Antiguos cooperativistas exigen 47 millones de indemnización a Corporación Mondragón

La Justicia examina a partir de este martes la demanda presentada por más de 900 antiguos cooperativistas contra Corporación Mondragón, a quien exigen el pago de 47 millones de euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida de los ahorros que tenían depositados en forma de aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles o reintegros pendientes en Fagor Electrodomésticos y Edesa. Los demandantes sostienen que en los dos años previos a la declaración de concurso que precedió a la caída de las dos cooperativas, el grupo “perjudicó de forma directa sus intereses como acreedores” con una actuación “engañosa”, ya que se les hizo ver “en todo momento” que estas compañías “tenían futuro”.

Al sentirse “estafados” por Corporación Mondragón, estos antiguos cooperativistas se agruparon para presentar la que es “la demanda acumulada de mayor cuantía de este tipo en Euskadi hasta la fecha”, según resaltan las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, constituidas por los afectados para la defensa de sus intereses. Su reclamación inicia ahora el recorrido judicial con un proceso en los juzgados de Bergara (Guipúzcoa), que comienza más de un año después de la presentación de la demanda en diciembre de 2015, una demora que ha molestado a los demandantes, que esperaban por estas fechas contar ya con una resolución.

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La petición del pago de esta elevada indemnización se sustenta en “el engaño” al que se vieron sometidos por el gigante vasco, que logró que los antiguos socios trabajadores mantuvieran el dinero depositado en Fagor y Edesa tras su baja en la cooperativa, en algunos casos “sus ahorros de toda la vida”, a pesar de la delicada situación que atravesaban estas dos compañías. Lo hizo con “mensajes tendentes a impedir que recuperaran” la cuantía confiada, principalmente en forma de aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles. Los afectados esgrimen que, “en numerosas ocasiones”, el grupo Mondragón les trasladó que la situación económica de Fagor y Edesa “no era negativa” y que tenían “un futuro cierto”. Incluso, según alegan, se les comunicó “en todo momento” por parte de Corporación Mondragón que “apoyaría económicamente” estas dos firmas y que “no permitiría que desaparecieran”.

Estos mensajes, según denuncian, lograron la “legítima confianza” de los ahora demandantes, con una antigüedad media de 40 años de trabajo en las dos cooperativas, que optaron por dejar el capital depositado, en algunos casos de más de 40.000 euros, en lugar de retirarlo, a pesar de que en ese momento todavía Fagor y Edesa disponían de un “patrimonio suficiente” para hacer frente a todos los acreedores. Con su actitud, los antiguos cooperativas acusan a Mondragón de primar su “propio patrimonio” sobre “los intereses legítimos de los socios inactivos”, los cuales “confiaban plenamente en los ideales de intercooperación y solidaridad inculcados por la corporación” y que esta “jamás les engañaría ni abandonaría a su suerte”.

Los antiguos cooperativistas acusan a Mondragón de primar su “propio patrimonio” sobre “los intereses legítimos de los socios inactivos”

Los más de 900 antiguos cooperativistas decidieron activar la vía judicial ante la decisión de Corporación Mondragón de desatender sus peticiones para recuperar los ahorros depositados en Fagor y Edesa. La comisión permanente del congreso del grupo vasco resolvió que “no cuenta siquiera con competencias” para hacerse cargo de estas reclamaciones, al tratarse de “peticiones ajenas a la naturaleza y realidad” de la cooperativa. “No tiene sentido buscar en Mondragón un responsable de las decisiones sobre la continuidad de las cooperativas que solo corresponden a quien las adoptó, ni pedir a las instituciones de Mondragón, que son el principal acreedor de las sociedades concursadas, la devolución de cantidades que los socios individualmente aportaron a su propia cooperativa”, sentenció en una resolución en la que puso en valor que había hecho todo lo posible para “paliar las consecuencias negativas” de la situación económica de Fagor, “hasta que fue imposible seguir aplicando nuevos fondos”.

Sunion Abogados lleva las riendas de esta demanda colectiva, en la que los afectados tienen depositadas “grandes expectativas”, según aseguran desde las dos plataformas en las que se agrupan. Este despacho considera que la indemnización que se reclama es “asumible” por el grupo vasco, ya que apenas representa el 0,5% de la facturación total de Mondragón. Se trata, según resalta, de “voluntad política”. A este respecto, los demandantes recuerdan que la empresa siempre se ha negado a negociar una solución. Además, ponen de manifiesto su sospecha de que el grupo vasco “hizo todo lo posible para mantener artificialmente con vida a las dos cooperativas el tiempo suficiente para evitar un concurso desordenado”, algo que “acarrearía un sensible perjuicio” a sus intereses generales, a costa de dañar a los antiguos cooperativistas.

Se trata de “la demanda acumulada de mayor cuantía de este tipo en Euskadi hasta la fecha”, según resaltan las asociaciones de demandantes

El proceso judicial se inicia este martes con la celebración de la audiencia previa en que la magistrada fijará las fechas de la vista oral. Ordaindu y Eskuratu confían en que el juicio “se lleve a cabo lo antes posible” para poner fin a la situación de “incertidumbre” en que se encuentran los afectados, a la vista de que ha transcurrido más de un año desde que se presentara la demanda. A modo de previa al comienzo del recorrido judicial, los antiguos cooperativistas se manifestaron el pasado jueves por las calles de Mondragón en defensa de sus intereses.

Mientras los antiguos cooperativistas afectados por el dinero depositado en Fagor y Edesa pelean en los tribunales por sus ahorros, los trabajadores de la antigua fábrica de electrodomésticos, que recuperó su actividad en noviembre de 2014 en las instalaciones de Garagarza en Mondragón bajo el mando del grupo catalán CNA, luchan por mantener sus puestos. Los empleados de esta empresa, que contó con el decidido apoyo del Gobierno vasco en el proceso que culminó con la adquisición de la marca y las instalaciones de Fagor, han denunciado recientemente que la dirección prevé acometer 40 “despidos traumáticos”. Estas bajas se unirían al despido en verano de 19 cargos intermedios y a la aplicación de un ERE temporal en octubre, que ha afectado a una plantilla compuesta por unos 400 trabajadores.