el proceso se inicia este lunes en la audiencia de álava

El mayor juicio por corrupción en País Vasco sienta a excargos del PNV en el banquillo

Están imputadas 26 personas por formar parte de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por el entonces diputado foral y número dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel

Foto: Egibar saluda a Alfredo de Miguel en 2011 durante su comparecencia en el Parlamento vasco tras ser imputado por corrupción. (EFE)
Egibar saluda a Alfredo de Miguel en 2011 durante su comparecencia en el Parlamento vasco tras ser imputado por corrupción. (EFE)

En diciembre de 2009, una joven empresaria acudía al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que dirigentes del PNV en este territorio le habían exigido el pago de 100.000 euros por supuestamente haber ‘recibido a dedo’ el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano. La presión había llegado incluso a su padre, que había recibido la visita de cargos ‘jeltzales’ para que ‘pasara por caja’. Más de ocho años después, la Audiencia Provincial de Álava acoge desde este lunes el mayor juicio por presunta corrupción instruido en el País Vasco y que sienta en el banquillo de los acusados a varios exmiembros del PNV alavés acusados de integrar una supuesta trama de financiación irregular y cobro de comisiones ilegales.

En total, están imputadas 26 personas por formar parte de esta trama liderada por el entonces número dos del PNV en Álava y diputado foral de Administración local en este territorio, Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía reclama 54 años de prisión por la comisión de más de una veintena de delitos, como cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, coacciones, malversación o tráfico de influencias. En su conjunto, las penas solicitadas por el Ministerio Público suman 458 años de cárcel. Entre los acusados se encuentran Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, por entonces también miembros de la ejecutiva del PNV en Álava que lideraba Iñaki Gerenabarrena, y para quienes el fiscal pide 32 años de cárcel a cada uno.

La Fiscalía reclama 54 años de cárcel por más de 20 delitos para De Miguel: en su conjunto, solicita penas que suman 458 años para los 26 imputados

La dimensión y complejidad del denominado caso De Miguel ha motivado que el macrojuicio se divida y desarrolle en 12 piezas diferentes, correspondientes a las diversas actuaciones investigadas. Está previsto que comparezcan unos 150 testigos, peritos y policías durante un proceso que, dada su envergadura, se prolongará al menos 10 meses. El tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia e integrado también por Raúl Aztiria y Elena Cabero, que ejercerá de ponente y redactora de la sentencia, ha fijado más de un centenar de sesiones hasta el 25 de octubre, cuando está previsto que concluya un juicio que se desarrollará por las mañanas durante tres días a la semana.

Iñigo Urkullu conversa con un compañero de grupo al comienzo del pleno de control en el Parlamento vasco. (EFE)
Iñigo Urkullu conversa con un compañero de grupo al comienzo del pleno de control en el Parlamento vasco. (EFE)

La magnitud del proceso también ha provocado cambios a nivel físico, ya que se ha tenido que acondicionar la sala de vistas 1 de la Audiencia Provincial de Álava para responder en condiciones óptimas al que es el juicio más relevante por presunta corrupción celebrado en el País Vasco. En total, han sido necesarios 100.000 euros para transformar la sala (se ha puesto una nueva luminación, instalado pantallas de televisión para la exhibición de documentos y pruebas, o ampliado el espacio para albergar a los 26 acusados y sus letrados y procuradores), que han sido costeados por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Se ha tenido que acondicionar la sala de vistas para celebrar el macrojuicio con un coste de 100.000 euros sufragados por el Gobierno vasco

La Fiscalía sostiene que De Miguel, que también ostentaba el cargo de vicepresidente de Caja Vital, se valió de sus “responsabilidades políticas y administrativas” para dar cuerpo a una presunta trama de corrupción mediante empresas que él mismo controlaba con el fin de obtener un “ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas”, y que operó entre los años 2005 y 2009. En esencia, la red se dedicaba a obtener “irregularmente” contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV. Entre los supuestos delitos, se le achaca el cobro de comisiones del 4% en la concesión de contratos de obra pública en ayuntamientos bajo mando ‘jeltzale’, adjudicaciones a dedo desde la diputación para beneficiar a empresas que controlaba y que estaban a nombre de testaferros, recalificaciones millonarias (en una operación se estimaba un ‘pelotazo’ urbanístico de 65 millones de euros) y amaños en contrataciones. El ‘modus operandi’ del principal acusado es en grandes rasgos similar al utilizado por otros imputados en macrocausas por corrupción que se siguen en España.

