Golpe de la justicia a las ayudas al entorno de ETA en plena precampaña vasca

La Justicia ha asestado un golpe a las ayudas institucionales al entorno de ETA al anular un acuerdo del Ayuntamiento de Villabona, en Guipúzcoa, que otorgaba subvenciones individuales para sufragar las visitas a presos de la banda terrorista a las cárceles. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián ha estimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y ha anulado el acuerdo de este municipio que aprobaba las bases para regular la concesión de ayudas a los familiares de los presos de ETA para costear las visitas a los reclusos a los centros penitenciarios en 2015 al sostener que “no es ajustado a derecho”. Por ello, obliga al Consistorio a realizar las actuaciones oportunas para “obtener la devolución de las cantidades abonadas”.

El Ayuntamiento, gobernado entonces con mayoría absoluta por EH Bildu, aprobó este acuerdo el 24 de abril de 2015, a las puertas de las elecciones municipales de mayo, cuando la coalición 'abertzale' perdió el poder a manos del PNV. Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Guipúzcoa (tres días después), el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, impulsó la interposición de un recurso contencioso administrativo que ahora ha estimado el juzgado, que ha dejado sin efecto el acuerdo y ha condenado al actual Gobierno municipal a recuperar las subvenciones otorgadas.

El decreto establecía que el importe de la ayuda equivalía al resultado de multiplicar el número de kilómetros entre Villabona y el centro penitenciario (ida y vuelta) por 0,21 euros. Daba la posibilidad de subvencionar dos viajes al mes, con lo que se abría la puerta a sufragar hasta 24 viajes anuales por solicitante.

Villabona permitía sufragar hasta 24 viajes anuales por solicitante para visitar a los presos de ETA en los centros penitenciarios

Entre los argumentos esgrimidos para solicitar su nulidad, la Abogacía del Estado apuntaba a la falta de “competencia objetiva o material” del Consistorio para regular este tipo de ayudas o a la infracción del “principio de objetividad” en la actuación de las administraciones públicas. Asimismo, defendía que el acuerdo municipal vulneraba las leyes sobre reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo y aludía a la posible desviación de poder.

A las puertas de la campaña

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, llega a las puertas de que se inicie la campaña de cara a las elecciones vascas del 25 de septiembre, para las cuales PNV, EH Bildu, Podemos y PSE concurren con la reivindicación del traslado a Euskadi de la competencia de Prisiones en sus programas. Estos partidos defienden la necesidad de acometer un cambio en la política penitenciaria de dispersión que aplica el Gobierno español a los presos de ETA, con la banda terrorista inactiva, por razones de “humanidad”.

Evitar las subvenciones municipales a los familiares de ETA ha sido una de las prioridades de actuación de Urquijo. Desde que accedió al cargo tras la victoria del PP en las elecciones generales de 2011, el delegado del Gobierno en Euskadi ha promovido 59 recursos contra las ayudas institucionales otorgadas al entorno de la banda terrorista, fundamentalmente en Guipúzcoa. Prácticamente dos de cada tres actuaciones judiciales (el 62%) afectan a instituciones de este territorio. En su conjunto, 37 recursos aluden a administraciones guipuzcoanas, 15 a vizcaínas y siete a alavesas.

El delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, promovió 59 recursos contra ayudas de las administraciones vascas a la órbita de la banda terrorista

Muchas de las sentencias están dando la razón a Urquijo en sus argumentos. Y no solo en relación a las ayudas municipales a los familiares de presos, ya que la Justicia ha atendido las peticiones de la Abogacía del Estado para evitar subvenciones a colectivos en la órbita de la banda terrorista. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado este año una subvención de 1.700 euros que el Ayuntamiento de San Sebastián concedió bajo el mandato de EH Bildu a la asociación Harrera, dedicada a facilitar la reinserción de expresos y huidos de ETA y a la obtención de ayudas sociales. Este colectivo también perdió los 2.500 euros que le fueron concedidos por el Consistorio de Zarautz en otro fallo judicial.

Con su actuación, Urquijo es objeto de continuos ataques por parte de PNV y EH Bildu, que han consensuado en las instituciones vascas diferentes resoluciones para denunciar su “labor inquisitorial” y exigir la supresión de la figura del delegado del Gobierno en Euskadi. Incluso, ambos partidos llevaron sin éxito esta demanda al Congreso de los Diputados, donde el PP salió en su defensa.

La sentencia llega a las puertas de las elecciones vascas: PNV, EH Bildu, Podemos y PSE reivindican el traslado a Euskadi de la competencia de Prisiones

Ahora, tras el fallo contra el Ayuntamiento de Villabona, el delegado del Gobierno en el País Vasco celebra que “una vez más se ha detenido un nuevo atropello a las víctimas del terrorismo”. Además, incide en la “importancia” que supone que la Justicia ordene recuperar las ayudas concedidas, lo que “deja muy claro que el conjunto de los vecinos de este municipio no tienen por qué sufragar con su dinero a los familiares de presos de ETA”. En todo caso, advierte: “Mientras en muchos ayuntamientos se siga viendo a los terroristas como hijos del pueblo y no como asesinos, será difícil que la convivencia sea una realidad y costará desterrar el miedo que ETA ha inoculado en nuestra tierra durante más de 40 años”.