La Justicia vasca tumba las ayudas a colectivos que promueven la independencia

La Justicia ha asestado un duro golpe a las pretensiones del nacionalismo de subvencionar con dinero público propuestas de corte soberanista al negar a la Diputación de Guipúzcoa capacidad legal para financiar a colectivos que promueven iniciativas a favor de la independencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia que anuló la ayuda de 100.000 euros concedida a la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestras manos) para sufragar una cadena humana por el derecho a decidir y ha obligado al Gobierno foral a recuperar la partida.

La sentencia, muy contundente, alude a la falta de competencia material y territorial, y a la infracción del principio de objetividad y neutralidad política que debe regir la actuación de las administraciones para vetar las ayudas económicas a entidades que promueven la ruptura de Euskadi con España. La resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, desestima el recurso presentado por la Diputación de Guipúzcoa contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de San Sebastián que declaró nula de derecho la cuantiosa ayuda otorgada a este colectivo, que deberá ahora devolver el dinero recibido.

El Tribunal Superior de Justicia vasco alude a la falta de competencia material y territorial, y a la infracción del principio de objetividad y neutralidad política

De este modo, la Abogacía General del Estado ha vuelto a ganar otra batalla en los tribunales a las instituciones vascas por excederse en sus competencias para premiar con recursos públicos a colectivos que promueven reivindicaciones soberanas de Euskadi. La ayuda de 100.000 euros sirvió para financiar la cadena humana a favor del derecho a decidir del pueblo vasco que Gure Esku Dago llevó a cabo el 8 de junio de 2014 entre Pamplona y Durango (Vizcaya), a semejanza de la que tuvo lugar un año antes en Cataluña con los mismos fines. Fue acordada por EH Bildu y el PNV dentro del pacto suscrito para posibilitar la aprobación de los presupuestos forales de ese año bajo mandato de la coalición ‘abertzale’. La partida se incluyó dentro de un supuesto paquete de medidas anticrisis por valor de 15 millones de euros acordado por ambos partidos en el Parlamento territorial.

Ahora, el TSJPV no solo anula la ayuda sino que reprocha a la Diputación de Guipúzcoa esta vía elegida para sufragar las actividades de un colectivo nacido para reivindicar el derecho de Euskadi a decidir separarse de España. Argumenta que el Presupuesto “no es título suficiente para la concesión de la subvención” a la asociación beneficiaria “ni es, por ende, su otorgamiento mero acto de aplicación de aquel, lo que aboca al fracaso” de esta actuación. Además, deja en evidencia al Gobierno foral por las “irregularidades” que se derivan de la “discordancia apreciable” entre la documentación presupuestaria y el posterior decreto foral que se aprobó para dar cauce legal a esta ayuda.

La partida de 100.000 euros se incluía dentro de un supuesto paquete de medidas anticrisis por valor de 15 millones de euros acordado por PNV y EH Bildu

En su aplastante argumentación, el tribunal alude a la “clara infracción” de la ley y la norma foral de subvenciones y a la “falta de competencia” de la Diputación para asumir la financiación de Gure Esku Dago, cuyo objetivo principal, según refleja el propio Ejecutivo foral en el expediente administrativo, es “lograr la activación y adhesión ciudadana a favor del derecho a decidir”. Según la resolución, de la índole de la actividad subvencionada “se colige su falta de conexión con el ámbito competencial propio de las diputaciones forales”, sin olvidar que “la promoción de iniciativas o proyectos políticos y partidarios –y la actividad descrita lo es– no es un fin que quepa atribuir de conformidad con el régimen jurídico previsto en la Ley de Bases de Régimen Local a las diputaciones. Estas, recuerda el tribunal, “sirven con objetividad a los intereses públicos que le están encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

De esta forma, deja en evidencia a la Diputación de Guipúzcoa, que había prolongado la vía judicial tras la sentencia que anuló la ayuda para lograr que el colectivo independentista no tuviera que reingresar la partida recibida bajo fuertes críticas a la Justicia. El portavoz foral, Imanol Lasa, censuró que los tribunales hubieran “entrado a valorar aspectos de carácter político incompatibles con la independencia del poder judicial” para “vulnerar la capacidad de decisión y las competencias de una cámara soberana por parte de una instancia ajena”. La misma contundencia verbal que utilizó Lasa para denunciar este “ataque” contra “una decisión adoptada de forma absolutamente democrática” es la que ha utilizado ahora con razonamientos jurídicos el juez para reprochar al Gobierno foral una actuación que “no es conforme a derecho” en una sentencia dictada el pasado 13 de septiembre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La decisión de la Diputación de recurrir la sentencia inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de San Sebastián provocó un enfrentamiento entre los dos socios de gobierno en Guipúzcoa, ya que la medida la adoptó de forma unilateral el PNV sin comunicárselo al PSE, que se enteró por los medios de comunicación. La actuación, notificada a través de una nota de prensa remitida a los periodistas un sábado por la tarde, causó un profundo malestar en los socialistas, que criticaron que esta decisión debía aprobarse, en su caso, en el seno del Consejo de Gobierno foral.

Pero el Gobierno de Markel Olano no solo no atendió a su socio de gobierno, sino que incluso actuó de igual modo al plantear otro recurso contra otra sentencia que ha anulado una ayuda también de 100.000 euros a la agrupación de municipios de laizquierda ‘abertzale’ Udalbiltza. El TSJPV debe pronunciarse ahora sobre la definitiva legalidad de esta ayuda, que fue otorgada igualmente en 2014 bajo mandato de EH Bildu. A este respecto, es previsible que también tumbe esta subvención directa, que fue llevada a los tribunales por el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.

La resolución que adopte el TSJPV podría servir de precedente de cara al recorrido judicial que conocerá la polémica subvención de 440.000 euros que el Ayuntamiento de Vitoria ha concedido a esta misma asociación en los presupuestos municipales a razón de 110.000 euros anuales durante cuatro ejercicios. Urquijo ya ha anunciado su intención de recurrir ante los tribunales esta partida a Udalbiltza, aprobada el pasado 30 de septiembre por el Gobierno local en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el PNV, EH Bildu, Podemos e Irabazi para aprobar los presupuestos municipales. El PSE, socio de gobierno local, votó en contra de la concesión de esta ayuda, que estos días está siendo motivo de fuertes enfrentamientos entre el alcalde Gorka Urtaran y el PP, que denuncia la “clara ilegalidad” de esta subvención directa.