se retoma la vista del caso de miguel en álava

Excargos del PNV, contra las cuerdas en el juicio por el mayor caso de corrupción vasco

Ocho de los 26 imputados llegan a un acuerdo con la Fiscalía para asumir la existencia de una "trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas" a cambio de una reducción de condena

Foto: Alfredo de Miguel, a la derecha, en el banquillo de los acusados junto a Aitor Telleria (centro) y Koldo Otxandiano. (EFE)
Alfredo de Miguel, a la derecha, en el banquillo de los acusados junto a Aitor Telleria (centro) y Koldo Otxandiano. (EFE)

El mayor juicio por presunta corrupción en el País Vasco, que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, entre ellas varios exmiembros del PNV alavés, por integrar una supuesta trama de financiación irregular y cobro de comisiones ilegales, se ha retomado este lunes tras agotarse la segunda prórroga de 15 días concedida para que las partes intentaran llegar a un acuerdo de conformidad sin que se haya alcanzado un pacto entre los principales acusados y la Fiscalía. Sin embargo, este periodo ha sido muy fructífero para el Ministerio Público y ha servido para poner contra las cuerdas al cabecilla de la presunta trama, el ex número dos de la formación 'jeltzale' en Álava Alfredo de Miguel, después de que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo con ocho de los procesados, que van a asumir la existencia de una “trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas” a cambio de una reducción en la solicitud de condena.

El acuerdo supone un serio revés para De Miguel, que se enfrenta a una pena de 54 años de cárcel por más de una veintena de delitos, como cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, coacciones, malversación o tráfico de influencias, ante la decisión de ocho de los imputados de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que da así por "acreditada" la existencia de esta presunta trama. La identidad de los imputados que han alcanzado un pacto con el Ministerio Público no se ha desvelado de forma pública, tanto por razones de confidencialidad como de estrategia, de cara a un juicio que en estos momentos afronta su fase decisiva. Pero el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha resaltado que se trata de una “parte significativa” de los acusados.

El acuerdo cerrado por la Fiscalía alcanza a "una parte significativa" de los acusados y afecta a operaciones "esenciales" del caso

Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial de Álava. No se ha cerrado “desafortunadamente” un acuerdo de conformidad con la “mayor” parte de los acusados, pero, según ha remarcado Izagirre, el pacto alcanza a una “parte significativa” de los procesados y, además, alcanza a operaciones “esenciales” del caso, lo que deja “acreditada” la versión de la Fiscalía, que pide penas que suman más de 450 años para los procesados por pertenencia a una “trama organizada criminal”. No ha querido desvelar más detalles, aunque el Ministerio Público se ha garantizado en las negociaciones mantenidas a lo largo de este último mes que varios de los acusados reconozcan algunos hechos, en especial los relacionados con el pelotazo urbanístico para instalar un gran polígono industrial en el municipio de Zambrana.

Todo un as en la manga que puede dejar en evidencia a De Miguel y al resto de principales imputados, entre ellos Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, por entonces también miembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, para quienes el fiscal solicita 32 años de cárcel para cada uno. También están procesados Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles, quienes fueran viceconsejero de Cultura y director de Juventud en el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe. De todos los acusados, una veintena está relacionada directamente con el PNV, ya sea como dirigentes, cargos institucionales o afiliados. La Fiscalía considera que De Miguel dirigió un entramado societario con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas", valiéndose para ello de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

La defensa de De Miguel ha solicitado que el Ministerio Público identificara a los acusados con los que ha cerrado un acuerdo, pero el fiscal se ha negado en base al principio de confidencialidad. También el abogado Gonzalo Susaeta ha intentado modificar el orden de declaraciones para que su cliente no fuera el primero en declarar este lunes de cara a preparar mejor la defensa una vez escuchados otros testimonios, pero no ha sido estimada su petición.

El acuerdo alcanzado con parte de los acusados no tiene “ninguna vinculación jurídica”, sino que se trata de un “pacto de caballeros”, como ha dejado constancia el fiscal ya en la reanudación del juicio oral en la sala. De este modo, el pacto podría saltar por los aires en cualquier momento a lo largo del proceso sin que haya consecuencias legales para los procesados. En caso de que los imputados no cumplan lo pactado, la Fiscalía no modificaría a la baja las penas solicitadas en su escrito de acusación y se mantendría en su petición inicial.

