La 'reprobación' al Rey también llega al Parlamento vasco de la mano de Podemos

La campaña que se ha iniciado a nivel institucional contra Felipe VI, y que se va a prolongar en los próximos meses con las mociones que se van a presentar en los ayuntamientos independentistas catalanes o las iniciativas encaminadas a abolir la monarquía que llevará Izquierda Unida a los municipios españoles en los que tiene representación, va a llegar también al Parlamento vasco. Lo va a hacer de la mano de Podemos, que pretende que la Cámara de Vitoria se sume al Parlament de Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona y se posicione en contra de la Casa Real.

Los motivos que esgrime la formación de Pablo Iglesias para reclamar este pronunciamiento del Parlamento vasco son diversos. Alude a que la actitud de Felipe VI está “agravando” el conflicto catalán, a que la Corona goza de mayor protección que cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a que la Casa Real está inmersa en “diferentes escándalos y denuncias de corrupción”, a "los escándalos, corruptelas y malos ejercicios del papel insttucional” que acompaña en los últimos años a la monarquía como jefatura del Estado…

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Estos y otros argumentos visten una iniciativa que se plantea con un interés ‘republicano’, de “avanzar” hacia este modelo de gobierno, y no con esa vocación independentista que destilan las proposiciones catalanas. En todo caso, la cuestión de Cataluña está presente en esta iniciativa con claros tintes de reprobación hacia la figura del Rey impulsada por Podemos, que censura la actuación del jefe del Estado en esta comunidad. “En estos momentos de grave crisis institucional, social y territorial, lo mínimo que se podría esperar es que haga una aportación al entendimiento entre diferentes y que se abstuviera de hacer pronunciamientos de parte que agraven esos conflictos”, señala la formación morada en la justificación de la propuesta.

¿Y qué reclama en concreto Podemos al Parlamento vasco con respecto a la Corona? Solicita que la Cámara de Vitoria exija que la jefatura de Estado sea “elegida y renovada” a través de elecciones, “como todo cargo público de representación de la ciudadanía”, que reclame que el derecho al honor de la Casa Real goce “de la misma protección que el de cualquier otro ciudadano” o que demande una reforma del Código Penal encaminada a equiparar la protección de la Corona a “cualquier otra institución o ciudadano del Estado” a través del delito de injurias.

La propuesta de Podemos pide reformar el Código Penal para equiparar la protección de la Corona a cualquier ciudadano a través del delito de injurias

A este último respecto, asegura que la mayor protección que ofrece el Código Penal “ha sido cuestionada varias veces por la Justicia europea, que considera que los ordenamientos jurídicos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes”, sino que “deben permitir un amplio grado de crítica por tratarse de instituciones públicas sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia”. En estos términos, según ahonda, se expresó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en marzo cuando “dictó una sentencia en la que consideraba que la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional vulneraron el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos sancionando una expresión simbólica de crítica legítima a la monarquía”. Por ello, reclama al Congreso de los Diputados que modifique el Código Penal en sus artículos 490.3 y 491 para “ajustarlo a lo establecido por la Convención de los Derechos Humanos, tal y como puso de manifiesto el TEDH”.

La propuesta, fechada este pasado domingo, está igualmente encaminada a reclamar que los “diferentes escándalos y denuncias de corrupción” que afectan a la Casa Real “puedan ser investigados completamente por el poder judicial”, así como que sus integrantes “tengan que rendir cuentas y ser fiscalizados por el poder legislativo”, en manos del Congreso de los Diputados, “como cualquier cargo público”. En este sentido, alude a casos como “el de Urdangarin y la infanta Elena, las cacerías en Botsuana, la actuación del exjefe de la Casa Real o las conocidas como ‘grabaciones de Corinna”, que “han generado una grave crisis en la institución” y “un creciente desapego” entre la ciudadanía, lo que “exige que gocen de la misma protección, ni más ni menos, que cualquier ciudadano, especialmente cuando se trata de rendir cuentas ante la Justicia”.

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Las reivindicaciones de Podemos también afectan al Gobierno vasco. La iniciativa emplaza al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a realizar un sociómetro específico sobre “la percepción de la ciudadanía vasca de la Casa Real y sus preferencias políticas sobre la jefatura del Estado". La pretensión es que el estudio que realiza de forma periódica el País Vasco sobre la opinión de la ciudadanía siga los pasos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que volverá a preguntar por la monarquía más de tres años después, desde que en abril de 2015 dejara de preguntar a los españoles su valoración sobre la Corona. Entonces, la institución obtuvo una nota de 4,34, por debajo de la puntuación obtenida por la Guardia Civil, las fuerzas armadas y los medios de comunicación.

“El fin que inspira esta iniciativa es abrir de forma constructiva un debate político que sea la expresión de los problemas objetivos de la actual jefatura del Estado y del sentir de la ciudadanía vasca al respecto”, señala quien firma la proposición no de ley, el portavoz suplente de la formación morada en el Parlamento vasco, Jon Hernández.

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Fuera de Cataluña, a la espera del pronunciamiento que se dé en la Cámara vasca, el rechazo a la figura de la Casa Real ha sido una constante en el Parlamento de Navarra, que se ha convertido en la institución más activa en contra de la Corona en estos últimos años, con tres resoluciones en apenas 17 meses para exigir un referéndum entre monarquía y república. El más reciente pronunciamiento tuvo lugar el pasado 22 de octubre, en el debate sobre el estado de la Comunidad Foral, cuando los cuatro partidos que sustentan el Gobierno de Uxue Barkos —Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra— hicieron valer su mayoría para que la Cámara aprobara una resolución que reclama este plebiscito vinculante sobre “la forma de Estado que se desea” y demanda la constitución de una comisión de investigación en el Congreso sobre "las presuntas irregularidades y prácticas corruptas” en relación al Rey emérito, Juan Carlos I, a raíz de las declaraciones de Corinna Zu Sayn-Wittggenstein.

De momento, los últimos pronunciamientos en contra de Felipe VI corresponden a los ayuntamientos de Barcelona y de Mollet del Vallès, que recientemente han reprobado al Rey y reclamado la abolición de la monarquía. Sus posicionamientos han seguido la estela del Parlament, cuya inicial reprobación al monarca acabará en el Tribunal Constitucional con el recurso que el Gobierno de Pedro Sánchez presentará contra la decisión de la Cámara catalana del pasado 11 de octubre, en contra del criterio del Consejo de Estado, que recomienda no activar esta vía. Pero, frente a lo que dice el dictamen de este organismo, el Ejecutivo del PSOE acudirá a los tribunales “por sentido de Estado”, como ha expuesto su portavoz, Isabel Celaá.