La regulación de quienes trabajan en España en la clandestinidad requería un plan así, pero con prudencia, con rigor y con discreción; es decir, lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez
Colas en los consulados y embajadas de Madrid para la regularización de migrantes. (Europa Press/Isa Saiz)
Nadie que defienda la necesidad de la inmigración para la prosperidad de un país como España y, por supuesto, nadie que defienda los derechos humanos, actuaría como Pedro Sánchez con su plan de regularización masiva de inmigrantes. Por pudor y por responsabilidad. Por ese motivo, lo que está ocurriendo en España nos obliga a diferenciar entre quienes ayudan a los inmigrantes para su incorporación normalizada al mercado laboral y a la sociedad española, y aquellos a los que sólo les interesa de la inmigración la rentabilidad para sus propósitos políticos. Dicho de otra forma, desde mi punto de vista no existe diferencia alguna entre la extrema derecha, que se refiere a los inmigrantes como una plaga o una invasión, y la extrema izquierda que propaga la imagen de España como un país con fronteras abiertas, sin normas o requisitos, ni siquiera el de contar con un puesto de trabajo aquí. Los dos están fomentando el racismo en la sociedad, y eso sí que es una peligrosa plaga que se extiende entre nosotros.
Para evitar que caigamos en alguna de esas dos degeneraciones, lo primero que debemos admitir es que en España es necesario un plan de regularización de inmigrantes, como ha propuesto el Gobierno. Pero no como lo ha presentado el Gobierno, sino todo lo contrario: prudencia, rigor y discreción. La prudencia necesaria para que cualquier plan de regularización de inmigrantes se intente alejar de la confrontación política, con la búsqueda siempre del mayor consenso posible, propio de los pactos de Estado. El rigor significa que, antes de presentar ningún plan, el Gobierno que lo propone debe determinara cuántas personas va a afectar ese proceso de regularización, incluyendo el impacto posterior que tendrá la reagrupación familiar que, previsiblemente, solicitarán aquellos que dejaron a sus familias en los países de origen para buscar aquí un sustento. Y finalmente, discreción, que supone no propagar a los cuatro vientos que España quiere autorizar un proceso de "regularización masiva" de inmigrantes porque, además de que es falso, se generan expectativas de puertas abiertas que son cheques en blanco para las mafias del tráfico de seres humanos.
Pedro Sánchez, como puede comprobarse, ha hecho todo lo contrario: ni prudencia, ni rigor, ni discreción. Y las consecuencias son inmediatas y todas ellas indeseadas. La falta de rigor, de prudencia y de discreción genera un ‘efecto llamada’ evidentey, de forma paralela, un ‘efecto de alarma’ en la sociedad española, que no sabe muy bien qué está ocurriendo ni si son ciertas las invectivas de aquellos que se refieren a la inmigración como una plaga de langosta que fuera a devastar España. No se trata, además, de ninguna presunción, nada de futuribles porque ya ha ocurrido. En 2018, cuando Pedro Sánchez alcanzó la Moncloa con José Luis Ábalos de defensor de su moción de censura, ya puso en práctica esta política demagógica que hace pasar por ayuda al inmigrante la utilización política del inmigrante. Sucedió con el barco Aquarius, como recordarán muchos.
El buque Aquarius había rescatado a 630 inmigrantes en alta mar y lo que ocurrió después es que ni Italia ni Malta le permitieron que arribara a sus puertos. El presidente Sánchez, que estaba recién llegado al cargo, declaró Valencia como "puerto seguro" para los inmigrantes y preparó la acogida del Aquarius con el ceremonial de las grandes ocasiones: banderolas, pancartas y palmas. Frente a la indecisión o el rechazo del resto de Europa, el presidente de España se convirtió en el único con sensibilidad para evitar que ese buque permaneciera a la deriva en el Mediterráneo. Lo que ocurrió después, a partir de esa acogida festiva de eslóganes y vítores, es que pasaron los años y la inmensa mayoría de los inmigrantes del Aquarius seguía sin documentación. Hace cuatro años, desde el quinto aniversario, ya no se publican reportajes sobre el destino final de los inmigrantes del Aquarius. Lo que podemos temernos, en definitiva, es que con el plan de regularización de inmigrantes vaya a ocurrir lo mismo, pero multiplicado por los cientos de miles a los que se espera regularizar o, mejor, a los que se ha prometido regularizar antes incluso de que el Consejo de Estado le haya puesto graves reparos al texto del plan de regularización.
Cuando se habla de un ‘efecto alarma’, incluso cuando nos referimos a que la improvisación y la incertidumbre son una de las formas de fomentar el racismo en la sociedad, tiene que ver con algo tan elemental como el número de personas que se va a beneficiar de la regularización de inmigrantes ilegales que ya residen en España. Cuando se anunció la medida, en enero pasado, la cifra que se ofreció fue la de 840.000 personas, por el cálculo que había realizado Funcas. Decía el informe: "El número de inmigrantes en situación irregular en España ha aumentado de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025. El 91% son de nacionalidad americana: destacan la colombiana, con cerca de 290.000, la peruana, casi 110.000, y la hondureña, unos 90.000".
Esta semana, cuando el Gobierno ha aprobado su plan -que no pasará por el Congreso de los Diputados- la versión oficial ha cifrado en medio millón el número de regularizados, "250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que están en situación irregular". Sin embargo, en febrero pasado, se conoció un informe de la Policía, del departamento de Extranjería y Fronteras, en el que se aseguraba que los beneficiarios directos estarán en torno a 1.250.000 personas. Esta misma semana, los sindicatos policiales han añadido una cifra más: calculan que el número final de inmigrantes regularizados estará en torno a los dos millones.
En resumen, ¿alguien sabe cuántos inmigrantes podrán beneficiarse? ¿Acaso dispone España de recursos para tramitar una regularización masiva en pocos meses? El pasado martes, en una nueva ‘carta a la ciudadanía’, porque Pedro Sánchez tiene esa deriva populista de querer dirigirse directamente a los ciudadanos y prescindir del Congreso, avanzó desde Pekín la aprobación de este plan de regularización: "Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español". En realidad, lo que debió decir es que se siente orgulloso de llamarse Pedro Sánchez, de ser Pedro Sánchez, de vivir en el mundo de Pedro Sánchez. Los inmigrantes y España ya vemos que son otra cosa.
Nadie que defienda la necesidad de la inmigración para la prosperidad de un país como España y, por supuesto, nadie que defienda los derechos humanos, actuaría como Pedro Sánchez con su plan de regularización masiva de inmigrantes. Por pudor y por responsabilidad. Por ese motivo, lo que está ocurriendo en España nos obliga a diferenciar entre quienes ayudan a los inmigrantes para su incorporación normalizada al mercado laboral y a la sociedad española, y aquellos a los que sólo les interesa de la inmigración la rentabilidad para sus propósitos políticos. Dicho de otra forma, desde mi punto de vista no existe diferencia alguna entre la extrema derecha, que se refiere a los inmigrantes como una plaga o una invasión, y la extrema izquierda que propaga la imagen de España como un país con fronteras abiertas, sin normas o requisitos, ni siquiera el de contar con un puesto de trabajo aquí. Los dos están fomentando el racismo en la sociedad, y eso sí que es una peligrosa plaga que se extiende entre nosotros.