El error económico (y más trascendente para los asalariados) de la era Sánchez

Cuando murió en 1975 Alvin Hansen, uno de los mejores economistas del siglo XX, The New York Times publicó un obituario en el que recordó que sus clases en Harvard eran de asistencia obligatoria para los responsables de las políticas económicas de la administración Roosevelt. Hansen fue inicialmente un economista neoclásico, pero tras publicar Keynes en 1936 su obra fundamental, la Teoría General, fue una especie de apóstol del keynesianismo que encandiló a varias generaciones de economistas.

Aunque el pensamiento keynesiano atrajo inicialmente a solo un puñado de incondicionales, a partir de 1937, que es cuando se incorporó al profesorado de Harvard, su influencia se agigantó. Hansen llegó a alcanzar una enorme notoriedad por promocionar con tesón lo que entonces se consideraba una auténtica herejía. El libro de Keynes, como se sabe, defiende que para lograr el pleno empleo, y cuando sea necesario, los gobiernos deben intervenir en la economía sin tener miedo a la existencia de déficits presupuestarios, aunque eso pueda generar una inflación moderada.

Lo que explicaba Hansen a sus alumnos es que los gobiernos, por inacción, no debían cargar el control de la inflación sobre los parados y, en general, sobre el nivel de empleo. Es decir, haciendo ajustes presupuestarios para evitar un crecimiento de los precios, sino que, por el contrario, pensaba que ese control debía ejecutarse mediante aumentos o reducciones oportunas de impuestos, cambios adecuados en la oferta monetaria —tipos de interés y dinero en circulación— y controles efectivos de precios y salarios con racionalidad. “Los controles de precios y salarios tienen aspectos desagradables”, aseguró en una ocasión Hansen, “pero funcionan”. Entre sus alumnos estuvo Paul A. Samuelson, uno de los economistas más influyentes del siglo pasado gracias a su célebre manual, de lectura obligatoria durante décadas.

De hecho, hoy hay pocas dudas de que la intervención del Estado en la economía se justifica por el bienestar económico general. En unos casos para cubrir las insuficiencias del mercado, bien por las asimetrías que produce de forma natural o por causas estructurales, y en otros casos en aras de conseguir determinados objetivos estratégicos para el país. Los gobiernos invierten en infraestructuras, investigación, cultura, sanidad, justicia, educación o pensiones públicas no porque sea rentable presupuestariamente, sino porque beneficia a la sociedad y hace posible la convivencia.

Mayor o menor prosperidad

El resultado es que en ningún país avanzado —ni en los menos intervencionistas— el gasto público baja hoy del 30% respecto del PIB, lo que da idea de la influencia de Keynes en la economía casi un siglo después. Por el contrario, es en los países menos desarrollados, por razones obvias, donde la intervención del Estado es menor. Precisamente, por sus dificultades para captar recursos. Eso no significa que gastar más conduzca necesariamente y en todos los casos a mayor prosperidad, sino que para alcanzar determinadas metas es necesaria la intervención pública, compatible, por supuesto, con el libre funcionamiento del sector privado.

El caso de España, en este sentido, es significativo. El Gobierno de coalición, desde sus inicios, no ha desdeñado intervenir en la economía. Unas veces mediante políticas clásicas, como aumentar el gasto social por encima del crecimiento del PIB en aras de favorecer la cohesión e incrementar la demanda agregada, y en otros impulsando una mayor presencia del Estado en sectores estratégicos: defensa (Indra) o telecomunicaciones (Telefónica). No es, por supuesto, una excentricidad. Europa ha dado un giro frente a lo que se pensaba en los 90 y hoy muchos gobiernos influyen en determinados sectores que consideran estratégicos.

TE PUEDE INTERESAR

El año en que Keynes salvará al Gobierno de coalición: la paradoja de Sánchez

Carlos Sánchez

Pedro Sánchez, para ello, ha podido contar con poderosos vientos de cola desde el punto de vista presupuestario: fondos europeos, descenso de los tipos de interés reales o una economía más dependiente del sector servicios —turismo— que los países más industrializados, lo que ha hecho posible que la economía crezca en los últimos años de forma sensiblemente más intensa que en la media europea. Mientras que la industria puede ser deslocalizable y compite en mercados abiertos, los servicios fundamentales (intensivos en empleo) no corren la misma suerte.

Junto a ello, la importante entrada de inmigrantes ha permitido que la recaudación haya pulverizado todos los récords históricos, lo que ha dado al Gobierno margen de maniobra suficiente para ejecutar determinadas políticas. Tan solo en 2024 las bases imponibles tributarias —por lo que realmente se pagan impuestos— crecieron un 6,9%, más del doble que la economía real.

