"Los periodistas mienten y por eso voy a las redes sociales. Allí está la verdad"

Lo decía esta misma semana en Estrasburgo, con toda la frustración que cabe esperar en una demócrata, la eurodiputada Sabine Verheyen: "Los periodistas mienten y por eso voy a las redes sociales. Allí está la verdad". La frase, hay que advertir, no es suya, es más bien un quejío, y Verheyen la ha escuchado en los últimos meses en numerosas ocasiones. Por eso la repite ante un reducido número de periodistas.

Sabine, hay que decir, pertenece al Partido Popular Europeo como miembro de la CDU, los democristianos alemanes, y ha sido, junto a otros parlamentarios, por España la eurodiputada Diana Riba, quien ha sacado adelante, con los votos a favor del centro y de la izquierda de la Eurocámara, la llamada EMFA, acrónimo en inglés de la ley de libertad de los medios comunicación, cuya configuración jurídica es un Reglamento que viene a remover los cimientos de las empresas periodísticas europeas. Su entrada en vigor es casi inmediata. Será el próximo 8 de agosto.

La frustración de la diputada Verheyen es doble. Por un lado, porque tiene constancia de que muchos europeos han dejado de confiar en los medios de comunicación tradicionales y acuden de forma acrítica hacia las redes sociales, donde impera lo que se ha llamado sesgo de confirmación. Es decir, se lee lo que el lector quiere encontrar para ratificar una posición previa, aunque no tenga ningún fundamento ni explicación racional.

Un panorama mediático diverso, independiente y libre no es algo que se desea tener. Es la base de toda democracia libre

"Las plataformas en línea de alcance mundial”, sostiene la norma, “actúan como puertas de entrada a los contenidos de los medios de comunicación, con modelos de negocio que tienden a eliminar la intermediación (...) y a amplificar los contenidos polarizadores y la desinformación. Dichas plataformas son también proveedores esenciales de publicidad en línea, lo que ha desviado los recursos financieros del sector de los medios de comunicación, afectando a su sostenibilidad financiera y, como consecuencia, a la diversidad del contenido que se ofrece”.

La arquitectura de la democracia

La segunda frustración de Verheyen era todavía más inquietante. Entre los ponentes del Reglamento existe la sospecha de que muchos gobiernos no lo aplicarán pese a haber sido aprobado. De hecho, existe un riesgo real de que al final de la larga tramitación —empezó en 2022— todo quede en papel mojado. O expresado en palabras de la eurodiputada del centro-derecha alemán: "Se celebra el proyecto de ley, pero cuando llega el momento de su implementación, todo se silencia. Hablamos de excepciones, periodos de transición, sensibilidades nacionales… (...) Lo que necesitamos no son aplausos, lo que necesitamos es valentía política, incluso cuando se vuelve incómoda. Porque no se trata de un detalle de regulación, sino de la arquitectura democrática fundamental de Europa. Un panorama mediático diverso, independiente y libre no es algo que se desea tener. Es la base de toda democracia libre. Y sí, los medios de comunicación pueden resultar incómodos; de hecho, deben serlo. Un gobierno que no puede vivir con eso no se opone a los medios de comunicación; se opone a la democracia misma".

No tiene desperdicio el alegato. Lo que está en juego, como dice la diputada Verheyen, con la nueva norma de libertad de prensa es la democracia misma en unos momentos en los que está amenazada por tierra, mar y aire. Periodistas que son vigilados, demandados o presionados, gobiernos con signos autoritarios que cercenan la libertad de prensa, plataformas tecnológicas que vampirizan el trabajo de los periodistas profesionales realizando una competencia desleal y, por supuesto, el resurgir de la autocensura para complacer a los propietarios de los medios de comunicación, además de intrusos que denigran la profesión periodística o demandas abusivas contra medios aprovechando las grandes empresas su posición dominante.

¿Qué es lo que propone el Reglamento? Lo que plantea es caminar en al menos cuatro direcciones: compromiso de los Estados miembros de respetar la libertad e independencia editorial, garantizar que los medios de comunicación públicos ofrecen de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias, garantías de que las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva y, sobre todo, transparencia en las empresas periodísticas. ¿Cómo? Básicamente, conociendo aspectos como la propiedad real de los medios de comunicación, directa o indirecta, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal, la creación de bases de datos nacionales sobre la propiedad de los medios de comunicación o la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad.

Su expulsión es una cuestión de higiene democrática, pero, desgraciadamente, el debate se ha escorado hacia otro lado

El texto de la norma se puede leer aquí y es probable que se trate de uno de los más relevantes de la actual legislatura del Parlamento Europeo. No en vano, lo que se ventila es la construcción de una sociedad que no esté basada en la mentira ni en el infundio, sino, por el contrario, capaz de disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad, lo que permite, como dice el Reglamento, "tomar decisiones con conocimiento de causa".

