elecciones país vasco 2016

El PP busca el apoyo de las víctimas investigando crímenes de ETA sin resolver

Alonso recoge en su programa electoral la constitución de este grupo de expertos para “perseverar” en la investigación de los atentados sin resolver, una de las grandes batallas de las víctimas

Foto: El candidato a lendakari por el PP, Alfonso Alonso, el vicesecretario general del partido, Javier Maroto, y el presidente en Álava, Javier de Andrés, en Vitoria. (EFE)
El candidato a lendakari por el PP, Alfonso Alonso, el vicesecretario general del partido, Javier Maroto, y el presidente en Álava, Javier de Andrés, en Vitoria. (EFE)

El PP vasco busca recuperar el respaldo de las víctimas del terrorismo después de que algunos colectivos le hayan dado la espalda críticos con la gestión que está realizando el Gobierno español en el escenario pos-ETA. Así, se ha comprometido a incidir en la que es una de sus principales reivindicaciones, investigar los más de 300 asesinatos de la banda terrorista que permanecen sin resolver. Para ello, plantea la creación de un equipo de trabajo específico compuesto por expertos para “perseverar” en la tarea de aclarar estos crímenes.

Promocionar la constitución de este equipo es el compromiso que ha adquirido el PP de Euskadi en su programa de cara a las elecciones vascas del 25 de septiembre. El presidente de los populares vascos y candidato a lendakari, Alfonso Alonso, plantea que este grupo trabajaría “en colaboración con el Gobierno español” para avanzar en la investigación de los crímenes de ETA aún por esclarecer, según se refleja en la ‘hoja de ruta’ electoral en materia de convivencia. Este equipo, según señalan fuentes populares a El Confidencial, estaría compuesto por expertos, como policías judiciales o forenses, que tendría la misión de arrojar luz y clarificar todos los asesinatos que a día de hoy permanecen impunes. No obstante, faltaría por definir la composición de este grupo que el PP plantea dentro de una iniciativa que, en su caso, sería llevada al Parlamento Vasco para su aprobación.

Con esta medida el Partido Popular persigue superar la distancia que le separa de algunas víctimas críticas con su gestión del escenario pos-ETA

Con la creación de este equipo, el PP trata de superar la distancia que le separa de algunas víctimas. Además, en este objetivo de lograr un acercamiento, plantea “ampliar las indemnizaciones” a los damnificados por el terrorismo y retoma la idea de que los vascos que tuvieron que huir de Euskadi por la amenaza y el acoso de ETA y su entorno puedan votar en el País Vasco. A este respecto, Alonso asegura que “apoyará todas las medidas que impulse el Gobierno de España, y que se adopten en las Cortes, para que puedan ejercer su voto como ciudadanos vascos que son” aquellas personas que “fueron obligadas a exiliarse para poder vivir una vida familiar y profesional al margen de la persecución”.

Aclarar los crímenes de ETA que permanecen sin resolver es una de las grandes batallas en las que están inmersas las víctimas en los últimos años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional realizó un informe a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que cifra en 326 los asesinatos cometidos por la banda terrorista durante la democracia que no han sido esclarecidos por el poder judicial. No obstante, el colectivo en el País Vasco, Covite, amplia la nómina a más de 400 si se atiende a los amnistiados en 1977, las sentencias absolutorias para los procesados, lo que no significa que el caso haya sido resuelto al no haber fallo condenatorio contra sus autores, y las resoluciones judiciales que no han condenado a todos los implicados (en algunos casos sólo se ha penado a colaboradores del crimen y no al autor material de los hechos).

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz (d), conversa con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco (i). (EFE)
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz (d), conversa con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco (i). (EFE)

Covite ha realizado una investigación sobre estos asesinatos sin resolver que pone de manifiesto graves negligencias e irregularidades judiciales en la investigación de los crímenes. Como ejemplos, apunta a que hay informes de balística que han tardado más de 30 años en llegar a la Audiencia Nacional o que algunas investigaciones de la Justicia se han cerrado en menos de 24 horas. Además, en muchos casos no hay antecedentes documentales o se han dictado sobreseimientos provisionales por desconocimiento de sus autores. “Hay etarras en la calle que ni ellos saben por qué están en libertad”, denuncia la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, que reclama de forma insistente que se “destierre la impunidad” que existe en estos más de 300 asesinatos cometidos por ETA.