Este crecimiento de la economía en volumen (PIB o recaudación), sin embargo, no se ha trasladado con la misma intensidad al bolsillo de los contribuyentes. Los salarios apenas crecen respecto del incremento de los precios y lo que es todavía peor, sufren una importante erosión a causa de la subida encubierta de impuestos que se está produciendo a causa de la negativa del Gobierno, y en particular de su ministra de Hacienda, a ajustar la tarifa del IRPF al aumento de la inflación.

Presión fiscal

Las consecuencias son demoledoras para los asalariados, que son realmente quienes soportan la presión fiscal en el impuesto sobre la renta, precisamente el de mayor recaudación. Esto explica que el tipo efectivo sobre las rentas brutas de los hogares venga creciendo de forma sistemática desde el año 2018 (cuando llegó Sánchez a la Moncloa). Desde entonces, ha pasado del 12,66% al 14,36%. Es decir, se ha producido un incremento de la presión fiscal para los asalariados de casi dos puntos en unos pocos años. Simplemente, por la negativa inexplicable del Gobierno a adecuar la tarifa al ritmo que crecen los precios.

No solo sufren los asalariados una pérdida de poder adquisitivo por la puerta de atrás. El tipo medio de retención en las pensiones (a las que tampoco se ajusta la tarifa a la evolución de los precios) ha pasado del 7,7% en 2018 al 10% en 2024, lo que también supone una subida encubierta de la presión fiscal. Lo que el Gobierno da, por un lado, ajustando las pensiones a la subida del coste de la vida, se lo quita en parte por otro al aplicar tipos impositivos más elevados, lo que explica el aumento de los tipos efectivos.

Aunque desde luego la no deflactación de la tarifa no es la causa única del malestar económico y social, y en este sentido hay que decir que el populismo ha recogido mejor que los partidos tradicionales esas carencias, no es necesario pasar por la Sorbona para comprender que muchos contribuyentes tengan sobradas razones para dudar del sentido de la equidad de la Hacienda Pública. Entre otros motivos, porque la política fiscal ha sido históricamente, por lo menos desde 1945, cuando se crearon los modernos estados de bienestar, el instrumento más eficaz para favorecer la justicia social. De hecho, lo que tradicionalmente ha diferenciado a la izquierda respecto a la derecha es la protección de los salarios frente a las rentas del capital, que inexplicablemente siguen tributando hoy muy por debajo de los tipos impositivos del IRPF. Algo que es especialmente hiriente teniendo en cuenta que la principal fuente de renta para las clases medias son las nóminas, mientras que en la decila superior son las rentas del capital.

TE PUEDE INTERESAR

Las pensiones subirán finalmente un 2,7% en 2026 con el IPC de noviembre en el 3%

Javier Jorrín

El que la izquierda rehúse utilizar la política fiscal para proteger a las clases medias asalariadas, incluso penalizando su tributación, no es un asunto cualquiera. Probablemente, junto a la vivienda, es hoy la principal causa del malestar social.

La absurda fiscalidad del mercado inmobiliario, que no diferencia la capacidad económica del comprador ni siquiera el destino final de la adquisición de una vivienda, es otro ejemplo de cómo los gobiernos, también el español, renuncian a utilizar la política fiscal como el mecanismo más eficaz para luchar contra el descontento social, lo que posteriormente se traduce en votos. En este caso, a cuenta de la adquisición de un simple piso en el que vivir.

Es decir, haciendo justamente lo contrario de lo que proponía Adam Smith, poco sospechoso de ser un rabioso socialdemócrata. “Las rentas de solares y la renta ordinaria de la tierra, en muchos casos, se disfrutan sin que el propietario preste ningún cuidado ni atención. Aunque se le quitase una parte de tal ingreso, a fin de sufragar los gastos del Estado, no se desestimulan con ello ninguna clase de actividad (...) son, quizás, los ingresos que mejor pueden soportar que se cargue sobre ellos un impuesto especial”, escribió en La Riqueza de las Naciones. Algunos que se presentan como liberales deberían volver a leer al sabio escocés.

TE PUEDE INTERESAR

"Robo, expolio o extorsión": la generación Z declara la guerra a los impuestos

José Ramón Pérez Vídeo: Marta Abascal

La política tributaria, de hecho, está ausente de la agenda pública como si fuera un asunto menor. Por el contrario, los parlamentos se han llenado de comisiones de investigación que no sirven para nada. Claro está, salvo para convertir la política en parte de la industria del entretenimiento.

Lo peor, con todo, es que cuando se aborda la política fiscal —raras veces— la discusión se envenena con el consabido e intelectualmente pobre debate entre quienes creen que hay que subir los impuestos y quienes sostienen que hay que bajarlos. Pero sin abordar la cuestión clave: ¿Se reparte la presión fiscal de forma justa y equitativa? Pongan ustedes la respuesta.

Por cierto, fue Alvin Hansen quien popularizó el término ‘estancamiento secular’ para definir un largo periodo de crecimiento débil. A lo mejor el mal uso de la política fiscal tiene algo que ver.