Supuestos periodistas

La casualidad en el tiempo ha querido que la tramitación de la norma haya coincidido en su recta final con la polémica sobre las credenciales que entrega el Congreso para trabajar en su sede. Supuestos periodistas pululan hoy por el viejo caserón de la Carrera de San Jerónimo unas veces hostigando a los diputados, otras a periodistas profesionales que hacen su trabajo y en la mayoría de las ocasiones convirtiendo el lugar sagrado de la democracia en un set de televisión degradando la función constitucional del parlamento.

Su expulsión es una cuestión de higiene democrática, pero, desgraciadamente, el debate se ha escorado hacia una cuestión de libertad de prensa. Hay quien sostiene que si se expulsa a esos sujetos se está poniendo un candado a la libertad de información, pero se trata de una falacia. Eso sería cierto si fueran periodistas, pero no lo son.

Desde luego que no por razones ideológicas, cada profesional es muy libre de pensar lo que quiera a través del soporte que considere necesario, sino porque no cumplen las mínimas normas deontológicas del periodismo, que tienen que ver con el respeto a las fuentes, con trabajar bajo el principio de veracidad e imparcialidad y, por supuesto, con un compromiso ético en favor de la verdad. Esto obliga, como dice el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, "a informar sólo sobre hechos sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado".

Alguien que hostiga a los periodistas, a los políticos que hacen su trabajo y que no contrasta la información no es periodista

Lo más paradójico, sin embargo, es que en una sociedad en la que casi todo está hiperregulado, muchas profesiones exigen la correspondiente titulación, se ha asumido acríticamente que el mundo de los medios de comunicación debe ser lo más parecido a la ley de la selva. Es decir, cualquiera puede entrar y a continuación devastar el terreno, con las consecuencias que ello tiene para la democracia. Entre otras razones, porque ninguna democracia puede sobrevivir sin una opinión pública bien informada y unos profesionales dignos de tal nombre, como ponen de relieve los informes anuales de Reporteros sin Fronteras.

Integridad y veracidad

Jelani Cobb, el decano de la Escuela de Periodismo de Columbia, es posible que la facultad de mayor prestigio del mundo, lo ha puesto negro sobre blanco: "La evolución de las plataformas digitales, la naturaleza cambiante del discurso público y la creciente demanda de transparencia y ética periodística exigen una nueva formación periodística: innovadora y adaptable, pero arraigada en los principios fundamentales de integridad y veracidad".

Y alguien que hostiga a periodistas, a políticos que hacen su trabajo y que no contrasta la información no es periodista. Por supuesto que en una sociedad libre mentir no es delito, siempre que no se haga ante un juez, pero hay fundadas razones para entender que los poderes públicos, en el sentido más amplio, del término, no pueden amparar ese comportamiento. Entre otras cosas, porque sería lo mismo que proteger la desinformación y la manipulación de la opinión pública. Al fin y al cabo, como reza la legendaria frase de Charles Prestwich Scott, el fundador de The Guardian "los hechos son sagrados, las opiniones son libres".

Se arguye que lo que está detrás de cualquier regulación es el Gran Hermano orwelliano, pero en realidad lo que está en juego es la propia democracia en la medida que en el origen de los sistemas autoritarios, ya desde el periodo de entreguerras, está la manipulación de las masas mediante la mentira y el infundio a través de los medios de comunicación. Europa conoce mejor que nadie este fenómeno. No es casualidad, en este sentido, que el trumpismo y sus acólitos prefieran las redes sociales a las redacciones, donde se contrastan ideas y se fundamenta el periodismo, no el activismo político.

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Durante la edad dorada del sistema que salió después de 1945 se entendía que ese compromiso con la verdad está garantizado por la existencia de empresas periodísticas sólidas, cada una con su visión de la realidad, pero la caída de las barreras de entrada al mercado de la información con el nacimiento de Internet, ha desbordado ese planteamiento. La mentira, incluso, ha encontrado su propio espacio político en algunos partidos que sin contrastar la veracidad de lo que publican determinados medios amplifican el infundio con todo tipo de iniciativas parlamentarias. Probablemente, porque desde la llegada del primer Trump, aunque quien inició el camino fue Berlusconi, se ha polinizado una determinada forma de hacer política: el fin justifica los medios.

Hoy, no todo lo que parece un medio de comunicación lo es, lo que ha favorecido la proliferación de espacios ajenos a la profesión periodística que aprovechan la ausencia de regulación, sobre todo en países como España, que no es una democracia militante. Es decir, constitucionalmente los poderes públicos, al contrario que en Alemania, no están obligados a defender la democracia.

No es de extrañar, por eso, que haya preocupación en Europa, lo que ha obligado a legislar al parlamento. Lo dejó escrito con lucidez Harari: "La información no es la verdad. La mayor parte de la información es ficción, fantasía y engaño. La verdad es costosa; es necesario investigar, reunir pruebas; es necesario invertir tiempo, esfuerzo y dinero para producir la verdad. Y la verdad suele ser dolorosa, por lo que es un subconjunto muy pequeño de la información". Precisamente por eso, si no se profesionaliza la información, la sociedad se irá empobreciendo y al final los malos ganarán.