Alfredo de Miguel, junto a su abogado, acude a declarar ante el juez que investiga la presunta trama. (EFE)
Alfredo de Miguel, junto a su abogado, acude a declarar ante el juez que investiga la presunta trama. (EFE)

El entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo fue ideado, según sostiene el Ministerio Público, por De Miguel y “acordado” por su esposa, Ainhoa Bilbao, y los otros dos citados dirigentes del PNV (Tellería y Ochandiano) y sus mujeres, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Entre los 26 imputados, a quienes se les atribuyen diversos grados de responsabilidad en la supuesta trama, también figuran Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles, quienes fueran viceconsejero de Cultura y director de Juventud en el Gobierno vasco presidido por Juan José Ibarretxe; Julián Sánchez Alegría, responsable de la red de parques tecnológicos del País Vasco en 2006, o Iñaki San Juan, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Leioa entre 1999 y 2003. De todos los acusados, una veintena están relacionados directamente con el PNV, ya sea como dirigentes, cargos institucionales o afiliados.

El supuesto cabecilla de la trama, conocido como Txitxo, fue detenido en marzo de 2010 y posteriormente fue forzado por el partido a dejar todos sus cargos, al igual que el resto de principales implicados. Sin embargo, De Miguel ha gozado del respaldo dentro del PNV. Sintomático fue el efusivo saludo con el que fue recibido por el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cuando el exdirigente ‘jeltzale’ acudió a la Cámara de Vitoria a declarar en la comisión de investigación que se creó para investigar la presunta trama corrupta. A la salida de su comparecencia fue agasajado por actuales cargos ‘jeltzales’ y numerosos simpatizantes de la formación liderada por Andoni Ortuzar.

El PNV ha lanzado duras críticas a la actuación judicial y denuncia la "intencionalidad política" del juez instructor, Roberto Ramos

De Miguel y dirigentes del PNV denuncian que el objetivo de todo este proceso judicial es la formación nacionalista y establecer un vínculo entre el partido y la corrupción. Urkullu, que al estallar el caso era presidente ‘jeltzale’, puso en valor la actitud “ejemplar” del partido al solicitar a los implicados que entregaran el carné tras conocerse el auto de instrucción. Pero ha habido duras críticas desde el PNV a la actuación judicial al apreciar “afán persecutorio”. En todos estos años de instrucción han sido varios los encontronazos con el fiscal jefe de Álava y con el juez instructor, Roberto Ramos. Egibar denunció la supuesta “intencionalidad política” del titular del Juzgado número 4 de Vitoria, en cuya defensa ha tenido que salir el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, que ha llegado a calificar de “magníficos” sus autos en “términos de calidad”. “Nunca en la Administración de Justicia en el País Vasco y en la española un auto de imputación había tenido, como tiene el primer auto del juez [Ramos], nueve gráficos en los que se describe una hipótesis delictiva”, ha resaltado.

La Audiencia de Álava rechazó en octubre los recursos de apelación de los 26 acusados. El juicio se inicia este lunes 8 de enero, pero no será hasta el 19 de febrero cuando comiencen las declaraciones, ya que las primeras semanas van a estar dedicadas a la larga lista de cuestiones preliminares. Así, por ejemplo, está por ver cuándo comparecerán el supuesto cabecilla de la trama y los otros 25 imputados. El Gobierno vasco y la Diputación de Álava se mantienen en un segundo plano en este proceso con el Ejecutivo de Urkullu como actor civil en la causa.

País Vasco

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
14 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios