De Navarra a País Vasco: las otras agresiones que padece la Guardia Civil

Dos días antes de la brutal agresión por parte de radicales a dos guardias civiles fuera de servicio y a sus parejas en Alsasua (Navarra), apenas a 50 kilómetros de distancia, en Vitoria, este cuerpo policial se reivindicaba en el País Vasco frente a otro tipo de agresiones, las institucionales, las que realiza el Gobierno vasco, empeñado en reducir su presencia a la mínima expresión en tierras vascas. Y estos ataques, con forma de continuas críticas a su labor, pueden llegar a resultar igual de dolorosos. Ni el Ejecutivo autonómico, ni la dirección de la Ertzaintza, ni ningún representante del PNV estuvieron presentes un año más en la celebración que llevó a cabo la Guardia Civil en el acuartelamiento de Vitoria con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y que estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.

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Jose Mari Alonso. Alsasua (Navarra)

Fue una conmemoración sencilla, sin grandes alardes, pero que sirvió a la Benemérita para ratificar su continuidad a futuro en el País Vasco. El fin de la actividad armada de ETA, decretada hace ahora cinco años, ha sido utilizado por el Gobierno de Iñigo Urkullu como excusa para reclamar de forma insistente la “adecuación” de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) desplegados en el País Vasco. Bajo este término, se esconde la pretensión nacionalista del repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Incluso ha apelado a cuestiones de económicas, de ahorro de costes en el actual escenario de crisis, para reclamar que se reduzca su presencia a mínimos. La insistencia en estos ataques llevó a Urquijo a pronunciar un discurso muy duro contra Urkullu, a quien reclamó que se esfuerce en “institucionalizar la colaboración” entre los diferentes cuerpos policiales para mejorar la seguridad ciudadana en vez de convertir a la Guardia Civil “en blanco habitual de sus críticas”.

Más de lo mismo ocurre en Navarra, donde el Ejecutivo presidido por Uxue Barcos, de Geroa Bai, la marca del PNV en la Comunidad Foral, exige que se reduzcan las unidades de las FSE. La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha reclamado que la Policía Foral desarrolle “competencias exclusivas” para que los cuerpos de seguridad del Estado “abandonen” su cometido en Navarra. Ha justificado su petición en base a unos ratios de policía por habitante “desproporcionados para la sociedad en la que vivimos”, los “sobrecostes evidentes” y, en especial, la “ineficacia” policial por las “lagunas y duplicidades” existentes. “Diversas policías en el mismo espacio geográfico, con diferentes medios de comunicación, diferentes protocolos de trabajo y dedicándose a las mismas materias no llevan sino al desorden y la ineficacia”, ha defendido Beaumont, quien cree que la agresión de Alsasua no será considerada terrorismo.

El hecho de que el País Vasco y Navarra cuenten con su propia policía hace que el ratio de policía por población sea mayor que en el resto de comunidades del Estado. A esta circunstancia se agarran ambos gobiernos para, con ETA inactiva desde el año 2011, alimentar la presión institucional y social para lograr la reducción de las FSE. La Guardia Civil dispone de 3.000 efectivos en el País Vasco, donde hay unos 8.000 agentes de la Ertzaintza. En Navarra, la Benemérita cuenta con alrededor de 1.500 efectivos, frente al más de un millar de agentes de la Policía Foral. Por su parte, la Policía Nacional tiene unos 1.300 operativos desplegados en el País Vasco y alrededor de 800 en la Comunidad Foral.

Lograr la paulatina salida de las FSE forma parte de la acción institucional del Gobierno vasco. El Ejecutivo de Urkullu se ha marcado el objetivo de lograr a lo largo de esta legislatura el “ajuste” de su presencia en el País Vasco “a los efectivos exclusivamente necesarios” para el cumplimiento de las funciones de extranjería, fronteras o legislación de armas de fuego. No quiere que haya controles policiales de estos cuerpos. Además, “exige el respeto de las competencias en todas las actuaciones que se produzcan en Euskadi para que sean resueltas por la Ertzaintza sin interferencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Esta demanda se recoge en el programa electoral con el que el próximo lendakari concurrió a las elecciones vascas del pasado 25 de septiembre.

