Los comandos fronterizos se convierten en escuadrones de la muerte instigados por un presidente que se viste de paramilitar para convertir la seguridad en una amenaza a los ciudadanos
El presidente de EEUU, Donald Trump. (EFE/Octavio Guzmán)
El problema no empieza cuando disparan. Empieza antes, mucho antes, cuando el Estado decide vestirse de miedo y salir a la calle con el rostro cubierto. Cuando confunde autoridad con intimidación y seguridad con escenografía. Minneapolis y St. Paul han sido el último escenario de esa confusión letal, pero no el primero. Ni será el último mientras la política se siga jugando en la clave de guerra cultural y en una concepción del orden público desquiciada.
Sucede que, durante semanas, las calles del Medio Oeste han visto desfilar a hombres enmascarados con armamento de guerra, uniformes ambiguos y una coreografía más propia de una ocupación militar que de una operación policial. Al frente, como un figurante sacado de una película bélica de serie B, Gregory Bovino, jefe operativo de la Patrulla Fronteriza, exhibiendo estética marcial y maneras de general de opereta. No se trataba solo de detener inmigrantes. Se trataba de escenificar poder. De mandar un mensaje ensangrentado.
Conocemos los nombres de las víctimas. Alex Jeffrey Pretti, enfermero. Renée Nicole Good, poetisa y madre de tres hijos. Dos ciudadanos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en plena calle. Diez disparos a uno. Tres a otra. No hubo asalto. No hubo amenaza. Hubo ejecuciones. Y hubo, después, una respuesta automática del poder: la coartada de la legítima defensa, desmentida por los vídeos, y la criminalización póstuma de las víctimas. El manual completo de un estado de terror.
La reacción social, esta vez, no se ha dejado anestesiar. Porque las imágenes circularon. Y porque las encuestas hablaron. Seis de cada diez estadounidenses consideran que las operaciones de ICE (Servicio de Control de Aduanas) y la Patrulla Fronteriza han ido demasiado lejos. Incluso sectores tradicionalmente alineados con el discurso del orden, como la Asociación Nacional del Rifle, han empezado a incomodarse. Cuando el Estado dispara primero y explica después, el derecho a portar armas deja de ser un refugio ideológico y se convierte en un espejo incómodo.
Ahí es donde Donald Trump percibe el problema. No moral. Estratégico. Bovino ya no suma: resta. Su brutalidad resulta torpe. Su estética marcial-grotesca recuerda demasiado a aquello que Estados Unidos reniega ser. Y Trump, que nunca corrige por convicción sino por cálculo, decide retirar al peón. Lo envía de vuelta a California. Quizá a la jubilación. El daño ya está hecho.
El relevo tampoco tranquiliza. Entra en escena Tom Homan, el llamado 'border czar', veterano del aparato migratorio, reciclado ahora como bombero político. Su destino resulta revelador: Minnesota. Un estado que limita con Canadá, sí, pero donde Minneapolis queda a más de 250 kilómetros de cualquier frontera. ¿Qué hace un zar de fronteraspatrullando barrios urbanos con policía local, estatal y federal ya desplegada? La respuesta incomoda: no vigila fronteras. Vigila ciudades. Y, sobre todo, vigila símbolos.
Trump telefonea y entonces cambia el tono. Habla de coordinación, de rebajar tensiones, de que "la situación no puede seguir así". Es el mismo presidente que días antes acusaba a los demócratas de incitar al caos y los insultaba con la furia habitual. El volantazo no es una rectificación. Es un maquillaje. Y dura lo que tarda en cambiar el foco mediático, porque el ogro no va a cambiar de dieta. Porque el problema no es Bovino. Ni siquiera Homan.
El problema es la mutación de ICE y la Border Patrol en fuerzas paramilitares al servicio de una narrativa. Organismos concebidos para aplicar la ley migratoria han sido inflados, acelerados y radicalizados. El Departamento de Seguridad Nacional, creado tras el 11-S, ha visto cómo sus agencias se convertían en instrumentos de intimidación interna. ICE ha duplicado efectivos en un año. La formación se ha reducido a poco más de un mes. Se recluta con lemas patrióticos y prisas ideológicas. Se mide el éxito en arrestos diarios. En cifras. En récords.
El resultado es una fuerza joven, mal entrenada y armada hasta las entrañas, desplegada en bastiones demócratas con una lógica que recuerda menos a la seguridad ciudadana que al castigo ejemplar. No se trata solo de inmigración. Se trata de política. De demostrar quién manda. De llevar el conflicto cultural al asfalto. De convertir la ley en espectáculo.
Un reportero del New York Times describía a estos agentes como soldados avanzando por una capital extranjera hostil. La imagen no exagera. Hay algo colonial en la manera de ocupar el espacio, en la desconfianza hacia la población local, en el uso del miedo como herramienta de gobierno. Y hay algo profundamente antidemocrático en normalizarlo.
Bovino se va. Los muertos se quedan. Y también queda la pregunta que nadie en la Casa Blanca quiere formular en voz alta: ¿qué sucede cuando el Estado deja de proteger para empezar a intimidar? ¿Cuándo la frontera ya no está en el mapa sino en la puerta de casa? Minneapolis ha ofrecido una respuesta trágica. Ignorarla sería el verdadero crimen.
El problema no empieza cuando disparan. Empieza antes, mucho antes, cuando el Estado decide vestirse de miedo y salir a la calle con el rostro cubierto. Cuando confunde autoridad con intimidación y seguridad con escenografía. Minneapolis y St. Paul han sido el último escenario de esa confusión letal, pero no el primero. Ni será el último mientras la política se siga jugando en la clave de guerra cultural y en una concepción del orden público desquiciada.