La política a granel de Feijóo

Que dice el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que el plan de regularización de inmigrantes que ha presentado el Gobierno supone una legalización "a granel". Lo han dicho así y, al hacerlo, incumple el primer mandamiento de humanidad que tenemos que aplicarnos todos al referirnos a la inmigración: no olvidar que estamos hablando de seres humanos. No son mercancía, no son plagas, no son invasores; sólo personas que, en su inmensa mayoría, han tomado la misma decisión que, con seguridad, adoptaríamos cada uno de nosotros: intentar salir de la miseria, el hambre y el horror para buscar una vida mejor en Europa. Que levante la mano quien no procure una vida digna en la que, al menos, tener derecho a un techo y a un plato de comida.

Si se nos olvida este principio elemental, si contemplamos la inmigración como un abuso o, peor, como hordas de delincuentes de la más baja estofa, estamos cayendo en lo más bajo de la humanidad. Pero algunos se ciegan tanto en su odio que hasta reniegan de su propia religión y, como el disparatado presidente de los Estados Unidos, empiezan a ver al Papa, tanto a León XIV como antes a Francisco, como un peligro por repetir las palabras de Jesucristo: "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí". A ver qué dicen, y cómo actúan, cuando a principios de junio el Papa visite España y vaya a Canarias a señalar, directamente, el drama de la inmigración como un problema cristiano.

A menudo, cuando se invocan estos principios cristianos al hablar de inmigración, se suscita una especie de suspiro de desprecio en aquellos que consideran el fenómeno como una amenaza o una invasión. "¡Ya estamos con el buenismo!", suelen exclamar. Y no, no se trata de buenismo, sino de principios, principios fundamentales de humanidad que, por supuesto, no son incompatibles con la seguridad en las fronteras y la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal. Todo ello, sin dejar de tener presente que los movimientos migratorios forman parte de esta época, como nunca antes en la historia.

Ese equilibrio entre humanidad y seguridad en las fronteras no puede ser imposible. Como tampoco es imposible que se combine la necesidad de mano de obra inmigrante que se requiere en toda Europa con la urgencia de acabar con el ‘efecto llamada’ que provoca la demagogia populista de la extrema izquierda. Todo comienza, como se decía al principio, por el respeto y las palabras. Cuando se habla de los inmigrantes como una mercancía a granel, contaminada de delincuentes, ya se está estableciendo un marco mental que sólo conduce al racismo, la antesala del racismo institucional. Se empieza calificando a los inmigrantes como delincuentes y se acaba tratándolos como delincuentes. Y es falso: el mayor porcentaje de delincuencia entre inmigrantes tiene que ver exclusivamente con la marginalidad, exactamente igual que ocurre con algunos barrios periféricos de muchas capitales españolas.

Opinión

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Ocurre, además, que cuando se relaciona la inmigración con la inseguridad de las ciudades, a quien se ataca, fundamentalmente, es a los inmigrantes musulmanes, fundamentalmente marroquíes. Tampoco esto se dice claramente, sino que se desliza subrepticiamente en los discursos incendiarios o en documentos como el pacto suscrito entre el PP y Vox en Extremadura, que quiere convertirse en molde para todos los demás acuerdos de gobierno que suscriban estos partidos. En el apartado dedicado a ‘Inmigración’ de ese documento se comienza señalando, directamente, a los inmigrantes menores, los menas, que son las siglas que la extrema derecha ha convertido ya en un sinónimo de peligrosos delincuentes. Directamente, al hablar de estos centros de menores se destaca la necesidad de impedir que "se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad".

Todo esto se dice, claro, sin acompañarlo de ni una sola cifra o dato que respalde lo que se afirma. Tiene el mismo rigor que los "compromisos de gobierno" que se incluyen en el apartado 7, dedicado a la "Seguridad, Libertad y Prioridad nacional". No parece probable que el texto haya pasado por la supervisión de un solo abogado, no ya de un experto en derecho constitucional. Como se trata de una copia chusca del lema trumpista de ‘América primero’, populares y voxistas quieren implantar en España una política de ‘España primero’. Insistimos en el marco mental que se genera: ‘Los problemas de los españoles se deben a que se privilegia a los inmigrantes’. Nueva falsedad y, por supuesto, sin nada que lo sustente. Pero por encima de todo, es ilegal.

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¿Por qué entonces? Pues por la simple razón de que, como ya tienen demostrado, en el PP existe una inclinación por tragarse cualquier sapo racista con tal de retener un gobierno. No todos los dirigentes del PP son iguales, es verdad, pero cada vez se van sumando más a esta insoportable frivolidad. Hace un año, Feijóo se comprometió a no pactar con Vox y estaba a favor de la regularización de inmigrantes. Este año, ha elaborado un ‘documento marco’ pactar con Vox y, en el primer acuerdo que alcanza, en Extremadura, incumple flagrantemente uno de sus puntos fundamentales: "No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición". Eso sí que es política a granel. O mejor de garrafón.

Olvidan, como se decía antes, el principio fundamental de humanidad y, además, ignoran el detalle esencial de que cuando hablamos de inmigración ilegal, nos estamos refiriendo, en un 91%, a ciudadanos de países sudamericanos que, para entrar en España, ni siquiera necesitan visado. Sólo para cinco países se exige visado (Cuba, Ecuador, Bolivia y República Dominicana), pero no para el resto. Cientos de miles han llegado a Barajas con su billete de turista y, al cabo de los tres meses, se han mantenido en España en situación irregular, encadenando trabajos ‘sin papeles’. Es el caso de una joven nicaragüense, Santos de Rosario, que llegó hace un año a España. Tiene 34 años, venía embarazada y allí dejó a otro hijo, de 19 años. Vive en Sevilla de alquiler, 350 euros al mes, en Los Pajaritos, que suele liderar el ranking del barrio más pobre de España. Sale adelante con ‘trabajos en negro’ porque, como le ha dicho a Diario de Sevilla, "es muy difícil encontrar trabajo sin tener documentos aquí; tenemos que aceptar lo que hay por la necesidad".

Esta mujer está recibiendo ayuda y asesoramiento en una de las parroquias que, junto a Cáritas, atiende a cientos de inmigrantes y evita que, además de todo, caigan en manos de estafadores en la tramitación de los ocho documentos que se les exige para regularizar su situación. "Con la regularización se va a hacer justicia", dice uno de los párrocos. "Es una medida de responsabilidad política, ética y social", añaden en Cáritas. Ahora, que bajen todos esos y les digan que son granel, que no tienen la prioridad nacional.