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Fernández (Kutxabank), en el banquillo: arranca el juicio más mediático en Euskadi
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Fernández (Kutxabank), en el banquillo: arranca el juicio más mediático en Euskadi

Arranca el proceso contra Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta por un posible delito de administración desleal y falsedad documental

Foto: El expresidente de Kutxabank Mario Fernández (i), en el momento de entrar en el juzgado. (EFE)
El expresidente de Kutxabank Mario Fernández (i), en el momento de entrar en el juzgado. (EFE)

Al mismo tiempo que en Cataluña se iniciaba el juicio más trascendente a nivel político de los últimos tiempos, con Artur Mas en el banquillo de los acusados por la consulta del 9-N, en Euskadi se abría el proceso más mediático en el ámbito económico vasco, al implicar a uno de los tótems del nacionalismo, Kutxabank, y entrar en juego cuestiones como la deslealtad, la traición, los favores y las enemistades en la banca vasca. El expresidente de la entidad Mario Fernández se enfrenta a un posible delito de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, por el pago supuestamente irregular de 243.592 euros durante su mandato al exdelegado del Gobierno en Euskadi (PSOE), Mikel Cabieces, a través del prestigioso bufete de Alcorta. A estas mismas acusaciones se enfrentan el ex responsable del Estado y el abogado Rafael Alcorta, quien supuestamente puso su despacho para dar cauce a esta práctica irregular.

Arranca el juicio contra el expresidente de Kutxabank

Mas llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña arropado por el actual Gobierno y jaleado por miles de personas que aguardaban en la calle. Fernández acudió a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa acompañado de su gente de confianza, sin el respaldo político del partido a quien sirvió durante años, y sin ruido externo. El ruido lo provocará el ex responsable de Kutxabank de puertas para adentro, durante el juicio, ya que, al sentirse “engañado” por el actual presidente de la entidad vasca, Gregorio Villalabeitia, ha anunciado batalla. “No acostumbro a dejar heridos”, ha llegado a advertir tras la ‘traición’ que considera de la actual dirección.

En enero de 2015, Villalabeitia decidió poner en conocimiento de la Fiscalía la supuesta práctica irregular de Fernández, al conocer que se había pagado a Cabieces sin que prestara servicio alguno a la entidad desde el despacho de Rafael Alcorta, que le acogió laboralmente, lo que destapó una auténtica tormenta política en Euskadi. Y lo hizo a pesar de que el expresidente de Kutxabank había repuesto a título personal los 243.592 euros que había abonado al exdelegado del Gobierno en Euskadi desde junio de 2012 hasta su salida del banco (a razón de 5.783 euros al mes) a través de un cheque depositado tan solo un día después de que su sucesor en el cargo pidiera explicaciones por este pago.

Fernández se siente “engañado” por Villalabeitia y ha advertido de que “no olvidará” esta actitud: “No acostumbro a dejar heridos”, ha llegado a alertar

Fernández, que en noviembre de 2014 había dimitido de su cargo enfrentado al PNV ante la falta de apoyo ‘jeltzale’ a sus planes de salir a bolsa y dar entrada a accionistas privados, defendió ante la jueza en las instrucciones previas que esta contratación indirecta correspondía a una “ley no escrita” durante décadas de dar acomodo a políticos o cargos institucionales que habían estado en primera línea de la lucha contra ETA una vez concluían sus funciones públicas. Incluso, aseguró que fue una petición de un alto cargo del PP vasco de la que tenían conocimiento las direcciones del PNV y del PSE.

El expresidente de Kutxabank se siente “engañado” por Villalabeitia, quien, según asegura, le dio su palabra de enterrar el caso una vez que ingresó de su bolsillo en el banco la cantidad correspondiente al pago realizado a Cabieces. De hecho, ya ha dejado constancia, a modo de advertencia, de que “no olvidará” la actitud de su sucesor en el cargo. Por ello, hay expectativa por ver qué dice durante su declaración en el juicio. Kutxabank activó el proceso judicial al acudir a la Fiscalía, pero decidió no presentarse como acusación. Precisamente, en base a esta negativa a presentar denuncia judicial fundamentan las defensas de los tres acusados la “falta de legitimación activa” y la “incapacidad” de la Fiscalía para llevar adelante la acusación. El expresidente de la entidad vasca ha difundido un comunicado al término de la sesión inicial en el que denuncia que el ministerio público está “vulnerando derechos constitucionales” con su actuación.

Según alega, ni el presunto perjudicado ha presentado denuncia judicial ni “existe daño a los intereses generales ni a una pluralidad de personas”, por lo que censura que “no pudo iniciarse siquiera el procedimiento por falta de legitimación activa del Ministerio Fiscal”. Asimismo, sostiene que “carece del más mínimo soporte el intento del Ministerio Fiscal de presentar como alternativa una acusación de la supuesta apropiación indebida que tan solo se utiliza como excusa/sustituto”. Como cuestiones fundamentales, las defensas han sostenido en el inicio del juicio que “la acusación no es válida para enjuiciar un delito de administración desleal” y “no se puede acusar por un delito de falsedad documental” porque “no hay hechos precisos”, por lo que reclaman el archivo del procedimiento.

