PNV. La formación ‘jeltzale’ ha presentado una enmienda de totalidad encaminada a que la Cámara de Vitoria declare que la “interpretación jurídico-política de actualización de los derechos históricos del pueblo vasco permite reconocer el derecho y la capacidad de los vascos para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados”.

La unidad de la nación española desde la imposición y la obligación supone construir el Estado español desde una base antidemocrática

No faltan tampoco las duras críticas al texto constitucional por la “imposición” de la “indisoluble unidad de la nación española” en la que se fundamenta y que sostiene a un Estado “antidemocrático”. Según denuncia, esta unidad, “desde la imposición y la pertenencia desde la obligación, suponía y supone construir el Estado español desde una base antidemocrática e históricamente falsa, porque dicha unidad no fue, ni es, consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los pueblos”. En el referéndum de 1978, el País Vasco aprobó la Constitución con un apoyo del 69,1%, frente al rechazo del 23,5%, si bien hubo una fuerte abstención del 55,3%, la tasa más alta entre todas las comunidades autónomas. Esta elevada abstención ha sido utilizada históricamente por el nacionalismo vasco para restar legitimidad al texto constitucional.

La iniciativa presentada en la Cámara de Vitoria la firma su portavoz parlamentario y presidente del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, quien abandera el ala ‘jeltzale’ más independentista. Él es el principal ejecutor del desafío soberanista en que se ha embarcado el PNV junto a EH Bildu en el Parlamento vasco, donde ambas formaciones han alumbrado una propuesta de reforma del Estatuto de marcado tinte soberanista que desde el ámbito de la judicatura ya se ha catalogado de "inconstitucional". El polémico texto acordado reconoce la nación vasca, recoge la diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad, abre la puerta a la celebración de un referéndum soberanista y establece una nueva relación con España de “naturaleza confederal” y de "no subordinación”.

En estos momentos, un grupo de cinco juristas nombrados por los diferentes grupos, y de perfiles opuestos, tiene encomendada la misión de redactar el nuevo texto normativo sobre las bases del acuerdo suscrito por PNV y EH Bildu, y que es rechazado de plano por el resto de grupos parlamentarios —Podemos, PSE y PP—, al entender que rebasa la Constitución. Sin embargo, las denuncias de estos partidos no son algo que preocupe a Egibar, que ya ha dejado constancia de que no sería ningún problema que el nuevo texto estatutario vasco solo sea avalado por las fuerzas nacionalistas, en contraste con el planteamiento del lendakari, Iñigo Urkullu, que ha apostado de forma reiterada por "ensanchar" el acuerdo y sumar otras fuerzas.

Ahora, en la enmienda presentada ante la proposición no de ley por el 40 aniversario de la Constitución, el grupo parlamentario del PNV insiste en su exigencia del reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco. Según refleja, “cualquier reforma constitucional que pretenda solucionar el conflicto territorial del Estado deberá incorporar al texto constitucional el principio de libre determinación para que los distintos pueblos y naciones puedan determinar libremente el estatus y nivel de relación con el Estado español”.

El presidente del TSJPV ha insistido en la Cámara en que el derecho a decidir está al margen del "principio de legalidad" que marca la Carta Magna

El pronunciamiento que busca el PNV del Parlamento vasco llega justo después de que este mismo martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, reiterara en la Cámara que el derecho a decidir se encuentra al margen del “principio de legalidad” que marca la Carta Magna. En una comparecencia en la comisión de Justicia para realizar un balance del último año judicial, remarcó su advertencia de que una concepción del derecho a decidir que actúe de “manera autónoma del principio de legalidad es un riesgo para el Estado de derecho”. De este modo, Ibarra se reafirmó en el posicionamiento expuesto días antes en Bilbao durante la apertura del año judicial, cuando alertó de la dificultad de conjugar el “principio de legalidad” y el “derecho a decidir” recogido en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, aprobado, además, por un “exiguo acuerdo” entre dos grupos.

