El Gobierno acude a la Justicia para recuperar 200.000€ de ayudas

El Gobierno español ha presentado ante los tribunales dos solicitudes de ejecución forzosa para obligar a la Diputación de Guipúzcoa a recuperar sendas ayudas públicas de 100.000 euros concedidas a la plataforma soberanista Gure Esku Dago y a la asociación de municipios de la izquierda 'abertzale' Udalbiltza. El Estado ha adoptado esta medida al "no constar en autos" que la institución foral haya cumplido con las sentencias que la forzaban a recobrar estas cantidades a pesar de que han transcurrido varios meses desde que se dictaron.

En concreto, la Diputación de Guipúzcoa otorgó 100.000 euros a la plataforma soberanista Gure Esku Dago (Está en nuestras manos) para financiar una actividad independentista y que la Justicia declaró ilegal por carecer de competencias para otorgar esta subvención. La institución foral no ha cumplido con la sentencia que la forzaba a recobrar esta cuantiosa partida a pesar de que han transcurrido ya siete meses desde que se declaró firme (el 24 de noviembre de 2016) y seis desde que dio acuse de recibo de la misma (12 de diciembre). Por su parte, la firmeza del fallo que anuló la subvención a Udalbiltza se promulgó hace seis meses (15 de diciembre) y el acuse de recibo llegó hace cinco (25 de enero de 2017).

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó el 13 de septiembre del pasado año la sentencia inicial del contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián que anuló la ayuda de 100.000 euros otorgada a Gure Esku Dago para financiar la cadena humana por el derecho a decidir que unió Pamplona y Durango (Vizcaya) el 8 de junio de 2014, a semejanza de la que tuvo lugar un año antes en Cataluña con los mismos fines. La firmeza de la sentencia se declaró dos meses después, el 24 de noviembre, al no recurrir Guipúzcoa el fallo ante el Supremo. La subvención anulada fue acordada la pasada legislatura por el entonces Gobierno de EH Bildu y el PNV dentro del pacto suscrito para aprobar los Presupuestos de 2014 y se incluyó dentro de un supuesto paquete de medidas… anticrisis por valor de 15 millones de euros.

La ayuda a Gure Esku Dago fue acordada por Bildu y PNV dentro del pacto presupuestario de 2014 y se incluyó en un paquete de medidas... anticrisis

La ayuda fue anulada en primera instancia y el PNV, ya al frente de la Diputación, decidió recurrir la sentencia sin consultárselo a su socio de gobierno, el PSE, que se enteró por los medios de comunicación. Pero la Justicia volvió a asestar un duro golpe a las pretensiones del nacionalismo de subvencionar desde las instituciones vascas con dinero público iniciativas independentistas, al ratificar que la Diputación de Guipúzcoa no es competente para ayudar con dinero público a actuaciones de corte soberanista.

TE PUEDE INTERESAR

La Justicia vasca tumba las ayudas a colectivos que promueven la independencia

José Mari Alonso. San Sebastián

El TSJPV fue muy contundente en el fallo, al apuntar a la falta de competencia material y territorial, y a la infracción del principio de objetividad y neutralidad política, para anular la ayuda a esta plataforma soberanista y obligar al Ejecutivo foral al reingreso de la jugosa subvención. Según determinó, “la promoción de iniciativas o proyectos políticos y partidarios [y la cadena humana de Gure Esku Dago por el derecho a decidir “lo es”] no es un fin que quepa atribuir de conformidad con el régimen jurídico previsto en la Ley de Bases de Régimen Local a las diputaciones”, las cuales deben “servir con objetividad a los intereses públicos que les están encomendados y actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

La Diputación dio acuse de recibo de la sentencia mediante escrito fechado el 12 de diciembre, donde comunicaba que el órgano responsable del cumplimiento del fallo era el diputado general del territorio, Markel Olano. Desde entonces, han pasado seis meses y Gure Esku Dago aún no ha reingresado los 100.000 euros. Por ello, la abogada jefa del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, ha registrado este mismo lunes día 12 ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia para que se obligue a la Diputación de Guipúzcoa al cumplimiento de la misma y, en consecuencia, recupere esta ayuda. La solicitud la ha formulado a instancias del delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.

De este modo, solicita a la Diputación de Guipúzcoa que informe al “detalle” de las actuaciones llevadas a cabo para “llevar a puro y debido efecto el fallo” que declaraba la subvención “no ajustada a derecho y anulándola”. Al no constar el “total reintegro” de la subvención concedida, y que “por imperativo legal incluye los intereses desde la fecha de puesta a disposición de los fondos públicos al beneficiario”, reclama al juzgado que acuerde las medidas necesarias para ello, “ordenando a la Diputación la inmediata incoación del procedimiento administrativo de reintegro de la subvención y la adopción de las restantes medidas que exija la efectiva recuperación de los fondos públicos ilegalmente concedidos”. Entre las medidas, pide si fuese preciso la solicitud de declaración del concurso necesario de acreedores de la entidad beneficiaria (la asociación Hartu Hitza Kultur Elkartea), en caso de que se evidenciara su estado de insolvencia.

Además, reclama que se aperciba de forma expresa a la Diputación de Guipúzcoa de que en caso de incumplir su obligación se procederá inmediatamente a la adopción de las medidas coercitivas previstas por la ley.

La Diputación de Guipúzcoa dice que "ha iniciado el procedimiento para el cobro" del dinero, pero rehúsa dar más información por "la protección de datos"

Estos mismos planteamientos se recogen en el escrito registrado ante el mismo juzgado por la abogada del Estado para el caso de Udalbiltza, que tampoco consta en autos que haya reingresado el dinero. El TSJPV desestimó el pasado 14 de octubre los recursos de apelación presentados por la Diputación y la propia asociación de municipios de la izquierda 'abertzale' contra la inicial sentencia que declaró ilegal la ayuda de 100.000 euros y que fue otorgada en 2014 de manera directa por el entonces Gobierno de EH Bildu. Los argumentos esgrimidos por la Justicia fueron similares a los utilizados apenas un mes antes para declarar nula la subvención a Gure Esku Dago. En este caso, la ayuda estaba destinada a financiar cuatro proyectos, uno de los cuales tenía por objeto el "desarrollo territorial en los ámbitos más necesitados de Euskal Herria", en concreto 103 municipios de la zona de los Pirineos navarros y del País Vascofrancés.

Gure Esku Dago llevó a cabo este fin de semana en Bilbao una movilización en la que puso como referencia al proceso abierto en Cataluña

Fuentes de la Diputación de Guipúzcoa aseguran a El Confidencial que “se ha iniciado el procedimiento para el cobro de estas cantidades” en cumplimiento de la sentencia, si bien rehúsan aportar más información, ya que “el tema entra en Hacienda y queda sujeto a la protección de datos”. Sí reconocen que se están manteniendo “relaciones” con ambas entidades para que el cumplimiento sea “lo menos lesivo posible” para ellas, aunque sin aportar mayor concreción.

La decisión del Gobierno de forzar en los tribunales que una institución pública recupere el dinero otorgado a asociaciones para promover iniciativas de corte soberanista llega en pleno desafío independentista catalán, con la consulta no pactada, sin garantías legales ni reconocimiento internacional, fijada para el próximo 1 de octubre. A este respecto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha desafiado a la Justicia al asegurar que no reconocerá ninguna inhabilitación que venga de los tribunales españoles, entre ellos el Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Dentro de sus iniciativas por el derecho a decidir, Gure Esku Dago llevó a cabo este fin de semana en Bilbao una movilización en la que puso como referencia al proceso abierto en Cataluña.