En todo caso, existe una gran preocupación en la defensa de De Miguel ante el escenario que se ha abierto. El principal acusado, que siempre ha negado los hechos, si bien hace unas semanas se mostró abierto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía que suponía asumir su participación en una trama ilícita a cambio de ver rebajadas la petición de cárcel y de un trato más beneficioso para su esposa, Ainhoa Bilbao, también imputada en el caso, teme que aquellos que han accedido a colaborar con el Ministerio Público le incriminen.

De Miguel insiste en basar su defensa en que las conversaciones en que supuestamente reclama una comisión ilegal están "manipuladas"

Por lo pronto, en su declaración de este lunes, una vez cerradas las puertas a un posible pacto con la Fiscalía, De Miguel ha negado todos los hechos y ha insistido en basar su defensa en que las conversaciones grabadas por la joven empresaria que denunció los hechos, y en las que supuestamente le solicitó una comisión ilegal, están “manipuladas”. El principal acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha afirmado no reconocerse en las grabaciones de sonido que Ainhoa Alberdi entregó en 2009 a la Ertzaintza y que destaparon el supuesto entramado de corrupción. Para De Miguel, estas conversaciones ni están “íntegras” ni son “veraces”, y están “manipuladas”.

Esta empresaria denunció que dirigentes del PNV en este territorio le habían exigido el pago de 100.000 euros por haber recibido ‘a dedo’ supuestamente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano. Incluso aseguró que la presión había llegado a su padre, que había recibido la visita de cargos ‘jeltzales’ para que ‘pasara por caja’ por el favor otorgado. A este respecto, el que fuera diputado foral de Administración Territorial de Álava ha negado que se le ofreciera “gratificación” o “contraprestación” económica a Alberdi por la adjudicación de este contrato y ha sostenido que el dinero reclamado a la empresaria obedecía a una “deuda pendiente” de la empresa propiedad de un antiguo socio de Alberdi. Además, ha resaltado que los contactos mantenidos con Alberdi fueron en todo momento de "cordialidad" y "confianza".

El Parlamento autonómico ha reprobado algunas declaraciones de dirigentes del PNV, que pretenden "condicionar" el juicio y "minusvalorar" su gravedad

El juicio oral se ha reanudado este lunes tras los dos plazos de 15 días que fueron concebidos por el presidente del tribunal, Jaime Tapia, para tratar de que las partes llegaran a un acuerdo de conformidad, si bien el magistrado ya había advertido hace dos semanas de que no habría más aplazamientos en caso de no alcanzarse un pacto para no demorar más un macrojuicio que se inició en enero y en el que comparecerán unos 150 testigos, peritos y policías. La dimensión y complejidad del denominado caso De Miguel ha motivado que el macrojuicio se divida y desarrolle en 12 piezas diferentes, correspondientes a las diversas actuaciones investigadas.

La vista se ha retomado unos días después de que el Parlamento autonómico expresara su “reprobación” a las declaraciones que algunos dirigentes del PNV están realizando con motivo del proceso y que pretenden “condicionar” el juicio y “minusvalorar” la gravedad y las “profundas consecuencias políticas” de esta presunta trama. La iniciativa, que salió adelante con los votos de los tres grupos de la oposición —EH Bildu, Podemos y el PP—, aludía en esencia al portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Egibar, que en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a De Miguel convencido de su “inocencia”. Incluso el que es presidente de la formación ‘jeltzale’ en Guipúzcoa recibió con un efusivo saludo al presunto cabecilla de la trama cuando este acudió al Parlamento a declarar en la comisión de investigación que se creó para investigar la presunta trama corrupta y que determinó que existían responsabilidades políticas del PNV en estos hechos.

Sin embargo, la formación nacionalista denuncia que este proceso judicial busca establecer un vínculo entre el partido y la corrupción. A este respecto, el lendakari, Iñigo Urkullu, que era presidente del partido al estallar el caso, ha negado que haya corrupción generalizada vinculada a las administraciones o a los partidos en el País Vasco y ha defendido la actuación de la formación, que solicitó a los implicados la entrega del carné tras conocerse su imputación.

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