Sus palabras del pasado 14 de noviembre en la apertura del año judicial no sentaron nada bien en el seno del PNV, que este martes, por boca de su parlamentario Joseba Zorrilla, reprochó a Ibarra sus manifestaciones y censuró el “claro intento de intromisión del poder judicial en el trabajo parlamentario”. Por ello, reivindicó la independencia del poder legislativo en línea con la que los jueces reclaman para el poder judicial. Además, puso de manifiesto que el acuerdo entre el PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno suma 46 de 75 parlamentarios, esto es, tres quintos de la Cámara de Vitoria, para rechazar que el pacto sea “exiguo”.

La reivindicación en la Cámara de Vitoria del derecho a decidir llega igualmente apenas unos días después del rotundo fracaso de la consulta soberanista que llevó a cabo en San Sebastián el pasado 18 de noviembre la plataforma sobernista Gure Esku Dago (Está en nuestras manos), la considerada Asamblea Nacional Catalana (ANC) en el País Vasco, y en la que apenas participaron el 13% de los ciudadanos mayores de 16 años. De hecho, este descalabro ha motivado que el PNV se divida ante la celebración de este tipo de consultas por el derecho a decidir en las que está inmerso este colectivo desde 2016 con urnas que han llegado a unos 200 municipios vascos y navarros.

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, reclamó a Gure Esku Dago “menos autocomplacencia” y “una reflexión serena”, al entender que una participación del 13% es “insatisfactoria” ante “cuestiones tan sensibles” como el derecho a decidir. “La socialización del derecho a decidir en el conjunto de la sociedad vasca y las ilusiones que, en mucha gente, se despiertan tienen que llevar consigo unos ámbitos de seriedad y de planteamientos constructivos que tengan poso”, aseveró con rotundidad. Sin embargo, en contraste con este posicionamiento, otras voces del PNV defendieron las virtudes de una consulta con la que se volcó —aprobó junto a EH Bildu dos declaraciones institucionales en el Ayuntamiento de San Sebastián y en el Parlamento guipuzcoano para llamar a la ciudadanía a participar, y cargos importantes del partido participaron en la consulta y ejercieron de responsables de mesas de votación—. Así, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, defendió que “no hay que despreciar” el voto de más de 21.000 personas.

De cara al pleno de este jueves, la proposición no de ley original presentada por EH Bildu denuncia que la Constitución “pisotea los derechos de nuestro pueblo y de otras naciones del Estado”, por lo que reclama al Parlamento vasco que no participe en las celebraciones que tendrán lugar con motivo del 40 aniversario de su aprobación. Además, determina que el País Vasco tiene “toda la legitimidad para dar pasos en el desarrollo y ejercicio” del derecho a decidir. Tanto el texto presentado por la coalición 'abertzale' como el registrado por el PNV comparten el mismo sentir y, a este respecto, no se descarta que ambos grupos lleguen a un acuerdo para articular una propuesta conjunta.

Ante esta propuesta, Podemos también ha registrado una enmienda que señala que la Carta Magna “no es capaz de hacer frente a los retos presentes y futuros que a nivel social, político y territorial enfrenta nuestra sociedad”, por lo que aboga por una “profunda reforma constitucional” que “dé respuesta a los actuales retos de blindar los derechos sociales, garantizar las libertades y reconocer y articular el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado en una clave federal y/o confederal”. Su propuesta también alude al rey Felipe para exigir que este cargo sea “elegido y renovado periódicamente a través de elecciones”.

También aboga el PSE por una reforma de la Constitución desde “el acuerdo entre diferentes”, encaminada a “blindar los derechos sociales” y “posibilitar la convivencia entre territorios”, por ser “la mejor manera de garantizar una prosperidad al menos por otros 40 años”. En todo caso, los socialistas vascos reflejan que la aprobación de la Carta Magna en 1978 “a partir del acuerdo entre diferentes ha posibilitado el periodo de mayor progreso y bienestar que hayamos vivido nunca el conjunto de los españoles, incluida la ciudadanía vasca”.

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