El hecho de que el País Vasco y Navarra cuenten con su propia policía hace que el ratio de policía por población sea mayor que en el resto de comunidades

La petición del Ejecutivo de Vitoria para que las FSE no entorpezcan la labor de la Ertzaintza convive en plena conflictividad interna en la Policía vasca. Es más, el sindicato mayoritario, ErNE, acaba de denunciar este mismo lunes que la actual dirección de la Ertzaintza es “la peor de los últimos 30 años” y ha pedido que no continúen la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, en el nuevo Gobierno vasco que se conformará en las próximas semanas. Entre las carencias que presenta este cuerpo, el secretario general de la central sindical, Roberto Seijo, ha advertido de la falta de formación de los policías, la ausencia de protocolos y la insuficiencia de grupos destinados a la lucha contra el yihadismo, que representa la mayor amenaza terrorista global en estos momentos. “Si mañana hay una amenaza terrorista en un centro comercial, cada 'ertzaina' actuaría, posiblemente, de manera diferente”, sostiene quien además acusa a los actuales gestores de “desmantelar servicios esenciales” de la estructura de la Policía vasca.

El PNV cuenta con EH Bildu como aliado en esta reivindicación del repliegue de las FSE. De hecho, en la pasada legislatura, ambas formaciones unieron sus fuerzas en el Parlamento vasco para exigir la “adecuación” de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional tras el fin de la violencia de ETA con una proposición no de ley que fue rechazada por PSE, PP y UPYD, que censuraron la ausencia de reconocimiento de la formación ‘jeltzale’ a la labor desarrollada por estos cuerpos en la lucha contra el terrorismo y por la libertad.

Ahora, la brutal agresión sufrida por dos agentes de la Guardia Civil, un teniente y un sargento, y sus respectivas parejas la madrugada del pasado sábado en Alsasua, en la que participaron medio centenar de personas, según las estimaciones de este cuerpo, ha vuelto a dejar en evidencia al PNV. El ayuntamiento de esta localidad navarra, gobernado por Geroa Bai, introdujo una crítica a la Benemérita en una declaración de condena de este acto violento aprobada este lunes en la Junta de Portavoces. El texto, que salió adelante con los votos del PSE y la marca local de Podemos y el rechazo de UPN y EH Bildu, recoge en uno de sus seis puntos la “preocupación y malestar” del consistorio por la “masiva presencia de la Guardia Civil” en el municipio. Y las primeras consecuencias no se han hecho esperar. El apoyo socialista a esta iniciativa ha obligado a la dirección del partido en la Comunidad Foral a desautorizar a su portavoz en el ayuntamiento, Juan Miguel Pérez. Frente a esta postura, el PSE antepone su “compromiso con la convivencia pacífica, el respeto, la libertad y la democracia” y el reconocimiento de “la labor de quienes dedican su trabajo a prevenir y perseguir el delito”.

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha puesto en duda la participación de 50 personas en la agresión a los dos guardias civiles, en consonancia con la versión de EH Bildu. Es el sentir general de un pueblo que ansía de forma mayoritaria la salida de la Guardia Civil, que trata de normalizar las relaciones con la población con, por ejemplo, iniciativas en colegios. De hecho, la celebración del 12 de octubre se produjo fuera de los muros del cuartel, en un intento de acercarse a la ciudadanía. La respuesta de una parte de la población a este aperturismo es el Ospa Eguna, una jornada organizada para exigir la marcha de este cuerpo policial, en la que se han llegado a quemar muñecos con tricornio con total impunidad por parte de las administraciones. Las mismas que, según censuró Urquijo el 12-O, “no han hecho nunca el reconocimiento que se merece” a la Guardia Civil.