La necesidad de hacer justicia movió a la Fundación de Víctimas del Terrorismo a acudir a principios de esta década a la Audiencia Nacional y pedir información de todos los casos que están sin resolver bajo la presidencia de Maite Pagazaurtundúa. Durante su mandato (lideró esta asociación entre 2005 y 2012 hasta su sustitución por María del Mar Blanco), la hermana del jefe de la Policía Local de Andoain asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundúa fue muy activa en esta causa dado que esta falta de intervención judicial supone que un 40% de los asesinatos de la banda terrorista en su historia siguen sin ser esclarecidos. “Cuatro de cada diez asesinatos han salido gratis para sus autores y para ETA”, lamenta la hoy parlamentaria europea de UPyD.

Plantea ampliar las indemnizaciones a las víctimas y retoma la idea de que los vascos que tuvieron que huir por la amenaza de ETA puedan votar en el País Vasco

Más de un centenar largo de estos crímenes están ya prescritos y existe el riesgo de que buena parte del resto de los asesinatos queden impunes por el paso de los 20 años que determina la ley. Ante esta amenaza, Covite, que ha asumido el liderazgo en esta cuestión, urge a que se empiece a “desempolvar” todos los expedientes que se archivaron sin apenas investigación, se reabran casos y se ordene la práctica de nuevas diligencias judiciales. De este modo, sostiene que, al menos, se resarciría a los allegados de las víctimas, y que “nunca han tenido derecho a un juicio”. Además, defiende que se actúe en los casos ya prescritos para poner rostro a sus autores.

Consciente de que los crímenes de ETA sin resolver ha sido motivo de fricción entre las víctimas y el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP busca ahora lograr un acercamiento a las mismas con la adopción en el programa electoral del compromiso para “continuar investigando” estos asesinatos con la creación de un equipo específico de expertos. Esta propuesta se recoge dentro de las iniciativas en materia de Convivencia, donde los populares asumen la labor de “perpetuar” la memoria y el “recuerdo vivo” de las víctimas, y de “evitar homenajes a sus asesinos”.

Maite Pagazaurtundúa. (EFE)
Maite Pagazaurtundúa. (EFE)

Precisamente, la impunidad que está gozando el entorno radical en los recibimientos a los etarras que salen de prisión en sus localidades natales, y en los que se jalea a la banda terrorista, está provocando las duras críticas de las víctimas. “Se está normalizando la celebración de los ‘ongi etorris’ y que los etarras sean recibidos como héroes”, censuran con amargura. Apuntan como reveladora evidencia a lo sucedido hace unos días en las fiestas de la localidad navarra de Berriozar, donde había carteles pidiendo la presencia en actos festivos de los etarras Ibay Ayensa y Mikel Ayensa, miembros del ‘comando Ekaintza’ que llevó a cabo los asesinatos del teniente del Ejército Francisco Casanova o el concejal de UPN Tomás Caballero. Esta impunidad, según advierten, contribuye a que se blanquee la historia de la banda terrorista y pone en riesgo la construcción de un relato veraz.

A la hora de articular la historia de violencia de ETA, Covite mantiene un enfrentamiento con el Gobierno español por su “negativa” a facilitar información sobre la banda terrorista y que está a punto de llegar a la vía judicial. Este colectivo se encuentra a la espera de que se formalice el recurso contencioso administrativo para que los tribunales obliguen al Ejecutivo de Rajoy a aportar la documentación que le ha sido requerida. La asociación presidida por Ordóñez ha reclamado ante el Consejo de Transparencia de Presidencia tener acceso al listado de deportados, indultados y amnistiados tras las primeras elecciones democráticas de 1977, datos de atentados contra casas cuartel desde 1960 y expurgos o destrucción de sumarios en relación con los atentados de la banda terrorista, entre otra información. Sin embargo, denuncia que los ministerios de Justicia y Exteriores no dan respuesta satisfactoria a sus peticiones en lo que les corresponde (no así el departamento de Interior), por lo que, tras varias reclamaciones infructuosas, activará el camino judicial. 

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