víctimas y policías se oponen al acuerdo

Urkullu confía en el aval de Sánchez a la ley de abusos policiales que Rajoy llevó al TC

Remite incluso al Gobierno la argumentación que debe utilizar para justificar su desistimiento ante el Constitucional: la comisión que debe acreditar los abusos echa a andar con el recurso en vigor

Foto: Sánchez y Urkullu, durante su reunión del pasado 25 de junio. (EFE)
Sánchez y Urkullu, durante su reunión del pasado 25 de junio. (EFE)

El Gobierno vasco espera que los “nuevos tiempos” que se han abierto con la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez deriven en una reducción de los conflictos competenciales abiertos con la Administración general del Estado. De momento, cuenta con la predisposición del Ejecutivo del PSOE para llegar a un acuerdo fuera del ámbito de la Justicia en relación a algunas de las cuestiones que permanecen en los tribunales. Ahora mismo, la prioridad del gabinete de Iñigo Urkullu es desbloquear la conocida como ley de abusos policiales (o ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999), que tiene una decena de preceptos suspendidos de forma temporal tras el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

El optimismo en el seno del gabinete de Urkullu es tal que incluso ha remitido al Ejecutivo central una “argumentación” que le sirva de base para justificar su “desistimiento” ante el Constitucional. Esto es, ha trasladado a los servicios jurídicos del Estado lo que entiende que pueden alegar a nivel judicial para poner fin al conflicto competencial. El Gobierno central puede desistir de este procedimiento hasta el momento previo a que se emita una sentencia, y la pretensión del Ejecutivo vasco es cerrar en las próximas semanas, a poder ser a lo largo de este mes de julio, un acuerdo que avale una ley aprobada en el Parlamento vasco hace ahora dos años con los votos del PNV y el PSE para reparar a las víctimas de abusos policiales. EH Bildu se abstuvo al considerarla insuficiente y PP y UPYD se opusieron al entender que no tenía encaje jurídico.

La comisión que determinará qué personas han sufrido abusos policiales celebra su reunión sin que se haya retirado el recurso de inconstitucionalidad

El Gobierno vasco se ampara en que reconocer a estas víctimas sin que medie sentencia judicial para avalar las supuestas denuncias corresponde al ámbito administrativo y no al penal. Según sostiene, el papel de esta comisión de valoración "no es suplantar" a los tribunales a la hora de reconocer los posibles casos de malos tratos. Es, en esencia, lo mismo que planteó en su momento a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión bilateral para abordar esta cuestión y que fue rechazada de plano por el Gobierno, que no estaba dispuesto a traspasar esta línea roja. El Ejecutivo de Rajoy argumentaba que la comisión de valoración que recoge la ley para definir qué personas pueden considerarse víctimas se arroga una labor que compete a los jueces. Ahora, el Ejecutivo vasco confía en que la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, atienda a su argumentación.

Hay varios puntos conflictivos en la ley. Algunos de ellos están relacionados con la comisión de valoración que se recoge en la ley y que se encargará de reconocer a las supuestas víctimas de torturas o abusos policiales al margen de lo que hayan estipulado los tribunales. Ahora, con su legalidad en el aire, el Ejecutivo vasco ha decidido no esperar a un acuerdo previo y este martes ha constituido este organismo administrativo con su primera reunión. Son 10 los expertos que integran esta comisión de valoración, entre ellos el forense Francisco Etxeberria, quien ha liderado el polémico informe encargado por el Gobierno vasco para elaborar un 'censo de la tortura' entre 1960 y 2014 que da cobertura a todas las personas que han denunciado haber sido objeto de malos tratos por parte de funcionarios policiales.

El estudio, presentado en diciembre del pasado año, ha documentado un total de 4.113 casos de torturas, si bien deja constancia de que estas cifras están “por debajo de la dimensión real” de estas prácticas desde el franquismo. El PSE, socio de gobierno de Urkullu, fue muy crítico con este informe por asentar la “falsa idea de una tortura generalizada” en el País Vasco mientras ETA no dejaba de asesinar, como también el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ERNE, que censuró que se equipararan supuestos malos tratos “no probados y demostrados” con “asesinatos y el terrorismo de persecución” que sufrieron los diferentes cuerpos policiales.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha justificado que la comisión de valoración eche a andar sin esperar a que se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo central o se pronuncie el Tribunal Constitucional. Según ha alegado, que algunos de los artículos estén suspendidos de forma cautelar no impide que se constituya una comisión para avanzar en aquellos trabajos que les sea posible. “En ningún caso su labor es judicial ni pretende suplantar a los tribunales de Justicia en la labor que en exclusiva les encomienda la Constitución”, ha defendido Erkoreka, quien ve que se puede constituir la comisión de valoración para asumir la función de acreditar los presuntos malos tratos por parte de los cuerpos policiales y negociar “de manera paralela” con el Gobierno del PSOE la retirada del recurso. En este organismo también están presentes la directora de Derechos Humanos del Ejecutivo de Vitoria, Monika Hernando, el jurista Jon Landa, los forenses Benito Morentin y David del Valle, la psicóloga María Elicegui, el historiador Luis Salas, el experiodista Sabino Ormazábal y las expertas en mediación judicial Juana Balmaseda y Elo Mayo.

Las víctimas del terrorismo y asociaciones policiales piden que no se retire el recurso ante el TC para "no perpetuar la falsa teoría de un conflicto"

Hay contactos en ambas administraciones, se están cruzando documentos de cara a un posible acuerdo. No hay fechas concretas, pero el escenario es positivo para Urkullu. El clima de entendimiento entre Sánchez y Urkullu, como ya se pudo constatar en la reunión que mantuvieron en La Moncloa el pasado 25 de junio, donde también abordaron dar pasos para acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas o la posibilidad de transferir competencias que se recogen en el Estatuto de Gernika y que están "pendientes", apunta a la pronta retirada. También vislumbra este escenario el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que abordó la pasada semana esta cuestión con Urkullu, a quien trasladó la necesidad de “adaptar” algunos aspectos de la ley para otorgarle cobertura jurídica. Sin embargo, el Ejecutivo de Vitoria confía en llegar a un entendimiento sin tener que tocar en lo sustancial la ley.

El clima es favorable, pero también será necesario solventar un reciente escollo. Urkullu presiona a Sánchez pero también las víctimas del terrorismo del País Vasco y diferentes asociaciones policiales, que han exigido que no se retire el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Rajoy, ya que alertan de la "gravedad" que implicaría “dejar en manos del Ejecutivo vasco una cuestión jurídica que corresponde al Constitucional". Covite y entidades como la SUP, la UFP, el SPP, AUGC y ASIGC han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no atienda a las peticiones del nacionalismo vasco. Según denuncian, la pretensión de la ley vasca de abusos policiales es que "el Estado de derecho no controle su potestad normativa que, en este caso, es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales”. De ceder en esta cuestión, advierten de que el Gobierno vasco tendría "el empaque legal necesario para perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos 50 años”.

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