Su sucesor en el cargo acudió a la Fiscalía por el supuesto pago irregular de 243.592 € a Cabieces, que no prestó ningún servicio a la entidad vasca

No piensa lo mismo la Fiscalía, que defiende que el traslado de los hechos por parte de los responsables de Kutxabank “sí es una denuncia”, y destaca que los informes elaborados durante el procedimiento previo son “absolutamente contundentes” en cuanto a la irregularidad de la actuación. En su escrito remitido al juzgado de instrucción, el ministerio público consideraba probados los hechos, al defender que las facturas correspondían a un concepto “falso” porque “no respondía a un servicio o prestación que se considerara habitual”. Por ello, durante la primera sesión de este lunes, relativa a las cuestiones previas de las defensas, ha pedido que se desestimen todas ellas y se ha ratificado en su acusación de que los tres investigados actuaron de "común acuerdo" con la pretensión de causar un "quebranto económico" a Kutxabank.

De este modo, mantiene su petición de dos años y medio de prisión para cada uno de los tres acusados y una multa de 6.000 euros por un delito de administración desleal o tres años de cárcel para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Además, reclama inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles para Fernández y para el ejercicio de la abogacía para Cabieces y Alcorta.

En la sesión de las cuestiones previas, celebrada en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, el abogado de Fernández, el exjuez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, ha sido muy duro con la Fiscalía. Ha denunciado que no se entiende su actitud “si no es porque pretende la celebración de un juicio donde están sentados un relevante político y un más que relevante banquero”. Ya antes del inicio de la sesión, el letrado ha trasladado su intención de “demostrar que este juicio es injusto”, algo en lo que ha insistid, porque “en ningún caso el fiscal puede acusar por administración desleal si el perjudicado no se ha dirigido al juzgado para querer iniciar el proceso”.

Las defensas denuncian la “falta de legitimación” y la “incapacidad” del fiscal para llevar adelante la acusación, ya que Kutxabank no presentó denuncia

La defensa de Fernández sostiene que el único objetivo del proceso es poner en la picota a quien fue el artífice de la fusión de las tres cajas vascas y colocó la entidad como una de las más solventes de España antes de recibir la estocada del PNV, debido a su intención de abrir el control de Kutxabank a nuevos socios más allá de BBK, Vital y Kutxa. Pero la actual dirección de la entidad vasca, que pretende permanecer en un segundo plano, asegura que, al acudir a la Fiscalía, se actuó como se debía tras consultarlo de forma previa con el Banco de España y el Banco Central Europeo.

Ahora, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse sobre las cuestiones previas de las defensas de cara al inicio de las sesiones de la vista oral, que se celebrarán los días 14, 15 y 17 de este mes con las declaraciones de los procesados, testigos y peritos. La apertura del juicio se decretó en mayo de 2016, al entender la jueza instructora que el expresidente de Kutxabank se extralimitó en sus funciones, “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” con la contratación indirecta de Cabieces como letrado dentro de un proceso “ajeno a los cauces establecidos” y “escapando a toda posibilidad de control”.

En este procedimiento, la acusación particular, ejercida por los sindicatos LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, EKA e Hiru y la plataforma de pensiones de Euskal Herria, ha exigido que se depuren las “responsabilidades políticas” del caso, así como que “salgan a la luz todos los tratos de favor y clientelismo político” que han tenido lugar tras la privatización de Kutxabank. Su abogada, la histórica ‘abertzale’ Jone Goirizelaia, ha asegurado que las cuestiones planteadas por la defensa apenas tienen “sustrato jurídico”.

Al mismo tiempo que en Cataluña se iniciaba el juicio más trascendente a nivel político de los últimos tiempos, con Artur Mas en el banquillo de los acusados por la consulta del 9-N, en Euskadi se abría el proceso más mediático en el ámbito económico vasco, al implicar a uno de los tótems del nacionalismo, Kutxabank, y entrar en juego cuestiones como la deslealtad, la traición, los favores y las enemistades en la banca vasca. El expresidente de la entidad Mario Fernández se enfrenta a un posible delito de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, por el pago supuestamente irregular de 243.592 euros durante su mandato al exdelegado del Gobierno en Euskadi (PSOE), Mikel Cabieces, a través del prestigioso bufete de Alcorta. A estas mismas acusaciones se enfrentan el ex responsable del Estado y el abogado Rafael Alcorta, quien supuestamente puso su despacho para dar cauce a esta práctica irregular.

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